La Moneda reconoció ayer que existe la posibilidad de que la elección popular de intendentes no se concrete este año, pese a que ha sido un anuncio que ha realizado en varias oportunidades la Presidenta Bachelet.

Consultada por ese supuesto, la ministra secretaria general de Gobierno, Paula Narváez, afirmó que "puede que eso (la elección de intendentes por sufragio popular) no ocurra, es una posibilidad, pero nosotros - como Ejecutivo - habremos hecho todas las gestiones para conseguir el compromiso".

La Moneda logró aprobar y promulgar el año pasado la reforma constitucional que dispone la elección democrática de intendentes, denominados "gobernadores regionales".

Ley en ciernes

Sin embargo, la posibilidad de concretar ese proyecto redunda en que se pueda aprobar una ley orgánica constitucional (LOC) que establezca las causales de inhabilidad, incompatibilidad, subrogación, cesación y vacancia del cargo, como también la transferencia de competencias específicas que acompañarán a estas nuevas autoridades en cada región.

Si bien el Ejecutivo se comprometió a enviar esa ley al Congreso antes del 15 de enero, hasta hoy la propuesta aún está en La Moneda, por lo que ese atraso pone en riesgo la factibilidad de cumplir con los plazos para tener elecciones en noviembre.

Al atraso en la LOC se suma también el atraso en la aprobación de la ley de traspaso de competencias, que define qué nuevas atribuciones tendrá el futuro intendente.

Otra de las dificultades que afecta a la propuesta es la complicación que tendría el Servicio Electoral (Servel) para agregar la elección de intendentes a la presidencial, parlamentaria y de consejeros regionales que están programadas para el próximo 19 de noviembre.

Posible acuerdo

Narváez agregó que el Gobierno sigue trabajando con los partidos de la Nueva Mayoría para buscar "el máximo acuerdo posible" en torno a este proyecto de ley.

"Eso es parte del proceso que significa gobernar, para poder dejar una reforma importante que les permita a las regiones elegir a sus autoridades regionales", añadió la titular de la Segegob. "Es claro el boicot que existe dentro de la Nueva Mayoria contra la elección de intendentes. No todos, pero los suficientes para frenar el proyecto", escribió ayer en su cuenta de Twitter el diputado Vlado Mirosevic.

La figura

De acuerdo al proyecto aprobado en diciembre de 2016, la nueva autoridad será el órgano ejecutivo a nivel local y presidirá el consejo regional.

Su cargo será de elección popular y durará cuatro años en su gestión. Para ser electo, agrega el proyecto aprobado en el Congreso, necesita al menos 40% de los votos válidamente emitidos. La ley incluyó la figura del "delegado presidencial", representante del Ejecutivo a nivel regional.

Pese a que la mesa de la Cámara Baja había declarado el proyecto como inadmisible, ayer el pleno de la Sala respaldó la propuesta de la diputada Camila Vallejo (PC) para reducir la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales. El hecho provocó un nuevo desencuentro en el seno del gabinete de la Presidenta Bachelet.

La propuesta, que según la parlamentaria busca mejorar la calidad de vida de los trabajadores y aumentar la productividad, recibió el público apoyo del ministro del Interior, Mario Fernández, pero la desaprobación de sus pares de Hacienda y Segegob, Rodrigo Valdés y Paula Narváez, respectivamente.

Las posturas

"Este proyecto específico yo no lo apoyo si es que no involucra un cambio paralelo de los salarios, porque lo que no podemos hacer es ponerle más carga a la economía en un momento en que requerimos más empleo", dijo el jefe de las finanzas públicas, Rodrigo Valdés, quien cerró la puerta a la propuesta de Vallejo.

La posición de Valdés fue refrendada más tarde por la ministra secretaria general de Gobierno, Paula Narváez, quien aseveró que "no está dentro de nuestras prioridades este tema (…) Respetamos las atribuciones de los parlamentarios para llevar adelante sus mociones, pero el Ejecutivo en esta iniciativa no ha planteado su patrocinio".

Sin embargo, horas después el ministro del Interior, Mario Fernández, discrepó de Valdés y aseguró que una disminución de la carga laboral "para nada altera sus capacidades competitivas, más aún, la aumentan". "Una persona, si llega a las cinco de la tarde en vez de las ocho o las nueve de la noche a su casa, ciertamente que al día siguiente va a ser mucho más productivo (…) habría que pensar que los países más desarrollados del mundo tienen este tipo de jornadas laborales", añadió el jefe de gabinete.

El detalle

El proyecto presentado por Vallejo a principios de marzo había sido "desahuciado" por parte importante de las bancadas parlamentarias. Sin embargo, ayer, durante la votación, hubo 21 votos a favor de mantener la inadmisibilidad, 41 en contra y 9 abstenciones. La iniciativa pasará a la Comisión de Trabajo.

Punto clave

Uno de los puntos del proyecto es que "bajo ninguna circunstancia" el empleador podrá disminuir la remuneración actual de los trabajadores beneficiados.

La Constitución no permite a los legisladores presentar proyectos de ley que modifiquen sueldos tanto en el ámbito público como el privado. Esta facultad es exclusiva del Ejecutivo. "Siempre se nos dice que nunca la situación está para hacer cambios que beneficien a los trabajadores y creo que lo importante es avanzar en las atribuciones que tenemos como (Poder) Legislativo", festejó la diputada del PC al finalizar la sesión.

"No todos los empleadores son grandes empresarios, también hay pequeños que sin duda podrían verse afectados por esta medida", dijo la diputada Marisol Turres (UDI).

"Este proyecto específico no lo apoyo si es que no involucra un cambio paralelo de los salarios".

Rodrigo Valdés, Ministro de Hacienda"

"Una persona, si llega a las 5 en vez de las 8 o las 9 a su casa, ciertamente que (...) va a ser mucho más productivo".

Mario Fernández, Ministro del Interior"