El seremi del trabajo Pablo Zenteno, junto al director regional de Sence, Mauricio Hidalgo, realizaron la segunda entrega de subsidios a la retención de trabajadores a empresas que fueron afectadas por los aluviones del 12 y 13 de mayo en la región de Atacama. El programa tiene como objetivo generar acciones para la conservación de la fuente laboral de los trabajadores ya contratados.

La ayuda consiste en la entrega de una bonificación al empleador por un período de hasta 8 meses por cada trabajador contratado con fecha anterior al 15 de mayo de 2017.

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Con esta entrega se completan 430 contratos y 20 empresas beneficiadas, lo que equivale a una inversión pública de $90.816.000 de un total de $700 millones asignados para este fin. En esta oportunidad recibieron empresas del sector agrícola y otros negocios que tuvieron que disminuir su producción, producto de la emergencia vivida.

En esta línea Bruno Delpero representante de Delpero y Cia. Ltda, dedicada al transporte y servicios para la minería, explicó que en su caso tiene 80 trabajadores de los que 57 serán beneficiados. "Este subsidio representa una cercanía entre el mundo público y privado. Es la primera vez que yo obtengo este tipo de subsidio y ayuda a paliar en parte lo que nos está sucediendo", afirmó.

empleabilidad

Por su parte el seremi del Trabajo, Pablo Zenteno señaló que "la entrega de este subsidio a los empleadores a raíz de los acontecimientos ocurridos en el mes de mayo, de alguna manera constituyen un importante aporte para mantener la empleabilidad de los trabajadores y trabajadoras en la región".

A su vez en la misma instancia el director regional de Sence Atacama Mauricio Hidalgo agregó que "hemos logrado entregar los recursos de manera efectiva, hemos actuado con mucha diligencia y los empresarios ya sabían que esta era una gran oportunidad para ellos. Estamos entregando un subsidio que tras cumplir el mes ha llegado a 20 empleadores".

El pasado 6 de julio el concejo municipal aprobó por unanimidad la decisión de no pagar dinero alguno a la empresa contratista Tres Montes, debido a los cuestionamientos que han surgido en torno a su contratación.

Sin embargo, a tan solo una semana de tomada la decisión, los rumores de un traspaso de cerca de $300 millones comenzaron a apoderarse de los pasillos de la municipalidad, trascendidos que se confirmaron en la última versión del concejo municipal, instancia en la que se confirmó el pago por un total de $230 millones.

El pago

De esta manera, el concejal Boris Pérez se hizo cargo de los comentarios que sonaban y realizó la consulta sobre la situación al encargado de finanzas del municipio y alcalde subrogante, Luis Gajardo, quien no titubeó en afirmar la decisión.

Consultado sobre el pago realizado Gajardo declaró que se extendió a través de fondos municipales, apelando al decreto de emergencia que regía en la comuna tras el 13M: "Libera a la administración de saltarse algunos procedimientos administrativos", en este caso la aprobación del concejo.

Respecto a la existencia de la negativa del concejo municipal Gajardo destacó que "los acuerdos que toma el concejo, algunos son vinculantes y otros no. Y este no era vinculante", sentenció.

Cabe destacar que, según se consignó en la propia sesión, Gajardo no se encontraba en sus funciones al momento de autorizar el pago, debido a que una semana antes había solicitado un permiso administrativo y que dicho pago se gestionó a través de Jaime Bahamondes.

En esa línea al término de la jornada y en conversaciones con los concejales el jefe de finanzas dijo que "si yo hubiera estado, no se hubiera pagado".

Reacciones

Sin embargo la decisión no fue para nada bien recibida al interior del ente colegiado, ya que parte de sus miembros catalogaron la medida como una afrenta al organismo.

En esa línea el concejal Domingo Órdenes destacó que esta determinación "llama a que nosotros nuevamente seamos pasados por encima por esta administración municipal. No somos considerados ni tomados en cuenta como autoridad de esta comuna", finalizó.

Sentir similar al expresado por su par Cristóbal Zúñiga quien destacó que "se le ha faltado el respeto a la comunidad de Tierra Amarilla y al honorable concejo (...) nosotros aprobamos un acuerdo de concejo para que no se efectuara ningún pago hasta que se esclareciera la información del contrato".

Votación

Sin embargo, la molestia no terminó ahí, sino que se tradujo en la gota que rebalsó el vaso. Razón que llevó al concejal Boris Pérez a solicitar una votación para remover de su cargo al administrador municipal, Jaime Bahamondes.

Proceso que se tradujo en cuatro votos a favor (Boris Pérez, Cristóbal Zúñiga, Mario Morales y Domingo Órdenes) y dos abstenciones (Patricio Morales y Liliana Cortés). Resultado que deberá revisar la Contraloría, para ratificar la salida de Bahamondes.

No obstante aquello a juicio de Mario Morales "el administrador municipal, a partir de hoy (jueves) deja de ser el administrador municipal".

Por su parte Boris Pérez apuntó que "doy por hecho que hoy día (jueves) el administrador se va, porque fueron cuatro votos a favor y dos abstenciones, entonces eso da por hecho que se aprobó".