En una reunión presidida por el intendente de Atacama, Miguel Vargas, y con la asistencia de las máximas autoridades de los municipios y de las instituciones relacionadas con la prevención, control, y persecución del delito y la violencia, se desarrolló la segunda sesión del Consejo Regional de Seguridad Pública (CRSP).

En la instancia, definida y mandatada por la Ley 20.502, se revisó el cumplimiento de las acciones desarrolladas para prevenir el delito y la violencia durante el 2016, y se definió las prioridades de trabajo para el 2017, siendo estas los robos a domicilios, ebriedad y consumo de alcohol en la vía pública, tráfico y microtráfico de drogas, y violencia intrafamiliar.

Al respecto, el intendente de Atacama Miguel Vargas explicó que la definición de estas prioridades permite focalizar los recursos y acciones de todas las instituciones del Estado, sin que esto signifique poner menos esfuerzo en los otros delitos.

El (CRPS) es la instancia formal de coordinación para prevenir el delito y la violencia en cada una de las regiones del país, y en Atacama junto a las máximas autoridades de gobierno, policiales, del ministerio público, y de Justicia, definiendo las prioridades de trabajo para el 2017 en base a información estadística y de las opiniones entregadas por la comunidad organizada.

Plan

El coordinador regional de Prevención del Delito, Carlos Olivares señaló que asociado a las prioridades de trabajo aprobadas por las autoridades en la segunda sesión del consejo, este mes se realizará una jornada de trabajo con autoridades y asesores técnicos de cada institución conformante del CRSP, oportunidad en la que se definirá en detalle las acciones a realizar en cada eje, para posteriormente formular el Plan Regional de Seguridad Pública 2017, el que considera una nueva instancia de participación de la comunidad.

Olivares detalló que en año 2016 las prioridades de trabajo fueron las mismas que se mantienen para el 2017, y en este sentido, indicó que a octubre del 2016, que es el último informe estadístico delictual dado a conocer por el Gobierno y las policías, a nivel regional se redujo en un 7% la ebriedad y el consumo de alcohol en la vía pública, descendieron un 17,5% las infracciones a la ley de droga, bajó en un 7,7% el robo en lugar habitado (viviendas), con un alza un 13,5% la Violencia Intrafamiliar.

Alejandro Núñez

E ste año es casi imposible que se presenten proyectos nuevos para el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) de Atacama, coincidieron los consejeros regionales. La causa, la deuda de arrastre de iniciativas que no se han ejecutado en la zona y que superan los 95 mil millones de pesos.

Para contextualizar el presupuesto regional para el 2016 fue de $55 mil millones y lo aprobado para el 2017 son los mismos 55 mil millones pesos. De esta última cifra están incluidos los cerca de $8.000 millones asignados por la reconstrucción.

Dada esta situación los core han planteado su inquietud y coincidieron que los objetivos para este 2017 son fiscalizar y agilizar la ejecución además de tratar de conseguir dineros frescos ante el Ejecutivo.

Core

El consejero Fernando Ghiglino (RN) resaltó que a pesar que este año la región habría cumplido con el 100% de la ejecución presupuestaria, no se puede olvidar "la gran mochila" que carga la zona con iniciativas inconclusas desde el 2012.

El político criticó que el Municipio de Copiapó tiene obras emblemáticas como el Liceo de Paipote, el arreglo de calles y veredas entre otros. Cabe señalar que Copiapó tiene el mayor atraso de ejecución de obras con cerca de 30 mil millones de pesos.

Ghiglino resaltó que hay que tener "ojo" con los proyectos y ver si tienen asignación presupuestaria. Un ejemplo es que la esperada pista atlética en Copiapó se aprobó hace más de cuatro meses por un monto superior a los 7 mil millones de pesos, pero no tiene recursos asignados hasta ahora y se sigue esperando.

Por su parte la consejera Ruth Vega (PS) afirmó que "estamos muy preocupados de cómo vamos a ejecutar la cartera de proyectos de este año que está esperando su priorización con fondos tan acotados. Este va ser un año bastante complejo".

Vega subrayó que el 2016 se logró ejecutar la totalidad de los fondos lo que significa que "cuando gastas todos sales premiado y puedes optar a nuevos recursos, pero cuando no los gastas eres castigado".

Para la política el gran desafío es cómo lograr más recursos. "Hay un muy buen espíritu entre el Core y el intendente para hacer un trabajo unidos para ejecutar eficientemente la cartera de proyectos y conseguir nuevos recursos".

En tanto la consejera Amada Quezada (PPD) explicó que siempre la cartera de proyectos se excede para tener obras por desarrollar. Pese a lo anterior, la autoridad criticó la falta de ejecución de los municipios dado que "retrasan y perjudican el balance anual del presupuesto regional".

Para Quezada es fundamental que este año se concreten dos obras emblemáticas como son la pista atlética, que lleva casi cinco años de espera y que se continúe con el convenio de salud que tiene un costo de 10 mil millones de pesos.

La consejera Yasna del Portillo (PS) analizó que a nivel de presupuesto "en el 2017 todo está cubierto y hay recursos comprometidos hasta el 2018, pero se va a trabajar con el Ejecutivo". Además agregó que será fundamental dosificar los recursos tanto acelerándolos como parando cuando sea necesario.

Portillo solicitó que se haga una reunión con los alcaldes de las nueve comunas de la región. "Esta relación es muy importante para nosotros como Core y también para la región porque cuando aprobamos algún proyecto nosotros esperamos que sea ejecutado porque son para mejorar la calidad de vida de las personas".

Más enérgico fue el consejero Raúl Ardiles (RN), dado que sentenció que "los alcaldes han sido un poco ineficientes en la ejecución de algunos proyectos y eso atrasa todo. No podemos pedir más plata cuando no hemos gastado la que ya está comprometida".

La autoridad puntualizó que no solamente los trabajos están atrasados en las comunas sino que "dejan mucho que desear". El político acusó que las obras "se están haciendo a la rápida" y que solicitará una revisión y fiscalización en las obras más importantes.

Para el consejero Javier Castillo (PC) la gran palabra para este problema es la "eficiencia". El político indicó que si se logra ejecutar los proyectos en los plazos correspondientes se podría solicitar en la revisión presupuestaria de julio más recursos.

Además sinceró que "a nosotros nos dijeron en presupuesto para qué quieren más dineros si no lo gastan".

En tanto Rodrigo Rojas (Indep) comparte la preocupación de los demás Core, pero dijo que se puede hacer un análisis más en profundidad en febrero. Rojas adelantó que "nosotros tenemos confianza como consejo ante las nuevas autoridades comunales para ponerse al día ante las fallas administrativas que tenían las administraciones anteriores".

Alcalde

Quien recogió el guante por el atrasado en la ejecución presupuestaria fue el alcalde de Copiapó y excore, Marcos López. El edil sostuvo que el problema del municipio es que tiene proyectos de gran envergadura como el Liceo de Paipote con un presupuesto de 18 mil millones de pesos y los proyectos de pavimentación con cerca de 9 mil millones pesos.

Cabe señalar que de los 95 mil millones de pesos en deuda de arrastre, el 80% tiene relación con los municipios.

"El municipio tiene poco espacio para solicitar nuevos recursos para el año 2017 dado que tiene que terminar de ejecutar", afirmó la autoridad. Además agregó que se está perseverando para reflotar el tema del estadio atlético que sería el "único proyecto en que perseveraríamos el 2017".

30 mil millones de pesos es el presupuesto de arrastre que tiene la Municipalidad de Copiapó.

80 por ciento de los dineros de arrastre tienen relación con incumplimientos de los municipios. Copiapó y Vallenar son los que presentan mayor demora. Freirina tiene el mejor desempeño.