Con una caja registradora de dinero en sus manos se fugó un grupo de desconocidos que robaron al interior del local comercial llamado "Mi perri" ubicado en calle O'Higgins de la capital regional.

Según información policial el hecho se registró cerca de las 2.30 horas de la madrugada de ayer, cuando los individuos fracturaron la puerta de ingreso peatonal y luego entraron al recinto. Fue así como sacaron la caja registradora de dinero y partieron en dirección desconocida.

El hecho fue informado a Carabineros, cuyo personal de la Segunda Comisaría de la capital regional se constituyó.

El fiscal de turno Guillermo Zárate instruyó la concurrencia de personal especializado del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar), para efectuar las pericias correspondientes.

A la pena de 15 años y un día fue condenado Arturo Ramírez Araya, sujeto que cometió un doble homicidio ocurrido en septiembre del 2014 en la capital regional.

El Tribunal Oral dictó la condena, luego de una audiencia de juicio que se extendió por una semana y en la que intervino el fiscal jefe de Copiapó, Christian González.

Según el representante del Ministerio Público "esta investigación resultó particularmente compleja por el amplio trabajo que debió realizar la Fiscalía para poder establecer la participación de los dos imputados, puesto que no hubo testigos presenciales de las agresiones en contra de los fallecidos. Sí se pudo determinar que las personas investigadas eran habituales visitantes de la casa en que se consumía alcohol".

Antecedentes

González reunió antecedentes que -según dijo- permitieron sustentar la acusación en contra de dos personas imputadas. Agregó que en el caso trabajaron peritos de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones.

Arturo Ramírez Araya -que se encontraba en prisión preventiva por estos hechos- fue sentenciado a la pena de 15 años y 1 día de prisión en la cárcel local, mientras que un segundo imputado fue absuelto de la acusación por los Jueces del Tribunal.

Había sido absuelto

Arturo Ramírez Araya había sido absuelto por ambos delitos, lo que motivó que el Ministerio Público interpusiera un recurso de nulidad en contra de la sentencia dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de la ciudad durante el 2 de agosto del año pasado.

Fue así como en septiembre de 2016 la Corte de Apelaciones acogió la petición, lo que motivó un nuevo juicio oral por jueces no inhabilitados. "Se observa en el fallo (de primera instancia) una serie de conclusiones o interrogantes a que arriban los sentenciadores, que no tienen asidero en la prueba rendida, sino más bien se trata de asertos que tiene como génesis el pensamiento de los jueces o de premisas que impiden llegar a las conclusiones a que finalmente se arriba, no sin antes incurrir en equívocos a la hora de excluir o más bien valorar negativamente los medios de prueba rendidos en la audiencia", argumentó la corte para acoger la petición del ministerio público.