El Juzgado de Garantía de Copiapó condenó al alcalde de Tierra Amarilla, Osvaldo Delgado por el delito de injurias graves con publicidad proferidas en contra del profesor Jorge Castro Gallinato.

El caso se remonta al 8 de marzo de 2016 cuando el alcalde llamó a la radioemisora Candelaria para saludar a las mujeres. Eso en un espacio pagado por la municipalidad con fondos públicos, programa en el que aprovechó la oportunidad para señalar: "(...) le digo a este artista, que me está escuchando hoy día, y a la señora de él, que trabaja en la Escuela Luis Uribe allá en Punta del Cobre, que es… eh… este niño Gallinato, por favor que no escriba cosas en el Facebook, cosas mal infundadas (sic), sí yo lo despedí de la pega… fue por algo, porque él consumía droga allá en el sector de Los Loros y se ha ido caído al vicio (sic) también al alcoholismo", audio que fue prueba en el juicio contra el edil.

En el veredicto, el magistrado consideró que las palabras dichas por Delgado "son idóneas para provocar descrédito, deshonra (…) Le ha imputado una condición de consumidor de drogas y alcoholismo, las que han afectado la fama del señor Castro Gallinato considerando que era profesor de Tierra Amarilla y esas expresiones han sido vertidas en un medio de comunicación social de esa localidad".

Por ello, determinó que "los dichos del acusado no son dichos leves, sino que gravemente perjudiciales a la imagen pública de la víctima".

En tanto la defensa del alcalde no pudo probar que las imputaciones contra Gallinato fueran ciertas. "No se acreditó el consumo de drogas, ninguno de sus testigos dijo haber avistado algún consumo de drogas, ya sea marihuana u otra sustancia. Ningún examen de drogas se le practicó a la víctima en un lapso extenso", detalló el juez y se agregó que "no hubo un procedimiento sumarial, donde el afectado pueda defenderse de la imputación".

Otra de las pruebas consideradas por el tribunal es el decreto que informa del despido o no renovación del contrato emitido por el municipio de Tierra Amarilla a Jorge Castro señala que "su nombramiento vence el 28 de febrero y de requerir sus servicios se le comunicará" y en ningún momento se alude a una situación mencionada en la declaración de Delgado en la radio.

alternativas de pena

El rango de la pena por este delito va desde los 61 días de presidio. El abogado querellante solicita tres años de presidio, "por el agravamiento de la conducta por la utilización de su función pública para cometer este delito" y además porque no cuenta con irreprochable conducta anterior. "Tiene antecedentes como autor de manejo en estado de ebriedad del año 2001 y la otra como coautor de violación de morada y coautor de lesiones leves en 2007", dijo el abogado Patricio Pinto en la audiencia.

En tanto, el abogado defensor Carlo Silva manifestó que existe una colaboración substancial al esclarecimiento de los hechos, ya que reconoció sus expresiones. Además, la defensa pidió una pena de 61 días y la remisión condicional de la pena, pidiendo que no se consideren las anotaciones penales del año 2001 y 2007, por la prescripción de cada una de ellas.

El lunes a las 13.30 horas se conocerá la lectura de sentencia la que analizaría la defensa para interponer un recurso de nulidad.

Fallo "significativo"

El abogado querellante Patricio Pinto, manifestó que "este es un fallo significativo, un ciudadano le ha demostrado y enseñado a la autoridad que los derechos que están en la ley y en la Constitución se respetan. La honra de las persona ha de ser respetada y particularmente por quienes ejercen cargos públicos como el señor Delgado. Se ha hecho justicia, se ha aplicado la ley, hemos probado que el honor de Jorge Castro Gallinato fue mancillado por el señor Delgado".

En tanto, el alcalde Osvaldo Delgado salió del tribunal sin emitir declaración. En la salida del recinto había adherentes, en su mayoría mujeres, que le entregaron su apoyo.

Cincuenta millones de pesos como indemnización deberá pagar el Fisco al hijo de Alonso Lazo Rojas, detenido desaparecido desde el 14 de noviembre de 1975 en Copiapó.

Esto porque el vigésimo Tercer Juzgado Civil de Santiago acogió la demanda presentada por Víctor Lazo Báez por el daño moral que le provocó la desaparición de su padre y cuyo caso fue sentenciado en el aspecto criminal por la Corte Suprema.

La sentencia establece que el delito es un crimen de lesa humanidad, por lo tanto imprescriptible tanto en el aspecto civil como en el aspecto penal de acuerdo a la legislación internacional en materia de derechos humanos.

"El Estado será responsable por los daños que causen los órganos de la administración en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren afectar al funcionario que los hubiere ocasionado", dice el fallo.

El documento agrega que "en efecto, las normas precedentemente citadas son aplicables en la especie, puesto que, como se dijo, los hechos ocurren en un contexto de violencia política practicada por agentes del Estado o civiles que actuaban bajo el amparo del régimen imperante, quienes incurrieron en la práctica sistemática de violaciones a los derechos humanos con el objeto de eliminar a los opositores al régimen militar", se indicó.

Personal de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la PDI de Chañaral detuvo a una mujer de 20 años, por robo en lugar habitado y receptación, ya que tenía en su poder especies robadas desde un domicilio de esa comuna.

Según la investigación policial, la mujer habría escalado al interior de una vivienda desde donde sustrajo diversas especies como un notebook, un celular de alta gama, un disco duro, entre otras; con un avalúo de medio millón de pesos.

Tras la investigación, se pudo establecer la identidad de la imputada, quien tenía en su poder el celular sustraído desde la vivienda, además personal policial constató que tenía unas zapatillas cuya huella correspondía a la misma encontrada en el lugar.