Dirigentes del Sindicato de Tripulantes del puerto de Caldera sostuvieron una reunión para denunciar a los armadores, dueños de embarcaciones de pesca del puerto del Caldera, en relación a descuentos salariales unilaterales, arbitrarios y sin documentos en contra de los operadores de los navíos pesqueros; esto con diputados del Partido Comunista.

El presidente del Sindicato de Tripulantes del puerto de Caldera, Víctor Pereira, indicó que el empleador mediante amenazas y de manera arbitraria realizó descuentos a los sueldos de los trabajadores sin dar ningún tipo de explicación, razón que derivó en una movilización que ya se extiende por 42 días en la región de Atacama, sin ningún tipo de solución posible al conflicto hasta el momento según señaló.

"Vamos a intentar a ser contribuyentes a que las partes logren un acuerdo al menos parcial, que amerite la reactivación laboral de los trabajadores y que este reconocimiento sea en base a la dignidad y a la justicia social de ellos", indicó el diputado Lautaro Carmona.

El dirigente Víctor Pareira aseguró que "vamos a denunciar en la Comisión Pesca de la Cámara de Diputados estos hechos arbitrarios e ilegales que están cometiendo los empleadores hacia los tripulantes, ya que nuestra faena representa una fuente trabajo que se traduce en el 80% de la fuerza laboral del puerto de Caldera". Agregó que buscarán citar al ministro de Economía y al director de Servicio de Impuestos Internos "para dar una salida a la brevedad a este conflicto que nos aqueja".

El dirigente Víctor Pereira manifestó que existe la mayor voluntad de los trabajadores portuarios de solucionar este conflicto a la brevedad pero que no descartan la radicalización de la movilización en caso de que la contraparte no manifieste su intención clara de dialogar sobre esta problemática.

El Segundo Diálogo Participativo sobre Primera Infancia se realizó en la comuna de Caldera ayer y al que asistieron centros de padres, apoderados, organizaciones públicas y de educación superior, que pudieron abordar temas relacionados al reconocimiento de niños como sujetos de derecho.

En el Centro Cultural de la Universidad de Atacama también los asistentes conversaron sobre como la comunidad avanza respeto y comprensión a los derechos de los niños.

"Es importante que la comunidad participe, para que de esa forma conocer lo que piensan y que se hagan parte en las políticas de participación ciudadana, ya que son las instancias donde podemos tener un feedback con respecto a la educación parvularia que estamos entregando como institución y además saber lo que quieren de ella", dijo la directora regional (S) de la Junta Nacional de Jardines Infantiles e Infancia en Atacama, Maritza Williamson.

El próximo diálogo ciudadano participativo se desarrollará el 22 de junio del presente año en la comuna de Diego de Almagro, donde toda la comunidad podrá participar.

Constanza R. Álvarez

En el kilómetro 42 de la ruta C-35, exactamente pasado el puente de Hornitos en Tierra Amarilla, cinco familias viven en unos contenedores cedidos por la empresa Caserones. Se trata de cuatro hombres y cuatro mujeres, más tres niños, uno operado hace seis meses del corazón, una pequeña de cuatro años y un menor de un año y medio. Eso porque perdieron todo tras la crecida y desborde del río Copiapó el pasado 12 de mayo.

"Hoy cumplimos 28 días, llevamos como 20 días en el sector de acá porque estuvimos siete días en la carretera, durmiendo en carpas", contó Teresa Chacanas, quien vive hace seis años en el sector. Agregó que durante los siguientes cinco días de la lluvia anterior, toda la ayuda que recibieron fue por parte de "gente que iba pasando por la carretera".

Hasta que el día 18 de mayo la empresa Caserones anunció que iban a ayudarlos con la entrega -en comodato- de tres contenedores para ser utilizados como habitación y uno como bodega, eso sí debían ser devueltos en un mes, es decir el próximo 18 de junio.

La presencia de la minera fue fundamental, ya que según los mismos vecinos afectados, el Gobierno Regional no les ha prestado ayuda ni se ha acercado a dialogar con alguna solución.

"¿Con quién vamos a conversar? Si del gobierno (...) nadie se ha acercado. Hizo acto de presencia en el sentido de sacarse fotos, al día siguiente de que pasó esto (13 de mayo), se presentaron y preguntaron '¿qué sucedió aquí?' y fue lo único, hasta el día de hoy no se presentaron más", aseguró Chacanas.

Esa situación es desmentida desde la secretaría regional de Gobierno, donde el seremi, Jorge hidalgo, designado como coordinador de Tierra Amarilla luego de las lluvias y emergencia de mayo, indicó que fueron a prestar ayuda, pero esta fue rechazada.

"En el sector de Hornitos pudimos llegar un par de días después del frente de mal tiempo (...) llevamos alimentación, agua y otras cosas que son parte de la ayuda humanitaria que estábamos repartiendo en la comuna. Efectivamente las familias, que se encontraban en ese momento viviendo en carpas al borde de la carretera, no quisieron recibir la ayuda del Gobierno", explicó Hidalgo.

Futuro

Silvia Cortés, a quien solo le quedó una pared del baño y la tina de su casa tras el desborde del río, aseguró que hasta el momento el plan para luego del 18 de junio, cuando tengan que devolver los contenedores, es esperar.

"Estamos esperando que los dueños de los terrenos (donde están ubicados actualmente) cedan los terrenos, para que Caserones -teniendo los terrenos- nos puedan instalar las cabañas", dijo la mujer.

Lo cierto es que el sitio donde están ubicados actualmente los contenedores, y donde buscan instalar 5 cabañas que la empresa Caserones donará a estos afectados, según lo indicados tanto por los vecinos como por la empresa, pertenecen a privados.

"Nosotros los trasladamos a unos terrenos que hay al frente de donde ellos habitaban, que son propiedad privada. (...) Efectivamente estamos haciendo una solicitud, hemos conversado con algunos de los dueños del bien común -porque son varios (siete en total)- y simultáneamente estamos construyendo unas pequeñas cabañas que esperamos entregarles a ellos en tanto se resuelve el problema de los terrenos", indicó el gerente de Relaciones Comunitarias de Caserones, Jaime Andrade. Quien agregó que "nosotros no podemos comprometer los terrenos, cuando son privados".

Consultado por la posibilidad de extender el plazo de préstamos de los contenedores, debido a que quedan nueve días para que se cumpla la fecha límite, Andrade indicó que "lo ideal es que no fuese necesario, pero naturalmente que si los tiempos no nos permiten, obviamente va a haber que extenderlos".

Respecto de los terrenos, el gerente descartó la posibilidad de que la minera los comprara. Asimismo indicó que ellos esperan que los actuales dueños puedan "extender algún tipo de figura como comodato o donación que permitiera usarlos".

En tanto el seremi de Gobierno, Jorge Hidalgo, indicó que en los próximos días irían nuevamente al lugar.

"Iremos a conversar nuevamente con ellos para saber cuál es su molestia, porque nosotros estuvimos ahí ofreciendo ayuda y tratando de generar con ellos un trabajo y ellos de plano lo rechazaron", explicó. Continuó añadiendo que "nosotros no podemos obligar a que ellos reciban la ayuda humanitaria o que se trasladaran en ese momento a otro lugar".

Consultado por esta situación que el reveló, la de comunidades rechazando ayuda de parte del gobierno, éste indicó que "es única".

personas viven actualmente en los tres contenedores: cuatro hombres, cuatro mujeres, tres niños de 12, 4 y un año y medio. 11