Plan piloto de regularización de tomas costeras terminó judicializado
CONFLICTO. El domingo en la noche, habitantes de Flamenco protestaron quemando neumáticos en la ruta C-5 en contra de las demandas interpuestas por el CDE contra 111 personas del sector.
El kilómetro 940 de la ruta C-5 Norte fue el escenario para una manifestación de vecinos de la toma costera Flamenco, quienes quemaron neumáticos durante la noche del domingo en la carretera, en rechazo a la demanda que en este minuto se encuentra cursando el Consejo de Defensa del Estado, organismo que asesora al Ministerio de Bienes Nacionales, en contra de 111 personas como parte del proceso de regularización impulsado por el Gobierno.
La manifestación, impidió el tránsito para los vehículos que se encontraban en la zona a esas horas de la noche, lo que ameritó que contingente policial y personal de Bomberos acudieran al lugar para apagar el fuego que iluminó el camino durante la madrugada.
"La gente está preocupada por las demandas interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado y por un posible desalojo; y cansada por la falta de preocupación de las autoridades de manera de poder llegar a una sana solución a la problemática que está afectando a un centenar de vecinos, que pernoctamos por años en este lugar, por lo que todo eso, lo que está pasando, es producto de la falta de diálogo de las autoridades con los interesados", señaló la presidenta de la junta de vecinos de Flamenco, Nilsa Guzmán y que daba ciertas luces de lo que ocurría en el lugar.
La raíz
A principio del 2017, el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet inició el plan de regularización de las tomas costeras, que por años se han emplazado en la comuna de Caldera y Chañaral; el plan consistía en extender contratos de arriendos a la toma que sería el plan piloto -Flamenco-, acuerdos extendidos por macro lotes (terrenos que son divididos en áreas más pequeñas donde se emplazan las casas), que debían ser firmados por los moradores. Estos consistían en una concesión por cinco años, donde los habitantes pagaban al Estado una suma de arriendo, la que también era retroactiva -hasta cinco años-, el contrato tenía por finalidad reconocer la legalidad del asentamiento y comenzar el proceso de regularización habitacional, es decir extender alumbrado público, pavimentación; entre otras cosas. Al menos esa era la idea.
Esto porque un grupo de los habitantes de Flamenco, se mostró disconforme, puesto que el acuerdo no terminaba en la venta de los terrenos, sino que a los cinco años, el Estado seguía siendo el dueño del macro lote. Por lo que de los 16 sectores incluidos en el plan piloto, solo uno acordó aceptar el proceso de regularización.
El fin
El pasado viernes al mediodía el Consejo Regional de Atacama se reunió en la Comisión de Ordenamiento Territorial y Planificación a la que fue invitada la intendenta, Alexandra Núñez; la seremi de Bienes Nacionales, Marcela Cepeda; y el seremi de Gobierno, Cristián Cortés para discutir el futuro de Flamenco. La máxima autoridad regional fue acompañada por su jefa de gabinete, Mónica Marín; y la secretaria regional por sus asesores y expertos en la situación de las tomas costeras y su regularización.
Pese a que urgía discutir el curso de la demanda que está llevando adelante el CDE, que se encuentra representando a Bienes Nacionales; la discusión tomó otro rumbo. Esto porque los cores oficialistas del consejo acusaron una politización del tema, y apuntaron directamente a los cores opositores de haber inducido a la gente a no firmar los contratos, aludiendo que en un próximo gobierno de derecha, se regularizaría de otra forma y con la venta directa de los terrenos a los pobladores.
Esto pasa -dijo un consejero oficialista en la comisión- cuando se politizan las cosas, la derecha dijo que no firmaran los contratos y ahora esto está judicializado.
Sobre esta acusación, la intendenta solo comentó que "el mal uso de las herramientas políticas por parte de alguno o de todos los candidatos, a todos los cargos, obviamente siempre le preocupa al Gobierno; porque va a instalar desinformación, falsas expectativas y finalmente, termina truncando los sueños de nuestros habitantes". En tanto, sobre la situación que derivó en la toma de la carretera el domingo por parte de habitantes de Flamenco, la autoridad regional comentó que "si los ciudadanos deciden no tomar las soluciones que podemos dar, no podemos hacer nada más, pero sí tenemos que cumplir la ley, y en eso también vamos a ser súper estrictos". De esta forma no se cierra la ventana a un eventual desalojo del sector.
Por su parte, la seremi de Bienes Nacionales, Marcela Cepeda, al salir de la reunión del Core dijo que esta situación se habría desencadenado por un mal asesoramiento recibido por los vecinos.
"Lamentablemente este grupo de personas en Flamenco no quisieron adherir a la firma de los contratos; nosotros entendemos que por un mal asesoramiento que ellos recibieron, pero también en definitiva, la comunidad que ponemos de ejemplo o más bien el lote que ponemos de ejemplo, se puede con nosotros avanzar en la regularización, la urbanización y la posible venta de ese macro lote", comentó la secretaria regional.
Asimismo el representante del Gobierno, Cristián Cortés, descartó que con esta judicialización el proceso de regularización haya fallado. De hecho comentó que era algo que habían previsto.
"Esto es un proceso normal dentro del marco del proyecto, no se espera llegar siempre a un proceso de judicialización, pero es parte del mismo proceso. Aquí lo importante es hacer el llamado a los candidatos a no politizar y a no llevar a falsas expectativas a las comunidades", dijo el seremi. Asimismo agregó que este proceso ha llevado a falsas afirmaciones. "Aquí se han dicho cosas que no se pueden hacer, vender directamente no se puede hacer", sentenció la autoridad.
Rol del Core
Con esta situación, es poco el espacio de acción del Core para intentar resolverla. De hecho ellos mismos reconocieron que una vez judicializado, la mesa regional quedará al margen del problema.
Ante la situación el presidente del Core, Francisco Madero, indicó que esto hacer rato se transformó en un tema político.
"Está de manifiesto, porque anda un candidato de ese sector político (derecha) ofreciendo ofertones, que si el próximo Presidente es de ese sector, ellos le van a vender los terrenos y eso es falso, porque en Chile no existe ley para llevar adelante el efecto venta de terrenos a particulares".
Crítica
El presidente de la comisión a cargo de la regularización de las tomas costeras, Fernando Ghiglino (RN), rechazó las críticas de sus pares y de las autoridades gubernamentales e indicó que su sector no tiene que hacer ningún "mea culpa" por la situación.
"Ellos se arrogan el derecho de propietarios de los bienes del Estado, cuando ellos son solamente los administradores; y para eso hay que saber administrarlo y administrarlo bien", disparó el core RN directamente en contra de la gestión de la seremi Cepeda. Ghiglino agregó que no es la solución "obligar ni amenazar a la gente, como lo están haciendo ahora, a un contrato que a la gente no le gusta".
El consejero indicó que le habría gustado que la decisión de demandar, hubiese sido tomada luego de que la Contraloría entregase sus conclusiones sobre el contrato de arriendo; el que fue mandado a la instancia hace un par de meses para ser revisado.
El candidato
Durante la discusión del viernes, fueron varios los nombres que salieron a la palestra; nombres de quienes hoy son candidatos a distintas instancias de representación. Fue el caso del ex intendente y ahora candidato al Senado de Chile Vamos, Rafael Prohens; quien fue criticado por el supuesto "asesoramiento" entregado a los vecinos. De hecho habría sido producto de esta ayudar, que los habitantes de Flamenco desistieron firmar el contrato impulsado por el Gobierno.
No obstante, Prohens acusó que es la misma situación que se habría dado cuando se intentó desalojar la toma en playa Los Patos, siendo él intendente de Atacama. Donde varios parlamentarios, hoy en ejercicio, dijeron a la población que "cuando ellos fueran gobierno", Sebastián Piñera se encontraba en el poder; iban a regularizar la situación.
Sobre el problema que afecta a las 111 personas de Flamenco, la ex autoridad regional indicó que ellos habían llegado a una solución con estas personas, que consistía en la venta del los terrenos, comandadas por la ex ministra de Bienes Nacionales, Catalina Parot; pero con el cambio de gobierno, "fue la actual seremi con el gobierno actual no llevaron a cabo el proceso de venta, por lo tanto eso se paralizó tanto para Flamenco como para Barranquilla. Así que no nos vengan a echar la culpa a nosotros de algo que ellos paralizaron".
Futuro
Por el momento, al menos según lo indicado por la intendenta, Alexandra Núñez, la ley se cumplirá; lo que implicaría el desalojo en cierto punto de la tramitación. Esto mientras el plan, al menos de la Seremi de Bienes Nacionales, es continuar con el proceso de regularización de las tomas costeras en Chañaral y Caldera.
Esto mientras desde la Seremi indicaron que estarán a la espera de confirmación de fecha de una nueva visita de la ministra de la cartera, Nivia Palma, quien vendrá a entregar nuevas concesiones a municipios y organizaciones productivas.
"Lamentablemente este grupo de personas en Flamenco no quisieron adherir a la firma de los contratos; nosotros entendemos que por un mal asesoramiento"
Marcela Cepeda, Seremi Bienes Nacionales"
"Esto es un proceso normal dentro del marco del proyecto, no se espera llegar siempre a un proceso de judicialización, pero es parte del mismo proceso"
Cristián Cortés, Seremi de Gobierno"
"Obligar ni amenazar a la gente, como lo están haciendo ahora, a un contrato que a la gente no le gusta"
Fernando Ghiglino, Presidente comisión, Planificación y Urbanización"
"No nos vengan a echar la culpa a nosotros de algo que ellos paralizaron"
Rafael Prohens, Candidato al Senado RN
111 personas conforman la comunidad de Flamenco, solo uno de éstos firmó el contrato de arriendo impulsado por el Gobierno de la Presidenta Bachelet.