Pamela Vásquez Fuentes
Un informe de la Contraloría General de la República reveló lo que serían irregularidades al interior del regimiento de Infantería N°23 de Copiapó, situación que investiga el Ministerio Público.
Según el documento publicado en la página web de la Contraloría General de la República, la fiscalización se generó tras a una denuncia anónima que acusó al uso de recursos fiscales para fines particulares.
En uno de los puntos indica que se constató el pago de una factura electrónica "del 30 de octubre de 2013, de Comercial Full Diesel S.A., por un monto de $3.629.819, correspondientes a la mantención de 18 carros de arrastres, sin embargo a la fecha de la presente fiscalización, estas no se han ejecutado en su totalidad, no obstante los trabajos fueron convenidos y pagados".
Otro de los antecedentes que da cuenta el documento es que un particular usaba las dependencias del regimiento "para realizar una actividad comercial y remunerada, la que consistía en el lavado de vehículos particulares de propiedad de los funcionarios del regimiento, lo que conllevó al gasto de electricidad y de agua, con cargo al presupuesto del regimiento".
También se pesquisó la utilización de vehículos para uso personal, ya que "el 20 de septiembre del año pasado se autorizó la salida de un automóvil conducido por un cabo segundo, para realizar el traslado del mayor hacia y desde el aeropuerto Desierto de Atacama, los días 20 de septiembre y 2 de octubre de 2016, el que además fue realizado con fines particulares y junto a su familia", señala el texto.
Asimismo, en el documento aparece detallado que debido al aluvión sufrido en marzo de 2015 en la región de Atacama, resultaron "dañados los accesos de la villa militar en cuestión, razón por la cual se hicieron trabajos en dicho lugar, los que estuvieron a cargo de 3 empresas contratistas. Con el fin de realizar un control de los trabajos y sumado a los diferentes robos acontecidos, menciona que se dispuso el empleo de personal de planta acompañado por dos soldados conscriptos para fiscalizar los diferentes ingresos".
Asimismo, en el informe se indica que un soldado conscripto "desempeñaba funciones de mantenimiento de la piscina del domicilio particular del Comandante del Regimiento, en el periodo de diciembre de 2016, por un lapso de aproximadamente 10 días".
Regimiento
Al ser consultados sobre la investigación, desde la unidad de Comunicaciones y Relaciones Públicas del regimiento, se informó que "se emitió un informe final ante la denuncia presentada a este organismo contralor, la que tuvo como resultado algunas medidas que deben ser subsanadas, en virtud de la fiscalización realizada y particularmente la sustanciación de una investigación que se lleva a efecto por oficiales de otras guarniciones de la División, a fin de dar transparencia y objetividad necesaria y que amerita este procedimiento".
Fiscalía
Al preguntar a la Fiscalía respecto de esta investigación, la vocera de este organismo, Rebeca Varas, informó que "la Contraloría hizo llegar a esta Fiscalía Regional los antecedentes que daban cuenta de hechos que revestirían características de delitos, particularmente de una posible malversación de fondos públicos. De manera que, con aquellos antecedentes, se ha iniciado una investigación y se han decretado las primeras diligencias a fin de esclarecerlos y poder tomar alguna decisión respecto de la persecución de esta causa".
"La Contraloría hizo llegar a esta Fiscalía Regional los antecedentes que daban cuenta de hechos que revestirían características de delitos, particularmente de una posible malversación de fondos".
Rebeca Varas, Vocera de la Fiscalía"
Segundo comandante
La denuncia anónima realizada en la Contraloría General de la República da cuenta que el teniente coronel Carlos Olivares condenado a 841 días de pena remitida por el caso Antuco, está cumpliendo funciones en el regimiento como segundo comandante al mando, una situación cuestionable para el denunciante, sin embargo se desestimó la denuncia, ya que no está obligado a cesar sus funciones.