Los caminos que estancaron el problema de las tomas costeras
CALDERA. El Gobierno ya entregó una solución al conflicto, pero algunas comunidades aclaran que no van a firmar el contrato de arriendo propuesto por las entidades.
El histórico conflicto del Gobierno y municipio de Caldera, con las tomas costeras presentes en la comuna, parecía haber encontrado una solución distinta al instantáneo desalojo. Esto luego de que el Gobierno Regional junto al Ministerio de Bienes Nacionales, representado por la seremi en la región, indicaran que la salida al conflicto era establecer contratos de arriendos con los "ocupantes" de estos terrenos.
No obstante, durante una reunión realizada ayer en el Consejo Regional de Atacama, en donde se constituyó la Comisión de Ordenamiento Territorial y Planificación con la presencia de representantes de la Secretaría Regional del Ministerio de Bienes Nacionales, se dejó entrever que esta solución no ha tenido mucho éxito.
En la ocasión se habló de que se han firmado, hasta el momento, tres contratos de regulación, esto en la toma costera conocida como "Flamencos". Dos de ellos fueron por concepto de arriendo y uno dice relación con una mujer de apellido Labarca, que no es miembro de alguna junta de vecinos, pero que firmó con el fin de establecer un negocio en la zona.
"En estos momentos hay firmados dos contratos por macro lotes y un contrato con una persona para un local comercial", explicó el presidente de la comisión y consejero regional, Fernando Ghiglino (RN). Agregó que esta cantidad de contratos es "la nada misma, el 0,01% de las tomas que hay en el borde costero".
Las condiciones
Este contrato, parte de un Plan de Normalización del Borde Costero, tiene una vigencia de cinco años. Y en ningún caso es renovable, según han expresado autoridades.
Además, si se efectúa el cierre de este acuerdo, Bienes Nacionales reconocerá solo hasta cinco años de antigüedad en el espacio, y en ocasiones puede hacer cobro de una indemnización bajo el alero de una "Regularización indemnizatoria por ocupación previa".
Tuvimos acceso al detalle de un contrato emanado desde esta entidad, el que establece una relación de arrendamientos con una comunidad nacida en una toma costera. En el texto se puede leer que "se deja constancia que la presente resolución no implica renuncia de ningún tipo del Ministerio a la posibilidad de ejercer las acciones legales que correspondieren, ni tampoco para perseguir el pago de una indemnización por todo el tiempo de dicha ocupación ilegal".
En el documento, también se establecen los montos a pagar por dicha comunidad, los que fueron calculados según los antecedentes manejados y que no corresponden a un precio fijado. $3.217.730 es lo que debe pagar el macro lote, por concepto indemnizatorio por haber usado el terreno de manera ilegal durante cinco años.
El monto a indemnizar "se ha determinado en el equivalente del 8% del avalúo fiscal por cada año de ocupación previa", explican en el contrato.
Mientras, por concepto de arriendo esta comunidad deberá pagar la suma de 536 mil 289 pesos. Monto que se divide por cada casa instalada en el terreno. Por ejemplo, si en esta comunidad, la del contrato, hay 25 casas, el monto estimado debe ser dividido por esa cantidad de moradas.
"Tenemos la problemática con Bienes Nacionales, con los valores que está cobrando con los famosos arriendos -en vez de venta- nos está generando la problemática en vez de solucionar los problemas de las tomas del borde costero", aseguró el consejero Ghiglino. Agregó que con este "contrato", además se "endosa problemas a otras instituciones".
La idea Municipal
"Nosotros no estamos por la normalización con erradicación, nosotros estamos por la normalización con radicación en el mismo sitio en donde hoy día se encuentran emplazados", aseguró la alcaldesa de Caldera, Brunilda González.
Para lograr este cometido, el compromiso del municipio es modificar él o los planos reguladores que influyan en el conflicto.
De tomar la opción del arriendo, según González el paso que sigue es "un proceso de regularización, en donde ellos tienen que inscribir alcantarillado, agua potable particular, perfilar calles para el tema de los accesos", entre otras cosas. Estos proyectos de urbanización de los terrenos, que son propiedad del Estado, "los tiene que hacer cada comunidad, no lo hace el municipio", aseguró al edil.
Sí al contrato
"Ya nos prometió ponernos postes solares, con ese mismo dinero que está entrando de las tomas, la señora Brunilda quiere trabajar con las tomas, ir arreglando. La idea es no hacerle gasto al Gobierno", contó Anyeline Torres, habitante de la toma costera de El Morro.
Hace dos semanas -según lo informado por ella- hubo una reunión entre los habitantes de varias comunidades con la alcaldesa de la comuna, junto a los seremis de Bienes Nacionales, Obras Públicas y Minvu. En ella se habló de las condiciones, beneficios y responsabilidades del contrato.
"Vamos a firmar", aseguró Torres. Agregó que según lo que le informaron en la reunión "después de cinco años, tenemos que optar nuevamente al arriendo mientras no esté urbanizado".
Sin embargo, según lo informado por autoridades, el contrato no es con opción a renovación o venta.
Pulpito Alto
"Nosotros el famoso contrato de arriendo, no lo vamos a firmar", aseguró María Paredes, dirigenta de la Agrupación Mirador Puertas del Sol del Pulpito Alto.
Aseguró que no solo esa comunidad no va a firmar, tampoco lo haría la Comunidad Ecológica -que estuvo presente en la reunión de hace dos semanas- y seis comités de la toma Barranquilla. Esto estaría motivado por la poca transparencia del acuerdo según señalaron.
"Por transparencia nosotros solicitamos a Bienes Nacionales el contrato de arriendo y el plan de normalización a lo cual hasta el día de hoy nunca hemos tenido respuesta", aseguró Paredes. Agregó que por las ambigüedades que presenta, "nosotros no aceptaríamos".
Coletazos
"Al arrendar un macro lote le endosa la responsabilidad al municipio", comentó Ghiglino, quien agregó que ésta, ahora tendrá que "cobrar derecho de construcción, va a tener que cobrar las contribuciones, porque si no paga esa gente, pasan a ser inmediatamente morosos", indicó el core Fernando Ghiglino.
Respecto al plan de la alcaldesa de Caldera, Brunilda González, para las tomas costeras, los que incluyen modificaciones en el plano regulador, Ghiglino indicó que "cualquier oferta que haga (González) tiene que ser concordada con lo que pueda realizar el ministerio".
"Entonces hacer una propuesta distinta a lo que está planteando el ministerio, no corresponde. Para mi es una propuesta populista", remató el consejero regional
Este medio intentó tener la versión de seremi de Bienes Nacionales, sin conseguir el contacto con la autoridad hasta el cierre de esta edición.
¿Dónde irán los dineros de los arriendos?
Esa es la gran pregunta que se hacen los miembros de las comunidades que adoptaron el contrato de arriendo y que deben pagar al Ministerio de Bienes Nacionales. Según lo informado desde el Consejo Regional, los dineros que recibe Bienes Nacionales por concepto de rentas o ventas, una parte queda en la región y otra va al pozo por concepto del Fondo Nacional de Desarrollo Regional.
años dura el contrato de arriendo que promueve Bienes Nacionales. Este es sin derecho a compra. 5
$306.920 cuesta el arriendo del terreno analizado en el documento al que este medio tuvo acceso.