Carolina Collins

Luego de que el oficialismo definiera en su primer cónclave por el tema que una nueva ley de migración será una de las prioridades para los últimos 15 meses de esta administración, la Presidenta Michelle Bachelet reiteró ayer esa intención y reconoció el aporte que hacen los extranjeros al país.

"Los inmigrantes, con su diversidad y ganas de surgir, son un aporte a Chile en muchos sentidos. Nosotros somos un país abierto y acogedor y lo vamos a seguir siendo, pero para eso hay que asegurar que las inmigraciones sean un proceso ordenado, en el marco de nuestras leyes y de los derechos humanos que se merecen todas las personas estén dónde estén", sostuvo.

La jefa de Estado recordó que son 900 mil los chilenos que residen fuera del país y que "así como queremos que a nuestros compatriotas los traten bien afuera, tenemos que preocuparnos por las personas de otros países que viven y trabajan y contribuyen en Chile".

Bachelet reiteró que en la reunión realizada en La Moneda, el jueves, en la que participaron los ministros del comité político junto con los presidentes de los partidos de la Nueva Mayoría y parlamentarios, se acordó que renovar la legislación en la materia y que el proyecto que se presente "lo vamos a priorizar", dijo.

La Mandataria detalló que se tratará de "una nueva Ley de Inmigración acorde a los tiempos de globalización que vivimos, porque la que tenemos es muy, muy antigua", ya que data de 1975.

Por su parte, el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, aseguró que el proyecto de nueva ley de inmigración se encuentra en la "etapa final" y que pondrá énfasis en "el derecho de las personas y la soberanía del país".

Ossandón insiste en ideas

Quien dio inicio al debate con sus propuestas en materia de migración fue el precandidato presidencial Manuel José Ossandón, quien en entrevista con Cooperativa ayer insistió que quienes lleguen al país como inmigrantes y hayan cometido algún delito, deberían ser expulsados.

El senador enfatizó que hay que mejorar las condiciones de los extranjeros, puesto que existe una "industria para traer gente a Chile al sueño americano, que hoy se llama el sueño chileno (...). La gente está viviendo en la condiciones más inhumanas en el centro de Santiago".

Asimismo, insistió que "cuando yo sea Presidente vamos a buscar la forma de agilizar que si alguien viene a Chile como migrante y es delincuente, se va".

El defensor público que representa a Rafael Garay, Claudio Aspe, no descartó ayer que el ingeniero comercial que se encuentra con arresto domiciliario en Rumania efectivamente sufra de un problema de salud.

El ex panelista televisivo apuntó a un supuesto cáncer terminal como la razón que lo habría motivado a cerrar su empresa de inversiones Think & Co. por la que fue acusado de estafar a 36 personas por un monto total de $1.700 millones.

"Él tiene algunos temas de salud, pero eso se va a informar oportunamente", comentó el defensor respecto al supuesto cáncer que sufriría Garay, en entrevista con Emol.

"He conversado con él y en algún minuto determinado, vamos a tocar ese tema", agregó, sin descartar que el ingeniero comercial que sigue en Rumania a la espera de que se pida a ese país su extradición, esté enfermo.

El abogado explicó que hasta el momento no existen antecedentes que permitan establecer un vínculo entre los supuestos delitos de estafa reiterada que le imputó la Fiscalía en la formalización en ausencia con el presunto cáncer que lo habría motivado a salir del país rumbo a Francia.

Cabe recordar que la clínica francesa donde supuestamente iba a tratarse la enfermedad, Gustave Roussy, ya descartó haber tenido a Garay entre sus pacientes.

Detención cuestionada

Por otra parte, Aspe insistió que la detención del profesional en la ciudad de Brasov, en Rumania, no se ajustó a derecho, puesto que se basó en una alerta roja internacional que fue emitida por la policía en Chile sin que existiera un proceso judicial previo.

"Para emitir la orden desde el país de una notificación roja, se requiere cumplir con una legislación chilena y eso es lo que nosotros sostenemos que no se ha cumplido. Eso, como consecuencia, lleva -si se elimina esa notificación- a que el señor Garay ha visto privada su libertad y restringido sus derechos de forma ilegal desde hace ya 14 días", expuso el defensor.

El lunes la Corte de Apelaciones de Santiago definirá si acoge o no la solicitud de extradición de la Fiscalía, la que de ser acogida, tendría que ser pedida a Rumania.

Aspe, sin embargo, ingresó un recurso de amparo argumentando que la detención del economista fue irregular.

El Ministerio Público formalizó en ausencia a Garay el pasado 29 de noviembre por los delitos de presunta estafa reiterada.

Tras ser citado a declarar en calidad de imputado ante la Fiscalía, en el marco de la investigación en su contra por el financiamiento de su campaña, el diputado independiente Iván Fuentes se acogió a su derecho a guardar silencio y no atestiguó ante el fiscal regional de Aysén, Pedro Salgado.

El parlamentario llegó ayer hasta el despacho del jefe regional del Ministerio Público acompañado por su defensor público, Fernando Acuña. Sin embargo, decidió no emitir ninguna declaración, de momento, por la indagatoria que comenzó a raíz de los aportes que le efectuó la Federación de Industrias Pesqueras del Sur Austral (Fipes) entre los años 2012 y 2013.

Fuentes fue citado a declarar en medio de una serie de diligencias que incluyen el testimonio del senador demócratacristiano Patricio Walker, quien iría a comparecer este lunes. Esto porque en el reportaje de "Informe Especial" que reveló la existencia de estos aportes, Walker reconoció haberlos gestionado "para Iván Fuentes, para su familia", mientras éste se encontraba encabezando su campaña parlamentaria.

El silencio de Fuentes

Tras abandonar la Fiscalía, Fuentes señaló brevemente que "tal y como habíamos dicho siempre, desde el inicio, estábamos disponibles para asistir y hemos asistido, así que cumplimos, como cumple cualquier chileno en una situación como ésta o como otras, con lo que es la responsabilidad de asistir".

"faltan trabajos"

Al ser consultado respecto de si había declarado, el diputado explicó que "hemos hecho uso del derecho a guardar silencio". "Faltan algunos trabajos que conocer por parte de nuestra defensa, así que hemos hecho (del) uso que nos da la ley", agregó, en alusión a que aún no se conocen los antecedentes de la investigación del Ministerio Público.

Querella contra Walker

Por otra parte, según consignó Cooperativa, Walker además enfrenta una querella ingresada por el abogado Matías Ramírez, por gestionar los aportes económicos entre las pesqueras de Aysén, para el entonces dirigente sindical en plena tramitación de la Ley de Pesca.

"Nuestra querella fue presentada, en este caso, contra quienes resulten responsables, particularmente respecto del senador, por el delito de cohecho, al momento de recibir estos pagos por parte de Sipes", dijo el jurista.