Fueron 57 las organizaciones sin fines de lucro de las comunas de Copiapó y Tierra Amarilla y 17 proyectos municipales, las que se adjudicaron más de 495 millones de pesos, entregados por el Gobierno a través del Concurso del Fondo de Desarrollo Regional (FNDR), lo que representa 2% del presupuestos total.

"Pese a los momentos complejos que ha pasado la región, tras las emergencias, los recursos para la comunidad, no han disminuido ningún ápice, porque sabemos la importancia que tienen para el desarrollo de sus organizaciones", dijo la intendenta de Atacama, Alexandra Núñez. Quien agregó que "quisiera agradecer a todas las organizaciones territoriales y funcionales, y de todo tipo, que siempre están actualizadas con los requerimientos de su entorno y la comunidad donde habitan, y que son muy importantes para nuestro Gobierno, en términos de colocar recursos donde tengan pertinencia con los sueños y esperanzas de nuestra población, en aras de mejorar la calidad de vida".

Entre las organizaciones beneficiadas se encuentra el Jardín Infantil Las Campanitas de Copiapó, la coordinadora del proyecto de educación emocional, Bernardita Guerra, expresó "para nosotros ha sido un gran aporte el participar de los proyectos de seguridad ciudadana, porque nos ha contribuido a mejorar las conductas de difícil abordaje de niños y niñas, trabajar con toda la comunidad e instalar la educación emocional como una herramienta válida para mejorar el bienestar y aprendizaje de nuestros niños".

Por su parte, Manuel Palta, Presidente del Club Deportivo de Tierra Amarilla, manifestó "la entrega de estos fondos nos parece muy bien, porque los que tenemos más de 50 años y hemos sido dirigentes, sabemos que antiguamente costaba mucho obtener recursos, hoy en día el Estado gracias a Dios nos aporta, independiente del color político que tenga el Gobierno en curso, y eso nos sirve mucho; en especial para la formación de nuevos deportistas".

El alcalde de Tierra Amarilla, Mario Morales, anunció la recuperación de la Plaza de Armas Balmaceda que se encuentra dañada por los aluviones.

El edil dijo que las mejoras se realizarán a corto plazo y que el municipio espera obtener recursos para una recuperación definitiva a través de un proyecto.

"Efectivamente, hoy la plaza Balmaceda no está en condiciones estructurales, los daños que tuvo después de los aluviones son cuantiosos y pudieron ser solucionados inmediatamente después de la acción de la naturaleza, lamentablemente no hubo el interés ni la voluntad para hacerlo antes, pero junto a un gran equipo en el Concejo Municipal vamos a ir paulatinamente dando arreglos a este espacio público", dijo Morales.

Agregó que "creo que es importante empezar a trabajar con muchas ganas dándole otra cara a nuestra plaza donde se concentran casi el 70% de las actividades del año".

Constanza R. Álvarez

El pasado 17 de agosto el senador RN, Baldo Prokurica, ingresó en la Corte de Apelaciones de Copiapó un recurso de protección en contra del Ministerio del Interior, la intendenta de la región de Atacama, Alexandra Núñez y el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy; además de la Seremi del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo de la región, convocando al secretario regional, Rodrigo Ocaranza. Esto, alegando que ambas entidades habrían cometido discriminación a la hora de entregar los beneficios a las personas que resultaron damnificadas tras el aluvión de mayo. El recurso fue declarado admisible y ambas entidades, en este caso la Subsecretaría del Interior y el Minvu, fueron oficiados a contestar a la Corte.

En el intertanto del proceso judicial, el Consejo de Defensa del Estado asumió la representación tanto del Minvu de Atacama, como de la intendencia. Situación que Prokurica valoró diciendo que "creo que le han tomado peso a un recurso de protección que yo creo que es un recurso bien presentado".

"Lo que estamos pidiendo es la igualdad ante la ley, no estamos pidiendo ni mas, ni menos, solo estamos diciendo que si se va a entregar un beneficio que este se entregue de acuerdo al daño que tuvieron cada una de las personas", dijo el senador. Esto luego de la polémica por las familias que se quedaron sin ayuda económica de parte del Gobierno, primero por la falta de presupuesto, ya que solo se aprobaron 645 millones de pesos para la entrega de bono, que se llamó "Ayuda Económica de Habitabilidad". Monto que fue sacado del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Y segundo, por lo que acusó el senador Prokurica en la presentación de su recurso, "por haber realizado actos u omisiones arbitrarias", en relación a la entrega de este beneficio.

Protocolo

Consultada la Seremi de Vivienda y Urbanismo, indicaron que la presencia y representación del CDE es parte del protocolo del caso.

"Hay servicios públicos que tienen en su orgánica representación judicial y entonces ellos pueden defenderse con sus propios equipos jurídicos (...) pero hay otros servicios como el nuestro que no tienen esa representación judicial, es decir nosotros por nuestra estructura orgánica no tenemos la facultad de comparecer ante tribunales", dijo el abogado del servicio, Pablo Pizarro. Asimismo agregó que "es por eso que nosotros le pedimos esta intervención al Consejo".

Respuesta a oficios

La Subsecretaría del interior respondió a los requerimientos de la Corte de Apelaciones de Copiapó, e indicó mediante un informe expuesto ante el tribunal de alzada que "se realizó con absoluto y estricto apego a la legalidad vigente y no ha existido en su actuar ilegalidad ni arbitrariedad alguna". Asimismo solicitó que se rechace el recurso interpuesto por Prokurica "en todas su partes, con costas". Es decir, de fallar a favor de los ministerios, sería el senador quien debe asumir los costos de la acción judicial.

Análisis

Dentro del informe presentado el pasado 15 de septiembre, la Subsecretaría apela a que el recurso presentado por el parlamentario no sería "jurídicamente concebible" ya que, según lo evidenciado, hay participación de otros organismos y de la propia ciudadanía.

"En este tipo de determinaciones deben lidiar con necesidades permanentes en otras áreas que también resultan afectadas por las catástrofes como las de salud, educacionales o de seguridad social, e incluso lidiar con el resto de catástrofes que afectan a nuestro país", indicó a la Corte la Subsecretaría del Interior.

Además no solo la Subsecretaría pidió que se rechazara el recurso, también lo hizo la Intendencia de Atacama, que cree que, según lo presentado ante el tribunal el pasado 15 de septiembre; entre las razones que se deberían tomar en cuenta para el rechazo de la solicitud, explican, está "la extemporaneidad del mismo, la falta de legitimación activa del recurrente (senador Prokurica)".

Números

En el documento, sustentado en los número que dejó el aluvión de mayo, se indica que la emergencia en total tuvo u costo para el Gobierno de cuatro mil 911 millones de pesos y fracción. Y que de esa cantidad, dos mil 576 millones ya han sido ejecutados y que dos mil 335 millones se encuentran en fase de aprobación.

Sobre la forma de entregar los beneficios a los damnificados, se indicó que el proceso, realizado por el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, fue mediante la ficha FIBE y Ficha N°2 respectivamente. Ambos cuestionarios permitieron la elaboración del listado de personas beneficiadas.

Plazos

En tanto el procedimiento sigue su curso legal, por lo que no hay un plazo definido para que ambas partes conozcan la resolución que la Corte de Apelaciones de Copiapó tendrá para este caso.

"Creo que le han tomado peso a un recurso de protección que yo creo que es un recurso bien presentado"

Baldo Prokurica, Senador RN"

"Se realizó con absoluto y estricto apego a la legalidad vigente y no ha existido en su actuar ilegalidad ni arbitrariedad alguna"

Subsecretaría del Interior"

millones costó la emergencia de mayo pasado, segú lo indicado por la Subsecretaría del Interior a la Corte de Apelaciones. $4.911