El ministro de Economía, Luis Céspedes, intentó ayer cerrar la polémica al interior del Gobierno tras al rechazo del Comité de Ministros al proyecto Dominga. Mientras el subsecretario de Hacienda, Alejandro Micco, lamentó el miércoles que se hayan tomado decisiones "apresuradas", Céspedes defendió la institucionalidad ambiental del país y dijo que se puede compatibilizar crecimiento con sustentabilidad.

El secretario de Estado, que cuestionó el procedimiento del Comité de Ministros al negarse a votar el proyecto por la premura con que se citó la reunión, manifestó ayer que "nosotros hemos sido muy claros respecto de la importancia, el rol fundamental que tiene la inversión en el crecimiento".

La institucionalidad

Según Céspedes, "creo que como país hemos construido una institucionalidad que lo que permite, y busca hacer, es compatibilizar un crecimiento sostenido con un resguardo adecuado de las condiciones medioambientales".

Luego de participar de la premiación de "PwC Chile Innovación 2017", el titular de Economía argumentó que "nosotros contamos con una institucionalidad que lo que hace es precisamente buscar esa compatibilización".

En cuanto al rol del Comité de Ministros en el proyecto, Céspedes recalcó que "ya me referí a ese punto", y añadió que la posición del Gobierno respecto de la institucionalidad "se plasma en las distintas instituciones y comisiones que nosotros hemos presentado".

Críticas de hacienda

Las palabras de Céspedes llegaron a un día de que el subsecretario de Hacienda, Alejandro Micco (DC), tomara distancia y criticara públicamente lo resuelto por los ministros.

"Creo que no nos hemos tomado el tiempo necesario, y lamento que se hayan tomado algunas decisiones en forma apresurada", comentó la autoridad sobre este proyecto.

El presidente de la Sofofa, Bernardo Larraín Matte, se sumó esta semana a los cuestionamientos a la decisión del Comité de Ministros y afirmó que "rechazar un proyecto con una inversión de US$ 2.500 millones por consideraciones más bien políticas que técnicas, me parece una situación muy compleja".

Los bancos, los casinos de juego y las emisoras u operadoras de tarjetas fueron las actividades económicas que más reportaron operaciones sospechosas de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo (LA/FT) a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) durante el primer semestre de 2017.

Así lo muestra el informe de la UAF que da cuenta de los antecedentes de los primeros seis meses del año. Ahí se señala que de los 1.569 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) recibidos entre enero y junio, 455 fueron emitidos por los bancos (29,0% del total), 367 por los casinos de juego (23,39%) y 173 por las emisoras u operadoras de tarjetas de crédito, tarjetas de pago con provisión de fondos, o cualquier otro sistema similar a esos medios de pago (11,03%).

De acuerdo a los datos, 145 ROS fueron enviados por las empresas de transferencia de dinero, 98 por las administradoras de fondos de pensiones (AFP), 87 por los corredores de bolsas de valores, 52 por las casas de cambio y 51 por los notarios. Las instituciones públicas, por su parte, que desde febrero de 2015 están obligadas a reportar a la UAF las operaciones sospechosas que detecten en el ejercicio de sus funciones, remitieron 29 ROS en el primer semestre de 2017.

La UAF, que no puede iniciar investigaciones de oficio, requiere los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) para análisis de datos y , ante señales indiciarias de LA/FT, envía informes de inteligencia al Ministerio Público.

En el primer semestre, la UAF detectó señales indiciarias de LA/FT en 82 ROS: 36 de ellas corresponden a operaciones sospechosas informadas por los casinos de juego, 27 por los bancos, 10 por las empresas de transferencia de dinero, 3 por las aseguradoras de fondos de pensiones (AFP), 3 por las instituciones públicas, 2 por las administradoras generales de fondos y 1 por una empresa de arrendamiento financiero (leasing).