Constanza R. Álvarez
En el kilómetro 42 de la ruta C-35, exactamente pasado el puente de Hornitos en Tierra Amarilla, cinco familias viven en unos contenedores cedidos por la empresa Caserones. Se trata de cuatro hombres y cuatro mujeres, más tres niños, uno operado hace seis meses del corazón, una pequeña de cuatro años y un menor de un año y medio. Eso porque perdieron todo tras la crecida y desborde del río Copiapó el pasado 12 de mayo.
"Hoy cumplimos 28 días, llevamos como 20 días en el sector de acá porque estuvimos siete días en la carretera, durmiendo en carpas", contó Teresa Chacanas, quien vive hace seis años en el sector. Agregó que durante los siguientes cinco días de la lluvia anterior, toda la ayuda que recibieron fue por parte de "gente que iba pasando por la carretera".
Hasta que el día 18 de mayo la empresa Caserones anunció que iban a ayudarlos con la entrega -en comodato- de tres contenedores para ser utilizados como habitación y uno como bodega, eso sí debían ser devueltos en un mes, es decir el próximo 18 de junio.
La presencia de la minera fue fundamental, ya que según los mismos vecinos afectados, el Gobierno Regional no les ha prestado ayuda ni se ha acercado a dialogar con alguna solución.
"¿Con quién vamos a conversar? Si del gobierno (...) nadie se ha acercado. Hizo acto de presencia en el sentido de sacarse fotos, al día siguiente de que pasó esto (13 de mayo), se presentaron y preguntaron '¿qué sucedió aquí?' y fue lo único, hasta el día de hoy no se presentaron más", aseguró Chacanas.
Esa situación es desmentida desde la secretaría regional de Gobierno, donde el seremi, Jorge hidalgo, designado como coordinador de Tierra Amarilla luego de las lluvias y emergencia de mayo, indicó que fueron a prestar ayuda, pero esta fue rechazada.
"En el sector de Hornitos pudimos llegar un par de días después del frente de mal tiempo (...) llevamos alimentación, agua y otras cosas que son parte de la ayuda humanitaria que estábamos repartiendo en la comuna. Efectivamente las familias, que se encontraban en ese momento viviendo en carpas al borde de la carretera, no quisieron recibir la ayuda del Gobierno", explicó Hidalgo.
Futuro
Silvia Cortés, a quien solo le quedó una pared del baño y la tina de su casa tras el desborde del río, aseguró que hasta el momento el plan para luego del 18 de junio, cuando tengan que devolver los contenedores, es esperar.
"Estamos esperando que los dueños de los terrenos (donde están ubicados actualmente) cedan los terrenos, para que Caserones -teniendo los terrenos- nos puedan instalar las cabañas", dijo la mujer.
Lo cierto es que el sitio donde están ubicados actualmente los contenedores, y donde buscan instalar 5 cabañas que la empresa Caserones donará a estos afectados, según lo indicados tanto por los vecinos como por la empresa, pertenecen a privados.
"Nosotros los trasladamos a unos terrenos que hay al frente de donde ellos habitaban, que son propiedad privada. (...) Efectivamente estamos haciendo una solicitud, hemos conversado con algunos de los dueños del bien común -porque son varios (siete en total)- y simultáneamente estamos construyendo unas pequeñas cabañas que esperamos entregarles a ellos en tanto se resuelve el problema de los terrenos", indicó el gerente de Relaciones Comunitarias de Caserones, Jaime Andrade. Quien agregó que "nosotros no podemos comprometer los terrenos, cuando son privados".
Consultado por la posibilidad de extender el plazo de préstamos de los contenedores, debido a que quedan nueve días para que se cumpla la fecha límite, Andrade indicó que "lo ideal es que no fuese necesario, pero naturalmente que si los tiempos no nos permiten, obviamente va a haber que extenderlos".
Respecto de los terrenos, el gerente descartó la posibilidad de que la minera los comprara. Asimismo indicó que ellos esperan que los actuales dueños puedan "extender algún tipo de figura como comodato o donación que permitiera usarlos".
En tanto el seremi de Gobierno, Jorge Hidalgo, indicó que en los próximos días irían nuevamente al lugar.
"Iremos a conversar nuevamente con ellos para saber cuál es su molestia, porque nosotros estuvimos ahí ofreciendo ayuda y tratando de generar con ellos un trabajo y ellos de plano lo rechazaron", explicó. Continuó añadiendo que "nosotros no podemos obligar a que ellos reciban la ayuda humanitaria o que se trasladaran en ese momento a otro lugar".
Consultado por esta situación que el reveló, la de comunidades rechazando ayuda de parte del gobierno, éste indicó que "es única".
personas viven actualmente en los tres contenedores: cuatro hombres, cuatro mujeres, tres niños de 12, 4 y un año y medio. 11