Con la participación del director nacional del Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, Angel Sartori, el servicio llevó a cabo el tradicional encuentro con representantes de productores y exportadores de uva de mesa regionales ante el inicio de la temporada de cosechas 2016-2017, espacio que tuvo el propósito de informar y resolver dudas sobre los requisitos sanitarios exigidos por los mercados de destino y el cumplimiento de los programas de registro y trazabilidad que mantiene la institución del Ministerio de Agricultura.

A la actividad asistió Lina Arrieta, presidenta de la Asociación de Productores y Exportadores Frutícolas del Valle de Copiapó (Apeco), quien se reunión con el director del SAG para analizar la temporada y mantener el trabajo conjunto que desarrollan en materia sanitaria, especialmente enfocada a mantener libre a la región de la plaga Lobesia Botrana.

Sobre la reunión, Sartori señaló que el objetivo fue destacar que como la autoridad sanitaria deben certificar las condiciones sanitarias de los productos que se exportan. "Esta es una región que tiene una vocación exportadora, son los primeros productos, en este caso uva de mesa, que se exportan en la temporada, de tal manera que tenemos un vivo interés para que el esfuerzo de todo el año se corone con una buena exportación, que lleguen estos productos en las mejores condiciones posibles a los diferentes mercados".

El directivo indicó que la atención está puesta en plagas que podrían afectar este producto, como la mosca de la fruta o la polilla Lobesia botrana, las que pueden causar importantes perjuicios productivos y mayores regulaciones comerciales. "Esta es una región que tiene una condición sanitaria respecto de Lobesia bastante buena, no tenemos mayores dificultades, pero tenemos que tener una vigilancia permanente", apuntó Sartori.

Alejandro Núñez

C ontinúa la discusión del proyecto de ley que busca modificar el Código de Aguas y que esta semana fue aprobado por la Cámara de Diputados y ahora pasará al Senado. La reforma, que busca asegurar el recurso para consumo humano, entrega nuevas atribuciones a la Dirección General de Aguas (DGA) como limitar la extracción de agua desde los acuíferos en caso de degradación y que es un tema en boga en la región de Atacama.

Entre las bases que presenta la remozada iniciativa destaca el carácter público que tiene el vital elemento. También se identifica como un bien nacional de uso de uso público en cualquier de sus estados y es posible conceder y restringir los nuevos derechos en función del interés público.

Cabe señalar que el proyecto no es retroactivo y no afecta a los derechos de aguas ya concedidos de la década de los ochenta en adelante. A lo anterior se suma que se prioriza la función de subsistencia que es uno de los ejes de la iniciativa legal. Esta consagra el derecho de acceso al agua potable y al saneamiento. También limita su ejercicio cuando hay escasez.

Autoridad

El seremi de Obras Públicas (MOP), César González destacó que después de cinco años de tramitación se aprueban las modificaciones al código y el paso al segundo proceso legislativo en el Senado.

Sobre los efectos del proyecto en la zona, la autoridad explicó que "sabemos lo crítico que es el recurso hídrico para la región y por tanto eso nos da garantía y seguridad de que vamos a poder resguardar el agua para las próximas generaciones".

En cuanto a los cuestionamientos del sector agrícola que acusan una posible "expropiación" de los derechos de agua, González sentenció que "todas estas modificaciones no son retroactivas y por tanto los derechos que ya están inscritos, como agricultores y mineros, no corren ningún riesgo de que los derechos puedan ser caducados".

El secretario también subrayó las nuevas atribuciones que tendrá la DGA como el cuidado de las napas subterráneas y que "de ahora en adelante cambia el paradigma de nuestro código que había transferido la administración del recurso al mercado del agua".

Aguas Chañar

Por su parte, el gerente general de Aguas Chañar Enrique Calcagni comentó que "nos podemos remitir a lo que tiene que ver con las modificaciones que pueden impactar sobre la actividad de la compañía, que es el suministro de agua potable y el servicio y tratamiento de alcantarillado a la población de la zona".

El profesional valoró que los cambios podrían eventualmente impactar sobre otras actividades económicas que compitan con el uso de agua, "creo que el gran pro que tiene esta iniciativa es reconocer las condiciones actuales de abastecimiento y actividad hídrica del país".

En cuanto a los contras de la medida, el directivo puntualizó que "lo único que podría decirse que eventualmente tiene alguna condición que generaría alguna inestabilidad es la temporalidad del uso de los derechos, eso podría tener alguna contingencia porque estas concesiones temporales van venciendo".

Agricultura

Como una "expropiación encubierta" catalogó la presidenta de la Asociación de Productores y Exportadores Agrícolas del Valle de Copiapó (Apeco), Lina Arrieta la modificación.

La empresaria afirmó que le preocupa ya que "perdemos esta titularidad de agua y lo que tenemos ahora es un derecho entregado a perpetuidad con plena libertad de usarlo en lo que nosotros queramos".

Arrieta también confirmó que están de acuerdo con la declaración en rechazo del proyecto presentado por la Asociación Nacional de Agricultura que argumenta que "esta iniciativa busca que todos los derechos de agua sean una concesión administrativa temporal, contraviniendo la especial protección que le otorga nuestra Constitución al derecho de propiedad".

Por su parte la seremi de Agricultura, Patricia Olivares respondió sobre los cuestionamientos del sector que "los agricultores han planteado que los derechos indefinidos pasaban a ser temporales, que la cuenca que fuera declarada agotada inmediatamente se iba traducir que no se entregaban más derechos, pero eso estaba en una moción antigua. Lo que se aprobó en la Cámara de Diputados no es eso".

Parlamentarios

El diputado Lautaro Carmona (PC), en su intervención en la Cámara sobre la reforma del Código de Aguas, destacó que se trata de una iniciativa que busca hacerse cargo que la crisis hídrica que ha avanzado de manera considerable en el país y en algunas zonas aún más, y citó como ejemplo a la región de Atacama, donde existe un sobre otorgamiento de derechos de agua. En ese sentido el parlamentario opinó que lo positivo del proyecto es que limita el ejercicio de los derechos de aprovechamiento de agua, y ahora "el consumo humano estará por sobre los derechos de las empresas".

Como un paso significativo para terminar con la visión del agua como una mercancía, priorizar el consumo humano y enfrentar la realidad de la sequía y el cambio climático, calificó la diputada (PS) por Atacama, Daniella Cicardini, la aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto de ley que reforma el código de aguas y que pasará ahora al Senado.

Además criticó la "campaña del terror" de ciertos sectores en torno a una supuesta expropiación de derechos del recurso hídrico.

En tanto la diputada Yasna Provoste (DC) finalizó que "este nuevo código de aguas establecerá un conjunto de privilegios para comunidades indígenas, para comités de agua potable rural, para comunidades agrícolas, de manera que los deja exentos del cobro de patentes, pero también establece con claridad la sanción a aquellos que acumulan agua, los que establecen una solicitud para un proyecto que nunca se concreta, no comen ni dejan comer, no utilizan las aguas y no dejan que pequeños agricultores puedan acceder a ellas".

"De ahora en adelante cambia el paradigma de nuestro código que había transferido la administración del recurso al mercado"

César González, Seremi del MOP"

5 años lleva este proyecto legislándose en el Congreso. Diputados dieron la aprobación a las modificaciones y ahora le toca analizar la iniciativa a los senadores.

63 votos a favor y 32 en contra, fue el registro con el que la Cámara de Diputados aprobó el martes el proyecto que reforma el Código de Aguas que es vigente desde 1981 en el país.