"Reconocemos que se han cometido errores de carácter técnico y nos hacemos cargo de ello, sin embargo eso no justifica el nivel de violencia que se está generando", dijo el gerente general de la empresa Aguas Chañar, Enrique Calcagni. Esto en el marco de una conferencia de prensa a más de una semana de que se produjera la emergencia en Freirina, donde el agua fue contaminada por error con hidrocarburo y a pocos días de que el agua de Copiapó presentara turbiedad.

Esta emergencia movilizó al superintendente de Servicios Sanitarios, Ronaldo Bruna, quien tras mantener una reunión durante la noche del jueves con autoridades del gobierno regional y parlamentarios de la región; concluyó que la empresa tiene problemas en su inversión y gestión.

"Nosotros vemos que hay problemas de inversión y problemas de gestión(...) podemos asegurar que aquí hay déficit de infraestructura", comentó el superintendente de la Siss.

Por su parte el ejecutivo de Aguas Chañar, Enrique Calcagni, consultado por el análisis que hizo el fiscalizador nacional, indicó que "los números lo demuestran, nosotros somos la compañía sanitaria que más invierte por cliente en el país, estamos hablando de una razón entre tres y cinco veces del resto de la industria".

Sanciones

Bruna informó que un proceso de investigación se iniciaría en el tiempo próximo, lo mismo que las sanciones contra la empresa por lo ocurrido en Copiapó. Esta última emergencia podría costarle a la sanitaria una suma millonaria.

"En el caso de Copiapó particularmente, lo que nosotros vemos acá es que la empresa puede arriesgar multas de hasta un millón de dólares", aseguró Bruna.

Consultado el intendente Miguel Vargas sobre si esta cantidad de dinero sería ejemplificadora, la primera autoridad regional respondió que "yo creo que son sanciones ejemplares, creo que no vistas aquí en la región por incumplimiento por parte de una empresa sanitaria".

Sin embargo aseguró que no sería una solución real al conflicto, ya que "uno siempre espera que las empresas mejoren el servicio, pero la evidencia es que esto va empeorando cada vez más".

En la línea de las sanciones monetarias y la posible apelación de la empresa, Enrique Calcagni respondió que "toda administración de la compañía tiene que defender los intereses de la compañía y por lo tanto ante la eventualidad de una notificación de un proceso, nosotros tenemos que recurrir a las instancias que también nos permite válidamente la legislación".

En el congreso

Sin importar bancada ni coalición, tanto diputados como senadores por Atacama se han alineado bajo el alero de la situación que ocurre en la región.

Así es como dentro de los diputados han surgido ideas como las de proyectos de acuerdos -diputado Alberto Robles- y la de nombrar un administrador provisional que se haga cargo de la sanitarias, por la diputada Yasna Provoste.

Sobre el acuerdo, Robles aseguró que lo que él buscará este martes, día en que presentará la idea en la Sala del Congreso, es que la concesión pueda volver al Estado. Para lograr ese cometido fue enfático en que "en este tema deberíamos estar todos unidos, no deberíamos tener voces disonantes en esta materia y yo creo que todos los diputados de la región estamos en lo mismo".

La medida que pidió la diputada Provoste al gobierno, fue la de nombrar de manera provisoria, un administrador estatal para la sanitaria.

"Esta es una concesión del Estado, por lo tanto esperamos que el Estado tome medidas y nombre un administrador provisional en la región de Atacama para hacerse cargo de un servicio básico como lo es el agua potable", aseguró la parlamentaria.

Conversaciones

Tanto la senadora PS, Isabel Allende, como la diputada de la misma bancada, Daniella Cicardini estuvieron en la reunión con el superintendente de la Siss el pasado jueves.

"Me comuniqué con el ministro Undurraga y le dije algo que creo profundamente, nosotros tenemos que dar una señal política clara, nosotros tenemos que caminar hacia el término de esta concesión", aseguró Allende.

Por su parte la diputada Cicardini mantuvo conversaciones con el titular de la Siss y aseguró que ha investigado sobre el tema "a través de oficios". Además de haberse reunido la semana pasada con el superintendente Bruna para analizar el caso.

"Acá hay una negligencia de parte de la empresa. A mí me llamó profundamente la atención cuando la empresa señala que esto ha sido utilizado de forma política, yo no puedo entender. La verdad es que es bastante caradura la empresa para poder decir algo como eso", sentenció la diputada.

El congresista Lautaro Carmona cuestionó la cantidad de años de licencia que le quedan a la empresa y aseguró que "de cortarse la concesión hay que hacerse cargo de indemnizaciones millonarias a una empresa que a la vez no cumple".

Además no está de acuerdo con la posición del superintendente Bruna, respecto a la relación privada entre Aguas Chañar y Econssa.

"Si hace falta que hagamos un recurso de protección masivo de la población de Atacama para judicializar este debate lo vamos a hacer también", indicó el parlamentario.

El senador Prokurica indicó que "son muchas y muy variadas las gestiones que hemos hecho ante la Superintendencia de Servicios Sanitarios, el Sernac en las oportunidades en que el director era el actual intendente y también los ministros de obras públicas de los cuales depende este tema". Agregó que si "Econssa tuviera la voluntad -que aparentemente no la tiene- de terminar este contrato, debiera hacerlo".

Demanda

En el parque Schneider se juntaron firmas durante la tarde de ayer. Acto organizado por la Coordinadora por la Defensa del Agua con el fin de tener un pie para demandar a la sanitaria.

"Queremos lograr un total de 500 firmas que son la primera instancia rápida para ir a poner una demanda en contra de la empresa Aguas Chañar", aseguró el presidente de la asociación, Christian Guzmán. Agregó que "estamos pidiendo que indemnice a la gente de Copiapó, porque queremos que les duela, porque a Aguas Chañar lo único que le interesa es lucrar".

Los concejales del municipio de Copiapó también mostraron su descontento con la situación. De esa forma llegaron al edificio de la Intendencia para hacer entrega de una carta donde se pide que se caduque el contrato con Aguas Chañar a la primera autoridad regional.

La alcaldesa de Caldera, Brunilda González también se hizo presente en la Intendencia y entregó una carta mostrando el descontento de la comuna con la sanitaria.