Carolina Collins

La ministra de Educación, Adriana Delpiano, defendió ayer la decisión del Gobierno de eliminar los fondos para el Aporte Fiscal Indirecto (AFI) de la Ley de Presupuesto 2017, que fue aprobada por el Congreso.

Lo anterior provocó que la Universidad Católica anunciara el jueves que presentará una demanda contra el Estado por incumplimiento de la ley que otorga el AFI a las instituciones de educación superior capten a los 27.500 estudiantes con los mejores puntajes en la PSU. El plantel acusa que lo anterior les provoca un perjuicio de $1.700 millones.

Ley aprobada

"El tema concreto es que la ley de Presupuesto es la que fija los montos que se reparten anuales. Esto está en una ley, lo que está reclamando la Universidad Católica hoy está en una ley aprobada por todos los sectores políticos, que es la ley de Presupuesto, es todo lo que puedo decir", comentó al respecto la ministra.

La secretaria de Estado, asimismo, detalló las razones que llevaron al Ejecutivo a eliminar los fondos del AFI, creado en 1981 y que se entrega anualmente a universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica.

"El AFI es un tema que cumplió una función importante de repartir recursos a las instituciones, pero -y eso fue bastante unánime el año pasado, cuando se disminuyó el AFI a la mitad y luego se disminuyó a cero- claramente tiene un efecto regresivo muy importante", expuso según consignó Emol.

"Por la forma en que se considera el cálculo y también porque los mejores puntajes, mientras no haya correcciones muy significativas, corresponden a niveles socioeconómicos y por lo tanto, reciben más las universidades que reciben alumnos con mayores recursos y no es la idea", añadió, a la vez que sostuvo que "no es la idea de la reforma".

Respuesta a la demanda

Asimismo, Delpiano aseguró que no quiere entrar en un cruce de declaraciones con el rector de la UC, Ignacio Sánchez, en la medida que la disputa se judicializó con la demanda.

"Por eso yo no me quiero pronunciar sobre los dimes y diretes, porque en tanto esto está presentado a la justicia (...) la Universidad Católica ha puesto esto en manos de la justicia y desde ese momento nosotros poco tenemos que opinar sobre este punto", dijo la autoridad.

"Nosotros vamos a conocer los detalles de la demanda, hemos estado en conversaciones con la universidad a fines de diciembre, pero consideran que se ha sentido perjudicada en determinados recursos y está haciendo los trámites que la propia ley considera posibles", añadió la ministra.

En una reunión ayer en la Intendencia de La Araucanía, el hijo del matrimonio Luchsinger Mackay entregó una carta dirigida al ministro del Interior, en la que los familiares de las víctimas del incendio fatal ocurrido en 2013, solicitaron que el Gobierno deje de ser parte querellante del caso.

Jorge Luchsinger entregó la misiva en la que los familiares indican que: "no queremos que el Gobierno pase de ser querellante a defensor, según le parezca en su momento a la autoridad de turno", según consignó Soy Temuco.

Esto luego de que el abogado de la Intendencia, Alexandro Álvarez, interviniera el jueves en la audiencia en la que la Corte de Apelaciones de Temuco acogiera modificar la medida cautelar de la prisión preventiva de la machi Francisca Linconao, por el arresto domiciliario total.

Álvarez, alegó a favor del recurso de amparo presentado por la defensa de Linconao, argumentando que su libertad no afecta el debido proceso.

"No hay precedente en que un querellante pase a ser defensor durante un juicio", dice la carta de los Luchsinger.

Respuesta de interior

El subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, descartó que el Gobierno tenga intención de desistir de su querella contra quienes resulten responsables del crimen.

"Nosotros hemos sido parte del proceso y lo seguiremos siendo hasta el final, dijo la autoridad de Gobierno.

"Todos los chilenos tienen el derecho a hacer las peticiones que estimen pertinentes, pero el Gobierno es parte de este juicio y lo va a seguir siendo", insistió al comentar la carta. "Además, estamos pidiendo las penas máximas para aquellos que se demuestre que son culpables", agregó.

La ministra vocera de Gobierno, Paula Narváez, descartó que exista una contradicción entre ser querellante y mostrar preocupación por la salud de la machi, que ayer recibió el alta médica y fue trasladada hasta su domicilio para cumplir con el arresto domiciliario total.

Cuatro de los seis marinos acusados de espiar a sus compañeras a bordo de la fragata Lynch, consiguieron que se les revocara el auto de procesamiento, luego de que sus abogados apelaran el jueves ante la Corte Marcial Naval.

Así lo confirmó la defensa del marinero Miguel Ángel Candia, Julián Martínez, que fue uno de los cuatro beneficiados con la decisión de la Corte.

"Hemos tomado conocimiento, en el caso de mi representado, se ha revocado el procesamiento contra él, de manera que esta defensa se encuentra muy satisfecha con este resultado", dijo Martínez a Digital FM, quien precisó que, aunque todavía no han recibido la carta certificada con la resolución, ya tomaron conocimiento de ella.

"Del resto de los involucrados, sólo a dos se les mantiene el auto de procesamiento en calidad de autor y coautor", agregó el abogado que puntualizó que "(el dictamen) no quiere decir que el proceso se cierra contra mi representado, sino que el auto de procesamiento dictado con las pruebas que se tenía, no era suficiente para poder determinar la existencia del delito en el caso de mi representado".

El abogado, asimismo, aseguró que su representado sólo tuvo acceso a mirar las imágenes en cuestión, "no las recibió, ni mucho menos las grabó".

Anteriormente otros dos marineros acusados de haber participado en el espionaje de la intimidad de sus pares, habían apelado.

Con la última decisión de la corte marcial los procesados quedaron en cuatro, los dos que no apelaron y los otros dos que fueron confirmados ayer.

Según consignó Emol, Raúl Órdenez, el único presunto implicado detenido por los hechos que dio a conocer La Estrella de Valparaíso, no fue uno de los beneficiados con la resolución de la corte marcial.

En paralelo continúa el sumario administrativo que inició la Armada de Chile en contra de quienes participaron de estos hechos.