La racionalidad detrás del gasto público en ciencia y tecnología tiene una lógica contradictoria. Por un lado, el país ha invertido en formación de capital humano avanzado, financiando alrededor de 7 mil becas de doctorado en el periodo 2008-2015. No obstante, por otro lado, ahora contrae el financiamiento que permitiría a este recurso humano altamente calificado retribuir al país.

Desde la Red de Investigadores en Educación Chilena (RIECH), consideramos que el estancamiento en el presupuesto de CONICYT constituye un retroceso en la política de fomento de la ciencia y la tecnología, que hasta el 2016 había mostrado un crecimiento lento, pero sostenido del financiamiento en esta área. Finalmente, entendemos que aumentar la partida presupuestaria de Conicyt del 2017 es un paso necesario, pero insuficiente si queremos avanzar hacia una sociedad en donde el conocimiento tenga un rol central en la vida social y económica.

Desmunicipalización

Condenas por delitos "de lesa humanidad"

En esa época no existía ninguna ley interna o tratado internacional ratificado por Chile que se refiriera a los delitos de lesa humanidad. Ellos fueron establecidos por la ley 20.357, que entró en vigor el 18 de julio de 2009 y que establece expresamente: "Los hechos de que trata esta ley, cometidos con anterioridad a su promulgación, continuarán rigiéndose por la normativa vigente a ese momento. En consecuencia, las disposiciones de la presente ley sólo serán aplicables a hechos cuyo principio de ejecución sea posterior a su entrada en vigencia".

En conclusión, los delitos cometidos antes del año 2009 no pueden, legalmente, ser calificados como de lesa humanidad.

Libertad asociación estudiantil

Cuando esto se discutió por primera vez en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso los distintos movimientos que hoy dominan la CONFECH se opusieron tajantemente a reconocer este derecho, pero desde entonces, gracias a la determinación de muchos, al menos tres federaciones de diferentes ciudades han reformado sus estatutos para estar acordes a la normativa nacional e internacional. La última en hacerlo fue la FEUTSM la semana pasada, la que reformó su estatuto con un 83% de aprobación.

¿Se vendrán desafiliaciones masivas? Nadie lo sabe, pero hay que decir que si una institución sufre este fenómeno será porque tiene problemas de representatividad desde antes. De lo que sí podemos estar seguros es que desde hoy esas federaciones asumen un nuevo deber: representar de verdad la voluntad de sus afiliados, velar por la responsabilidad, probidad y transparencia en su actuar, y en definitiva, lograr, y ahora sin obligar, que los estudiantes se sientan comprometidos con la intención de crear poder estudiantil.

Señor director: El Ejecutivo propuso un presupuesto reducido para CONICYT 2017 de $315 mil millones, suma equivalente al 19% del presupuesto del Ministerio de Defensa y sólo un 0,7% del presupuesto de la nación.

Red de Investigadores en Educación Chilena (RIECH)

Sr. director: Considerando la actual tramitación legislativa del proyecto de desmunicipalización impulsado por el Gobierno de Michelle Bachelet y parlamentarios de la Nueva Mayoría, resultaría oportuno saber, por ejemplo, como su implementación incidirá en las escuelas municipales más efectivas del país, es decir, las que han aumentado de manera sostenida sus resultados en el Simce independiente del origen socioeconómico de sus alumnos, o también, qué ocurrirá con la educación rural, aquella en que no pocos casos es unidocente, donde sus alumnos muestran en el Simce, por ejemplo, 15 puntos menos respecto al promedio nacional, vale decir, un atraso en los conocimientos cercano a los 3 grados de enseñanza. La desmunicipalización: ¿Será una ayuda para las escuelas efectivas? ¿Soluciona el problema de la educación rural?

Iván M. Garay Pagliai

Señor director: En los procesos sobre violación de derechos humanos hay militares y carabineros que han sido condenados por jueces que, atropellando gravísimamente el principio de legalidad y con la finalidad de soslayar las leyes relativas a la prescripción de la acción penal, califican hechos ocurridos hace más de cuatro décadas como delitos "de lesa humanidad".

Adolfo Paúl Latorre, abogado

Señor director:Hace aproximadamente año y medio el Centro de Estudios Equidad realizó un informe que dio a conocer la generalizada vulneración a la libertad de asociación que se da en la totalidad de las federaciones de estudiantes de Chile. Este derecho que ha sido reconocido por más de 100 años como una prolongación de las libertades de pensamiento, expresión y reunión; estando consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos tanto en su versión positiva ("toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas") como en la negativa ("nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación"). Ambas son libertades protegidas por nuestra legislación nacional, pero su faz negativa es vulnerada de manera sistemática por las organizaciones estudiantiles.

Francisco Costa, coordinador nacional Movimiento Sociedad