La Fiscalía de Atacama mantiene más de 60 investigaciones vigentes en materia de delitos de corrupción denunciados en la región.
Según los datos estadísticos, la cifra corresponde a ingresos de los años 2014 a 2017 y se encuentran en distintas etapas de su proceso indagatorio.
La información indica que entre 2014, 2016 y 2017 se han investigado 35 causas en Copiapó, 15 en Vallenar, 5 en Freirina, 4 en Diego de Almagro, 4 en Caldera y finalmente 9 en Caldera.
Según informó el Ministerio Público, "la legislación abarca una amplia gama de figuras penales que están en el ámbito de lo que se consideran delitos de corrupción y han sido creadas para proteger aquellos bienes jurídicos, como la probidad pública, la correcta administración de justicia, indispensables para el correcto funcionamiento del Estado de Derecho en que se desenvuelve nuestra sociedad y pueden ser cometidos por funcionarios públicos, pero también por particulares".
Así, por ejemplo, dentro de los primeros, está la malversación de caudales públicos, el cohecho y el fraude al fisco y, en cuanto a los segundos, se ubican las falsificaciones y el cohecho activo, conocido popularmente bajo el nombre de coima, entre otros.
"Es preocupación constante de la Fiscalía, perseguir aquellos hechos vinculados al fenómeno de la corrupción continuando con las indagatorias independientemente de las presiones que pudieran surgir por parte de los involucrados, puesto que ello constituye una muestra de transparencia indispensable para consolidar nuestra institucionalidad", indicó el organismo.
Por ello, el fiscal regional de Atacama, Alexis Rogat junto a su equipo directivo, se ha reunido con representes de la Contraloría, del Consejo de Defensa del Estado, jefaturas regionales del SII, Servicio Nacional de Aduana, de la Policía de Investigaciones y Carabineros, con quienes ha analizado la realidad local, buscando generar estrategias de persecución penal contra aquellos hechos constitutivos de delito de corrupción.
Condena
Un ejemplo de corrupción, es el caso ocurrido en el Juzgado de Policía Local de Tierra Amarilla durante el año 2013, debido a que un ex funcionario público interrumpió la tramitación de infracciones de tránsito a cambio del pago de dinero por parte de los conductores a quienes se les cursaron los partes. Les devolvía la licencia a las personas que le cancelaban un dinero que era fijado por él. Víctor Araya Cortés fue condenado a la pena de 541 días de reclusión y la inhabilitación absoluta para cargos públicos por un periodo de 3 años y un día, además de una multa. Debido a que no tenía antecedentes penales fue beneficiado con la remisión condicional de la pena por 541 días, y quedó bajo la observación del Centro de Reinserción Social de Copiapó.
