Carolina Collins

De "engaño" y "falta de compromiso" acusaron desde la oposición al Gobierno, luego de que decidiera no reajustar los recursos destinados a la Ley de Inclusión en la ley de Presupuesto.

El llamado aporte por gratuidad es el dinero que se paga desde el año pasado a los colegios particulares subvencionados que se transformaron en gratuitos a raíz de la Ley de Inclusión, siempre que cumplieran con el requisito de ser sin fines de lucro, gratuitos y que contaran con alumnos prioritarios dentro de sus aulas.

Según la ley, ese aporte debía reajustarse, y si en 2016 era de casi $6 mil mensuales por cada alumno, en 2017 debía subir a $8 mil y en 2018 a unos $10 mil. Sin embargo, ese incremento no fue considerado en el Presupuesto.

Lo anterior generó incertidumbre entre los sostenedores de los colegios subvencionados, que acusaron falta de claridad por parte del Gobierno.

Parlamentarios de Chile Vamos y de la Nueva Mayoría, amenazaron con rechazarla glosa presupuestaria que se espera que la ministra de Educación, Adriana Delpiano, exponga el próximo lunes en el Congreso.

El diputado DC Mario Venegas, dijo que "no podría aprobar una situación a la que yo concurrí ante el conjunto de los sostenedores que reciben estos recursos", respecto al reajuste.

"Hoy día ya son afectados del orden de un millón 700 mil alumnos, y el próximo año se incorporarían 900 mil más, de tal manera que superamos los dos millones y medio de estudiantes que recibirían menos recursos", agregó.

"El Gobierno engañó a los diputados, engañó a los senadores y a los ciudadanos. Los colegios que se transformaron en gratuitos lo hicieron sabiendo este cronograma de gastos, y el Gobierno les mintió y los engañó", dijo integrante de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, Jaime Bellolio (UDI).

Recursos a salud

La ministra de Educación aseguró que la decisión de no aumentar los recursos se adoptó debido a que debieron destinarse a otras áreas, principalmente Salud.

"Esto no es un engaño, es enfrentar una situación compleja del punto de vista financiero (...) Y esto básicamente está destinado a temas de Salud. Son recursos generales de la Nación, pero la explicación del ministro de Hacienda es que esto tiene que ver con aportes a Salud que habían quedado desfinanciados y algún aporte para Obras Públicas", dijo Delpiano, que agregó que ese aporte "se estaría difiriendo un año y no más que eso".

Un debate en torno al control del acceso a armas abrió ayer el candidato presidencial independiente José Antonio Kast (ex UDI), quien en un foro organizado por las radios Concierto, Futuro, Rock&Pop y ADN, advirtió a los "delincuentes": "No se metan conmigo ni con mi familia. Si entran a mi casa, yo voy a disparar".

Tal como ya lo había dicho antes, el diputado defendió su postura a favor de la tenencia de armas por parte de civiles para defensa personal. "Hay que reformar la ley para darle facilidades a la persona que tiene un arma, para poder entrenarse y usarla, y si alguien quiere comprar una, que alguien le ayude a entender cómo funciona", dijo ayer al respecto.

Y se puso en un caso hipotético: "Si entra un delincuente y yo tengo un revólver, a robar, a matar o violar a mis hijas, le voy a disparar. Sé usar mi arma (…) Es un desincentivo para que los delincuentes sigan operando a libre descampado".

Al ser consultado respecto de qué haría en caso de que la persona que ingresara a su casa fuera un menor de edad, Kast respondió preguntándose "¿Cómo distinguir cuando entra un encapuchado, si ese menor de edad va a violar a mi hija, qué haría? Entra armado o con un cuchillo y uno ve que pone el cuchillo contra mi señora, y tú tienes el revolver, ¿lo usas o no? La van a violar igual (…) Cuando entra a mi casa alguien a las 2 de la mañana, perdónenme, le disparo".

Llamado a la moderación

Ante esto, la presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, llamó al presidenciable a ser "cuidadoso" con este tipo de declaraciones.

"Hoy día tenemos una ley vigente en nuestro país y si uno tiene un arma en el hogar tiene que estar debidamente inscrita. Y si está debidamente inscrita y alguien ingresa al hogar y uno hace uso de esa arma, es legítima defensa", dijo y agregó que "el tener un sistema de compra de armas como el que existe en Estados Unidos creo que es de riesgo".

Un mensaje similar de moderación manifestó la ministra secretaria general de Gobierno, Paula Narváez, quien señaló que "frente a este tema hay que ser tremendamente responsables, prudentes y cuidadosos y dejar en manos de la institucionalidad todo lo que se refiere al manejo responsable de las armas".