Hace poco fue conocido que los parlamentarios en ejercicio pueden ser candidatos a gobernador regional, sin que para ello deban renunciar a su cargo. Eso sólo se haría efectivo en caso de resultar electos.

Como era de esperarse, las críticas ciudadanas y de otros personeros también ligados a la actividad pública, no tardaron.

Y, la verdad, es que esos juicios son bastante razonables. Esta y otras decisiones anteriores, que involucran a diputados y senadores, como sus salarios (uno de los más altos del mundo), o sus distintos privilegios, irritan a la población que observa cómo su clase dirigente, especialmente la congresista, defiende sus prerrogativas sociales, económicas, además de las propias políticas y de poder.

Todas las encuestas muestran que los partidos y el Parlamento sufren un desprestigio enorme, increíble. Veamos: la encuesta de la Universidad Diego Portales dio cuenta que la confianza en los partidos políticos llega al 2,7% de la población y en el Congreso a 4,1%. Se trata de números paupérrimos que la élite chilena conoce, acepta, pero que parece no entender del todo.

La sociedad percibe que se trata de una grupo privilegiado económica y socialmente, con poco sentido común, que no empatiza en absoluto con las dificultades que enfrentan la inmensa mayoría de los compatriotas todos los días.

La posibilidad de que puedan ser gobernadores, sin renunciar a sus cargos parlamentarios, parece lo mismo, ya que siguen percibiendo su dieta, mientras los consejeros regionales, sí deben renunciar, lo mismo que alcaldes o concejales.

No se trata de caer en discursos simplistas, porque los partidos son muy necesarios para evitar los populismos y los congresistas son capitales para una democracia representativa, pero es exigible que ellos respeten la inteligencia de la gente y sean mucho más empáticos. La cantidad de beneficios de las que gozan ya parecen excesivas y eso debe calibrarse y entender que algunas actitudes y potestades deben cambiar. Y es la propia dirigencia la que debe entender ese mensaje.