Israel planea aprobar hoy la construcción de 618 nuevas viviendas en colonias de Jerusalén Este, a pesar de la reciente y polémica aprobación, en el seno del Consejo de Seguridad de la ONU, de una resolución condenatoria a su política de colonización. La votación se llevará a cabo en el Comité de Planificación Urbanística de Jerusalén, según una denuncia de la ONG Ir Amim, que fue calificada a la agencia EFE por voceros de la alcaldía como un procedimiento habitual.

Los proyectos de las 618 viviendas estaban previstos desde hace tiempo, aunque se teme que el vicealcalde de Jerusalén, Meir Turjeman, presidente del Comité, intente promover la aprobación de un paquete mucho mayor. Esto, pese a la reciente resolución de condena del Consejo de Seguridad de la ONU, que se logró aprobar gracias a la abstención de un aliado histórico de Israel, Estados Unidos. La resolución, aprobada el viernes pasado, ha desatado una crisis política de proporciones entre Washington y el gobierno israelí e insta a Israel a parar la actividad colonizadora en todo el territorio de Cisjordania (las Judea y Samaria bíblicas para los hebreos) y en Jerusalén Este. Según Ir Amim, Turjeman anunció que promoverá la aprobación de los permisos de construcción para 5.600 viviendas. Turjeman repudió la resolución internacional y aseguró que no trabajará "con Naciones Unidas ni ninguna otra organización que pretenda dictar (a los israelíes) qué hacer en Jerusalén".

Los líderes palestinos planean aprovechar la resolución de la ONU para presionar a la comunidad internacional en su conflicto con Israel. En concreto, pedirán que se les exija a otros países etiquetar e, incluso, prohibir productos hechos en los asentamientos. También podrían utilizar la resolución para "presionar a la Corte Interncional de Justicia a que actúe contra líderes israelíes, para demandar a nombre de palestinos desplazados por los asentamientos y urgir a las autoridades internacionales a determinar si Israel está en violación de las Convenciones de Génova", dijo ayer el diario estadounidense The New York Times.

Mabel González / Agencias

La justicia argentina determinó ayer el procesamiento de la ex Presidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) por asociación ilícita y administración fraudulenta, en una causa que investiga presuntas irregularidades en la concesión de obras públicas durante su mandato.

Sin bien la ex Jefa de Estado ya suma otro procesamiento por presuntas irregularidades en la venta de futuros de dólar por parte del Banco Central durante su gestión, es la primera vez que es procesada por una causa relacionada con delitos de corrupción.

El caso

El expediente, dirigido por el juez Julián Ercolini y por el que la ex Jefa de Estado ya declaró como investigada en octubre, estudia un supuesto esquema de "beneficios exclusivos" a favor del grupo Austral, propiedad del empresario Lázaro Báez -cercano al fallecido ex Presidente Néstor Kirchner y actualmente detenido por otra causa por presunto lavado de dinero-, en detrimento de las arcas del Estado.

Ercolini ordenó, además, contra Fernández un embargo de 10 mil millones de pesos argentinos (unos US$ 664 millones) y el procesamiento de, entre otros, Báez, del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y del ex secretario de Obras Públicas José López.

La Fiscalía ya había apuntado a un presunto delito de "administración infiel" y de negociaciones incompatibles con la función pública, y vio indicios de que existió un supuesto plan para realizar millonarias obras públicas en la sureña provincia de Santa Cruz (cuna del kirchnerismo) que beneficiaron a Báez.

En una resolución de casi 800 páginas, el juez ordenó el procesamiento de Fernández como "coautora penalmente responsable del delito de asociación ilícita en concurso real con el de administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de una administración pública".

El magistrado señaló que "se encuentra acreditado" que además de Fernández, De Vido, López y Báez, el ex administrador general de la Dirección Nacional de Vialidad de Argentina, Nelson Periotti, el ex subsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal Carlos Santiago Kirchner -todos procesados- habrían formado parte de una asociación que habría funcionado, al menos, entre el 8 de mayo de 2003 y el 9 de diciembre de 2015.