Un informe de la Contraloría General de la República da cuenta de cuestionamientos a las adquisiciones de servicios de aseo y vigilancia en el Hospital Regional San José del Carmen. Además, revela que había más de cien procesos sumariales en curso y algunos de ellos de larga data.

Respecto a las compras realizadas, estas fueron ejecutadas y pagadas a través de los departamentos de Abastecimiento y de Contabilidad y Finanzas, en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 30 de septiembre de 2016.

Según el documento, habría una falta por parte del recinto a la normativa, ya que "existen tratos directos insuficientemente justificados, emisión de orden de compra posteriores, a la fecha de las respectivas facturas, recepción de los servicios adquiridos con anterioridad a la emisión de las órdenes de compra que los autorizan, publicación extemporánea de documento en el portal web de mercado público y faltas de mecanismos objetivos para la medición de los criterios de evaluación".

Además, hubo tratos directos, con compras que debían tener el trámite de toma de razón por parte de la Contraloría, algo que no sucedió. "Se constataron nuevas adquisiciones consecutivas mediante trato directo de los servicios de aseo y vigilancia, la fragmentación de las mismas, la ausencia de fundamentos para proceder a dicha modalidad de contratación, así como también los montos mensuales convenidos en forma directa, cuyo valor en su conjunto superaron las 5.000 Unidades Tributarias Mensuales, por lo que cabía la obligación de someter dichas compras al trámite de toma de razón".

Debido a ello, la Contraloría realizará "un procedimiento disciplinario para establecer las presuntas responsabilidades administrativas de los funcionarios que participaron en su consecución".

La auditoría señala que respecto a los tratos directos para la compra de servicios de aseo del recinto asistencial, "la dirección del Hospital Regional de Copiapó, deberá en lo sucesivo, ajustarse a las disposiciones legales que regulan la materia, lo que se validará en futuras fiscalizaciones, sin perjuicio de la instrucción del proceso disciplinario que este Organismo Contralor incoará, relacionado con la contratación de los servicios de aseo".

Respecto a la falta de acuciosidad en la supervisión del cumplimiento de los servicios de vigilancia, "ese recinto hospitalario deberá, en lo sucesivo, cotejar, analizar y verificar, los antecedentes que den cuenta de los servicios contratados, materia que será corroborada en futuras visitas inspectivas".

De las observaciones detectadas en la auditoría, existe en un plazo máximo de 60 días para informar de las medidas adoptadas por el recinto asistencial.

Procesos sumariales

La Contraloría General de la República verificó que a noviembre del año pasado, el Hospital Regional de Copiapó mantenía 116 procesos sumariales en curso, 50 de ellos fueron devueltos con las medidas adoptadas para darle término.

El documento da cuenta que "existen 26 casos en que si bien, se evidencia la realización de diligencias indagatorias por parte de sus respectivos fiscales, no se ajustarían a derecho dado que desde la fecha de instrucción de cada uno ha transcurrido el plazo de extinción de la responsabilidad administrativa".

Respecto a 24 procesos sumariales devueltos, "se encuentran en proceso de revisión de regularidad de procedimiento y dictación de la resolución correspondiente en cada caso para sobreseimiento, absolución, aplicación de medidas disciplinarias o reapertura".

Los 66 procedimientos disciplinarios restantes, están en curso y en poder de los fiscales e investigadores. El informe indica que el centro asistencial deberá "instruir un sumario administrativo a los fiscales por la dilación de los procedimientos disciplinarios, en que se ha determinado la extinción de la responsabilidad administrativa" agrega que se deberá disponer a la brevedad, las acciones conducentes para agilizar la tramitación de los procesos disciplinarios.

Diario Atacama se comunicó con el Servicio de Salud de Atacama en reiteradas oportunidades para conocer su versión del caso, pero no recibimos respuesta hasta el cierre de esta edición.

El Tribunal de Familia determinó que Wladimir y Regina, padres con discapacidad cognitiva, tengan la tutela de su hijo y contarán para ello con la ayuda de una tía.

El pequeño luego de su nacimiento, estuvo durante aproximadamente diez días en el Hospital Regional. Los padres acusaron discriminación por parte del recinto, ya que según ellos no los consideraban aptos para cuidar a su bebé.

El 26 de abril, el tribunal ordenó la entrega del menor a los padres, al no existir una medida de protección que se los impidiera.

En una audiencia realizada ayer el Juzgado de Familia determinó que ambos padres tuvieran el cuidado del bebé, además contarán con la ayuda de una tía para ello. Wladimir, padre del menor, manifestó a la salida del tribunal que "nos fue bien gracias a Dios, eso es lo que quería. Vamos a estar con mi tía, estamos contentos porque vamos a vivir con él, más tranquilos. Le doy gracias a quienes me han ayudado. Ahora vamos a celebrar que tenemos a nuestro hijo en nuestras manos. Si me ven en el semáforo, les digo estamos felices porque ya ganamos".

Haydee Fernández, tía que ayudará a ambos padres explicó que "se les dio la tutela a ellos como padres, que ellos pudieran criar y yo voy a estar para apoyarlos para criar al bebé, vivirán en mi casa".

Juan "Palta" Meléndez, fue a visitar a los padres y expresarle su solidaridad. En la instancia declaró que "era una injusticia, le privaron de su paternidad por su condición cognitiva".