Redacción
Los vecinos de los comités de vivienda de Tierra Amarilla que buscan que en los terrenos de La Florida se construyan viviendas, interpusieron una de denuncia en la Fiscalía por una supuesta falsificación de documentos en contra del seremi de Vivienda Urbanismo.
Marcos López, asesor de los vecinos del comité, explicó que están trabajando hace unos dos años en el proyecto habitacional y ante lo que lo que consideraban "arbitrariedades" interpusieron en febrero un recurso de protección en la Corte de Apelaciones, donde Minvu habría presentado papeles adulterados según indicó.
"Habían documentos adulterados fuertemente, ya sea omitiendo conclusiones, sacando y colocando conclusiones totalmente distintas al documento original. Eso ha sido reiterado, con declaraciones donde dicen que salud lo rechazó, lo cual no es cierto. Se han ingresado documentos a la Cámara de Diputados, al Senado, con adulteraciones importantes", sentenció López.
Respecto a los documentos, manifestó que uno de ellos es el que acompañó "el seremi de Vivienda a la Corte de Apelaciones, que es el informe de salud que fue requerido por la Intendencia en su momento, que daba ciertas características del sector de La Florida. Ese documento en particular fue manipulado, fue cortado, se agregaron conclusiones y se cambió totalmente el contexto de la conclusión final que tenía el documento, que es básicamente decir que en esos terrenos se puede construir cumpliendo las mitigaciones que en ese mismo informe están establecidas, no habiendo ninguna limitación de carácter constructivo".
Minvu
Ante este proceso el seremi Minvu, Rodrigo Ocaranza señaló que no existe ningún tipo de falsificación y que con esta denuncia se busca desinformar. "Personalmente, pienso que se trata de una nueva maniobra tendiente a mantener desinformadas a las familias de los comités de vivienda y a la comunidad en general, respecto de las reales causas por las cuales este proyecto inmobiliario no pudo ejecutarse en los terrenos del Fundo la Florida y mantener totalmente en la sombra los intereses económicos que hay detrás".
Agregó que este proyecto "no se ejecutó porque sus titulares realizaron una serie de estrategias para evadir el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y ellos mismos fueron los que desistieron de su ejecución para no arriesgarse a la aplicación de multas millonarias por parte de la Superintendencia del Medio Ambiente, entidad que en el ámbito de su competencia exclusiva, constató la existencia de la infracción por parte de los titulares del proyecto".
Finalmente Ocaranza indicó que "nuestro compromiso es entregar soluciones habitacionales que mejoren integralmente la calidad vida de las personas. Esa es nuestra misión ministerial. Claramente hay otros que tienen una mirada mucho más pequeña y basada en satisfacer intereses personales, sin tener siquiera en consideración la vida y la salud de nuestros habitantes. Es nuestra obligación como Estado de Chile cautelar que las personas vivan en un medio ambiente libre de contaminación. Así lo dispone nuestra Constitución y nosotros asumimos con la responsabilidad que corresponde este dictamen".
