Alejandro Núñez

L os antecedentes preliminares de la auditoria externa a la Municipalidad de Copiapó fueron entregados por la empresa Deloitte al Concejo Comunal. La investigación que tiene analizado el periodo entre el 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2016 cuestionó a la unidad de control de la entidad y detalló variadas fallas o faltas de documentación.

El estudio emitido el 6 de octubre la empresa indicó que "visualizamos un bajo nivel de confianza sobre el control interno de la Ilustre Municipalidad de Copiapó, ya que no se identifica un modelo o sistema de control interno integrado, confiable, administrado y conocido".

Entre las conclusiones expuestas a las autoridades comunales se comentó que hay hechos económicos que no se encuentran contabilizados, duplicados o están mal clasificados. Por ejemplo hay egresos de dinero de Tesorería que no han sido registrados por el área contable, cuentas corrientes informadas por el banco, pero no registradas en la contabilidad, entre otros.

A lo anterior se suma diferencias o descuadraturas entre auxiliares y libros oficiales. Acá de hallaron incongruencias acumuladas al cierre de cada año 2013, 2014, 2015 y 2016 entre los registros contables versus lo informado en Tesorería.

Además, cuentas corrientes con discrepancias acumuladas entre saldo informado por el área de Tesorería y Finanzas, diferencias en valores registrados en libro de remuneraciones, en las sumas de haberes, entre otros.

Otro de los puntos que arrojó la investigación preliminar fue el incumplimiento a la ley N°19.886 sobre compras públicas y su reglamento. Acá se ejemplifica que hay licitaciones adjudicadas sin certificados de disponibilidad presupuestaria aprobada, adjudicaciones que no cuentan con bases aprobadas por las autoridades municipales, tratos directos que no cumplen el procedimiento establecido por la normativa legal vigente, licitaciones que no cuentan con un contrato suscrito, otros detalles.

En el cambio de administración municipal, el actual alcalde Marcos López criticó la situación de los contratos a honorario. La auditoría externa detectó la ausencia de libro de honorarios para el control de estos.

La investigación en general lleva cerca del 60% y se espera que los próximos meses pueda exponer nuevamente ante el concejo el informe final municipal.

Concejo Municipal

El concejal Mario Bordoli (RN) catalogó la información recibida como "demasiada pobre" y está a la espera del informe final. "Por lo menos aparentemente la plata nadie se la ha robado. Lo que si hubo más que todo un desorden administrativo y contable", resaltó.

Bordoli recalcó que "cuando las cosas no se hacen bien terminan así. La auditoría nos va decir en el corto plazo qué es lo que realmente ocurrió, cuánto es lo que falta y si efectivamente se habla de tantos millones como dice el alcalde".

En tanto la concejala Rosa Ahumada (PC) sentenció que "viene a reflejar lo que siempre denuncie yo en los últimos cuatro años". La autoridad reconoció que espera que se descubran más cosas con lo que resta de la investigación.

Ahumada afirmó que "con esto se da cuenta que no toda la información llegaba a la Unidad de Control y menos a nosotros". Además criticó que el análisis se hizo solamente a cuatro años de gestión y debió hacerse por ocho años.

Para el concejal Miguel Carvajal (PS) la información expuesta "no era cosas muy desconocidas para nosotros porque de alguna manera reclamamos como era la administración anterior y entendíamos que nos íbamos encontrar con sorpresas de este tipo".

Por su parte, la concejala Paloma Fernández ( IND) destacó el punto que "a la empresa auditora le haya costado tanto acceder a la información y que haya gastos no estén definidos para qué se realizaron".

A su vez, el concejal Wilson Chinga (PC) sostuvo que el tema es complicado para los administradores y se cometieron muchos errores. "Si se comprobase todos estos resultados nos encontraríamos de algo que raya lo delictual y por lo tanto como concejal debería hacerme parte de una acción judicial", sentenció.

Ex Alcalde

El ex alcalde Maglio Cicardini respondió ante el informe de la auditoría que "no sé la validez de este, porque puede obviamente estar inducido". El ex edil afirmó que hay funcionarios municipales que lo han llamado para indicarle que le han solicitado información "obligándolos a decir cosas que no corresponden a la verdad y que no se quieren meter para no perder la pega".

"Yo hoy en el municipio soy una persona no grata y nadie me quiere defender o entregar alguna documentación que me pueda favorecer a mí pensando en que la nueva autoridad puede decir que es Cicardinista y nadie se quiere meter", analizó Cicardini.

La ex autoridad sinceró que "yo lo he dicho en todos los tonos. Están tratando enlodar mi gestión y yo creo que va ser de forma permanente. Esto no se va terminar muy pronto". Además puntualizó que en los órganos fiscalizadores correspondientes tendrá la oportunidad de defenderse.

Alcalde

El alcalde Marcos López valoró la auditoría porque tiene por objeto detectar dónde se cometieron algunos ilícitos y detectar las fallas de los procesos administrativos. Además resaltó que el proceso no ha sido fácil porque "gran parte de la documentación no se encontró".

En cuanto a las presiones indicadas por Cicardini, López catalogó las palabras como una "alucinación". "Yo creo que el Concejo Municipal tiene la seriedad suficiente y también la empresa porque tiene prestigio. No amerita más comentarios", finalizó.

7 mil millones de pesos ha sido cuantificada por el actual alcalde Marcos López, las deudas de la municipalidad.

1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2016 es el periodo de investigación de la auditoría a la Municipalidad de Copiapó.

Más de 60 habitantes del sector de Flamenco en Chañaral se reunieron con las diputados Yasna Provoste y Daniella Cicardini a quienes le plantearon a través de su presidenta de la junta de vecinos, Nilsa Guzmán su preocupación con respecto a las demandas interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado y un eminente desalojo del lugar.

Al respecto Cicardini señaló que hace bastantes meses se vienen generando un problema en Flamenco en donde ahora entró en un proceso judicial debido a un requerimiento de Bienes Nacionales y que comenzó con un plan de normalización del borde.

La autoridad añadió que en el procedimiento de diálogo propiamente tal no se llegó a buenos resultados y se quebró la mesa de negociación por la simple razón que se encontraba injusto tener un contrato de arriendo el cual no daba garantía y que era cada cinco años renovable en donde al momento del fallecimiento del propietario o arrendador no se garantizaba que quedará este terreno en descendencia para sus hijos.

"Lamentablemente la incertidumbre que eso genera y más aún cuando los valores son realmente exorbitantes a la realidad de la gente de Atacama y es eso porque no se entiende como en otras ocasiones el Gobierno ha entregado concesiones completamente gratuita y ahora comenzó con estas demandas judiciales", dijo Cicardini.

Por su parte, Provoste indicó que la presencia de los diputados de la región en el balneario es porque existe una causa común y esa es "buscar justicia para la gente que vive en este balneario ya que muchos los que hoy están aquí por más de cincuenta años tuvieron que venir a estos lugares porque se quedaron sin playa en Chañaral después de permitir que bajaran los relaves directamente desde El Salvador".

La autoridad enfatizó que "el Ministerio de Bienes Nacionales haya requerido al Consejo de Defensa del Estado para que se haga cargo y parte de este proceso nos llama la atención precisamente que haya sido esta comunidad la que ha alzado la voz frente al tranque de relave y la ampliación de la empresa minera Mantos Cooper".