Valdés asegura que Codelco no desechó la vía judicial en pugna con la Contraloría
CONFLICTO. La estatal fue cuestionada por el organismo fiscalizador debido a indemnizaciones y contratos.
El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, aclaró ayer que Gobierno no solicitó a Codelco que privilegie la vía administrativa para solucionar la pugna que mantiene con la Contraloría General de la República, desechando así la opción judicial.
"Lo que hicimos como junta de accionistas es decir que apoyamos y vamos apoyar la estrategia de Codelco, y esta incluye la vía administrativa por cierto, pero también la vía judicial si la primera no prospera", dijo el secretario de Estado.
El secretario de Estado destacó que "tiene que quedar bien claro que la vía judicial no se ha descartado".
Decisión del directorio
"Cuando revisamos en la junta la estrategia judicial que ha preparado la empresa, queda claro que la empresa no la puede descartar. Esto al final es una decisión del directorio, no de la junta, pero la obligación del directorio es velar por la compañía", enfatizó el jefe de las finanzas públicas.
Aunque reconoció que el camino administrativo "es más simple al final si es que resulta", Valdés aclaró que "no estamos todavía seguros de que sea posible implementar".
"Evidentemente Codelco es una empresa muy importante, y otras empresas públicas, y tenemos que velar que esas empresas le entreguen valor a todos. Es súper importante que cada uno se mueva en el ámbito de las atribuciones que le corresponde", subrayó.
La junta de accionistas de Codelco -que integran los ministros de Hacienda, Rodrigo Valdés y de Minería, Aurora Williams- fueron informados del estado del conflicto entre ambas entidades.
El conflicto
Los secretarios de Estado y los representantes del directorio de la estatal conocieron los detalles de la pugna, luego de que la Contraloría emitiera informes de auditoría cuestionando, entre otros aspectos, el pago de compensaciones a trabajadores como parte de los planes de retiro -destacando el caso del ex director de la minera, Augusto González, quien recibió sobre $ 500 millones de indemnización- y contratos con partes relacionadas o entidades con las que existiría conflicto de interés.
Luego de la cita si bien la junta reconoció la judicialización "como una vía posible", sus integrantes llamaron al directorio "a continuar colaborando con la búsqueda de una solución administrativa mediante un diálogo constructivo y propositivo, contribuyendo con sus mejores oficios".