En una suspensión condicional del procedimiento terminó una causa de violencia intrafamiliar, donde el imputado era un funcionario de carabineros.

Según los antecedentes, el episodio de violencia intrafamiliar ocurrió el 1 de julio de este año, ya que supuestamente él agredió a quien era entonces su pareja.

El carabinero fue formalizado por lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar y en esa audiencia el tribunal dispuso como medidas cautelares la obligación del imputado de retirarse del hogar que mantenía en común con la víctima, asimismo el no acercarse a ella, a su casa o a su lugar de trabajo.

Luego de casi un mes, el Ministerio Público ofreció al imputado la salida alternativa de suspensión condicional del procedimiento por el plazo de un año, ya que cuenta con irreprochable conducta anterior, es decir no tenía antecedentes penales.

El tribunal aprobó la salida alternativa y decretó como suspensión condicional del procedimiento, fijar domicilio e informar a la Fiscalía cualquier cambio del mismo. Además, la asistencia obligatoria a tratamiento psicológico, por el plazo de 6 meses, el cual será homologado por el tratamiento que ya se encuentra realizando por la Institución de Carabineros de Chile. Por ello debe acreditar esta condición en un plazo de 3 meses, a fin de llevar un control de que ha cumplido con lo requerido en el caso.

Respecto a la denuncia de una presunta negligencia médica realizada por Yerko Larrondo, un trabajador de El Salvador, cuyo hijo falleció días después de nacido en la Clínica San Lorenzo de esta localidad, la directora del recinto médico, Mailovia Carrera, señaló que "no hubo una actuación tardía" del recinto asistencial.

Larrondo explicó que su esposa a las 23 semanas de embarazo se sintió mal, con fuertes contracciones, acudió a la urgencia de la clínica Salvador donde le dijeron que debían apurar el parto, y que no tenían condiciones para realizar una cesárea y mantener al recién nacido en dicho establecimiento, por lo que esperarían su traslado a Santiago, lo que no sucedió porque no encontraban cupos en los hospitales y clínicas en convenio.

Tras el parto natural en el recinto, el pequeño debió ser trasladado al Hospital Regional donde posteriormente murió. Mailovia Carrera, directora de la Clínica San Lorenzo en El Salvador manifestó que "no hubo una actuación tardía en el traslado de la madre y su hijo desde su ingreso al servicio de urgencia. Dada su alta complejidad para su resolución en forma inmediata se iniciaron las gestiones con distintos prestadores para buscar la mejor solución de salud para ambos, evaluando todas las opciones de traslado logrando materializar su traslado al Hospital Regional de Copiapó.

Agregó que "no se trasladaron a Santiago ya que el análisis del caso en conjunto con médicos de otros centros de mayor complejidad en Santiago, concluyó que dada las condiciones del caso representaba un riesgo muy alto para la madre el realizar dicho traslado. Se realizó fue una investigación interna que concluyó que hubo cumplimiento de los protocolos establecidos para este tipo de casos. Adicionalmente se estableció un peritaje externo a otra institución de salud de prestigio nacional".

Redacción

Una mujer que cuidaba a una anciana fue condenada por el Tribunal Oral en lo Penal, luego que se determinó que Ana Doren Valenzuela, mediante engaño, consiguió que una anciana cediera sus derechos hereditarios sobre una vivienda ubicada en calle Chacabuco, pleno centro de la ciudad de Copiapó.

Según lo argumentado por el fiscal Luis Miranda en audiencia, y que fue establecido por la investigación en la que además participó la Brigada de Delitos Económicos de la PDI, el Cesfam Pedro León Gallo y el Senama, la imputada se acercó a la víctima que en 2010 tenía 88 años, solicitando albergue a cambio de hacerse cargo de sus cuidados personales, para luego alejarlos de su entorno y abusar de su deterioro cognitivo y físico.

Pronto concretó el traslado de la mujer afectada hasta una notaría de la ciudad donde la hizo firmar documentos en que cedía los derechos hereditarios de una de las viviendas de su propiedad, no recibiendo la afectada dinero alguno por esos traspasos. Abusando de esta forma la imputada, del patrimonio de la víctima y de su hermano también adulto mayor, tema de real preocupación social y frente al cual la Fiscalía centró su esfuerzo para demostrar el ilícito. "El Juicio Oral por esta causa se extendió por una semana, periodo en que la Fiscalía mediante cada uno de los medios de prueba presentados a los jueces, acreditó que la condenada generó elementos para engañar a la víctima ocasionando que ésta dispusiera erróneamente de su patrimonio", dijo el fiscal.

La cesión de derechos ocurrió el 1 de marzo de 2012 en una notaría, oportunidad en que la imputada logró bajo pretexto de suscribir una escritura de diferente naturaleza, que la abuelita cediera sus derechos hereditarios por la suma de 5 millones de pesos, dinero que nunca fue entregado por la condenada. Quince días después nuevamente la anciana fue llevada a la notaria, para una escritura notarial rectificatoria, que indicaba que el valor de los derechos ascendía a 30 millones de pesos y no cinco millones de pesos, dinero que tampoco fue pagado.

La propiedad está avaluada en más de mil millones de pesos. Ante la situación días después la familia de los abuelos interpusieron la denuncia respectiva, meses después la adulta mayor falleció a los 91 años.

Casamiento

El 16 de abril de 2014, la condenada llevó al hermano de la víctima de más de 80 años hasta la Oficina del Registro Civil de Caldera en donde en una ceremonia civil lo casó con su madre.

Familia

Susana Ralph, sobrina de la víctima, manifestó que "nosotros siempre los íbamos a ver, había alguien que los cuidaba, le cerraron los círculos familiares alrededor de ella".

Agregó que "los fiscales Alexis Rogat y Luis Miranda, se preocuparon del caso. Estoy muy agradecida de ellos, fueron muy comprometidos"

Finalmente indicó que "después de cinco años se logró justicia, mi tía tenía un alzheimer tardío, un nivel de deterioro importante. No podíamos hablar con ella por teléfono, ingresar a la propiedad. Ellos hicieron un procedimiento de manual para estafar a mi tía, aun así se hizo justicia".

La PDI Atacama realizó el lanzamiento de la campaña "No Compres Robado" en la feria libre del sector El Palomar de Copiapó, iniciativa que tiene como objetivo principal generar conocimiento en la población sobre los problemas legales a los que se expone una persona que compra bienes robados.

Asimismo busca desincentivar la compra de bienes robados por parte de la ciudadanía para detener el círculo vicioso de la generación de robos.

Según el subjefe de la Brigada Investigadora de Robos (Biro) Copiapó, comisario Alex Laubscher, esta campaña también busca "educar a la ciudadanía sobre los peligros de comprar robado y promover la generación de denuncias ante robos para perseguir de mejor manera más casos de receptación".

El comprar bienes robados hace partícipe de un ilícito a los compradores al estar el delito de receptación, estipulado en el Código Penal por lo que podría ser formalizado por la Fiscalía y requerido por la Justicia.

"Una persona puede ser formalizada por el delito de receptación en caso de ser sorprendida con objetos robados sobre los cuales no pueda acreditar su procedencia, por lo se debe solicitar la boleta de la compra o guardar un registro con el vendedor del producto", dijo el jefe policial.