El lunes en la tarde el directorio de la Empresa Concesionaria de Servicios Sanitarios (Econssa), se reunió una vez más para discutir el proceso de licitación para la construcción de la planta desaladora de agua de mar, comprometida por el Gobierno en 2015, para la región de Atacama. Proyecto por el que el Estado destinó cien millones de dólares y que debería estar operativo el primer semestre de 2020. Esto para subsanar de alguna manera la escasez hídrica en las comunas de Caldera, Tierra Amarilla, Copiapó y Chañaral.

De hecho, ese día fue la última vez que el directorio discutió el tema, puesto que ya con las ofertas realizadas por los interesados -cinco consorcios- ya analizadas sobre la mesa, los miembros y representantes de la estatal tomaron una decisión.

Finalmente fue el consorcio español- chileno, Inima-CVV Copiapó, conformado en 65% por la empresa española GS Inima Enviroment S.A. y en 35% por la empresa chilena, Claro Vicuña Valenzuela S.A; el que se adjudicó el contrato Engineering, Procurement and Construction (EPC) -que en su traducción literal significa Ingeniería, Adquisiciones, Gestión de Construcción- para la construcción de la primera etapa de la planta desaladora.

"El proyecto es una de las mayores obras financiadas por el Gobierno en la región de Atacama y que comenzará a materializarse en el segundo periodo de la Presidenta Michelle Bachelet", manifestó la intendenta Alexandra Núñez.

Quien agregó que esta inversión "nos permitirá garantizar el suministro de agua potable de calidad, para el 70% de la población de Atacama, frente a la escasez hídrica que por años afecta a la región".

Asimismo, el gerente general de Econssa, Patricio Herrera valoró la participación de empresas y consorcios internacionales en el proceso de licitación.

"Estamos muy satisfechos con el proceso, porque participaron empresas de nivel internacional, expertas y con ofertas muy competitivas", dijo Herrera.

En tanto el gerente general de Claro Vicuña, Roberto Verastegui indicó que la selección de su oferta lo ven como un gesto de confianza al trabajo que han realizado.

"Para Claro Vicuña es un orgullo haber sido escogido junto a su socio GS Inima Environment para materializar esta emblemática obra para la región de Atacama, y es una señal de la confianza que hemos construido en nuestros 60 años de trayectoria", manifestó el ejecutivo de la empresa chilena miembro del consorcio ahora a cargo de la construcción. Verastegui agregó que "con la construcción de la planta desalinizadora continuaremos aportando al desarrollo de las regiones, del país y especialmente mejorando la calidad de vida de las personas".

El proyecto

"Estamos frente a una de las iniciativas más relevantes para la región de Atacama, no solo porque se trata de la mayor inversión proyectada en la zona, con todos los beneficios que conlleva para el dinamismo de la economía local; sino porque esta planta va a garantizar el suministro de agua potable en un sector que ya no cuenta con acuíferos naturales para el autoabastecimiento", detalló el ejecutivo de Econssa.

El proyecto, que tendrá un costo -en esta fase- de 72,61 millones de dólares, contempla la extracción de agua de mar y su desalinización en una planta de osmosis inversa, que se emplazará en el sector de Punta Zorro, en la comuna de Caldera.

Esta primera etapa contempla que al 2020 se produzcan 450 litros por segundo de agua desalada, aunque el proyecto total, que contempla tres etapas, busca producir mil 200 l/s.

Se estima que a partir del inicio de construcción de la primera fase, se demore al menos 12 años en concretar el 100% de las distintas etapas, según la información expuesta en el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).

Construcción

El consorcio Inima-CVV tendrá un plazo de 27 meses para materializar el proyecto. Así detalló Herrera, quien comentó que el consorcio "dispondrá de tres meses para preparar el inicio de las obras y de dos años para la construcción de la planta, la que debiera estar operando, a más tardar, a principios del año 2020".

Además, el gerente general de Econssa, comentó que las bases del proceso de licitación comprometió a la empresa que se adjudicara el proyecto -Inima-CVV- a contratar mano de obra local. Además de que se faculta a Econssa para pedir, una vez terminadas las obras, que sea el consorcio el que opere la planta por un periodo de dos años. "Lo que hemos hecho con estas bases es transparentar la responsabilidad total de quien diseña y construye y la mejor forma de hacerlo es entregándoles la operación de la planta al constructor, por un periodo que nos garantice su buen funcionamiento en el largo plazo", aseguró Patricio Herrera.

Empleo

Según lo detallado en el Estudio de Impacto Ambiental, presentado ante el SEA por Econssa, en la fase de construcción se podrían convocar hasta 301 personas, y en la fase de operación a 20 personas.

En el mismo informe presentado ante la instancia de evaluación se detalló que el proyecto no tiene un periodo de vida útil, puesto que se contempla que sea una solución permanente.

Asimismo, se considera el recambio de equipos e instalaciones a medida que éstos vayan alcanzando su tiempo de vida.

Suministro eléctrico

Pese a que este proceso de licitación está cerrado y se espera que en los próximos 45 días se concreten hitos como la firma del contrato; aún queda el proceso de adjudicación que definirá a la compañía que entregará el suministro eléctrico para el funcionamiento de la planta.

"El suministro de energía eléctrica, tanto para la planta desaladora como para las estaciones elevadoras de agua potable, se encuentra en proceso de licitación, como cliente libre", explicaron, mediante un comunicado desde Econssa.