Centenares de manifestantes se reunieron ayer frente a la sede de la Nunciatura Apostólica de Caracas (Venezuela) para exigir el cumplimiento de uno de los puntos discutidos en la mesa de diálogo sobre la apertura de un canal humanitario para ingresar medicinas al país. Al mismo tiempo, dirigentes opositores profundizaron sus críticas contra el Gobierno de Nicolás Maduro, al que acusan de incumplir los acuerdos del proceso de diálogo.

Al grito de "medicinas ya", y con recetas médicas en las manos, los venezolanos marcharon por la capital hasta concentrarse frente a la sede de la Nunciatura Apostólica, desde donde reclamaron la severa escasez de medicamentos que según los gremios del sector ya supera 90%.

Cita con el nuncio

Posteriormente, dirigentes del partido opositor Primero Justicia se reunieron con el nuncio apostólico, Aldo Giordano, para pedir el apoyo de El Vaticano y lograr la apertura de un canal humanitario en Venezuela. El Vaticano es mediador del proceso de diálogo entre el Gobierno y la oposición, que inició hace unas semanas con el respaldo de un grupo de ex Presidentes y la Unión de Naciones Suramericanas.

El secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Jesús Torrealba, aseguró que el Gobierno no ha cumplido hasta ahora los acuerdos suscritos en la mesa de diálogo. "El Gobierno lo que ha hecho es agarrar pretexto (...) para entonces paralizar su cumplimiento de los acuerdos", agregó Torrealba.

La Fiscalía argentina pidió ayer abrir una investigación a la madre de la ex Presidenta argentina Cristina Fernández (2007-2015), Ofelia Wilhelm, ligada a una cooperativa que supuestamente firmó un contrato fraudulento con el Correo Argentino, informaron fuentes judiciales.

Según confirmaron a EFE fuentes del Ministerio Público, la acusación de fraude al Estado contra la madre de la ex Mandataria, de 87 años, y contra el jefe de la cooperativa El Aldabón Ldta., el sindicalista Fotios Cuntaris, también incluye un pedido de auditoría de todos los contratos firmados entre los dos organismos.

El escrito de la Fiscalía, a cargo de Jorge di Lello, también afecta a "los directores y/o funcionarios que tuvieron participación en la celebración de los diferentes convenios entre la mencionada cooperativa y el órgano estatal".

La solicitud de investigación parte de una denuncia de la diputada del bloque oficialista Cambiemos Elisa Carrió, quien apuntó a presuntas irregularidades en un contrato de 61 millones de pesos (US$ 3,95 millones) que rubricó la cooperativa de Wilhelm entre 2011 y 2015 con el Correo.

Según el texto que envió Di Lello al juez en base a los argumentos de Carrió, al que tuvo acceso EFE, tras la nacionalización del Correo Argentino en 2003, el organismo firmó un convenio con El Aldabón Ltda., para realizar servicios de "finishing": empaquetado, preparación y repartición de correspondencia.

Según las acusaciones, la cooperativa no estaba registrada como "prestador oficial" del organismo y nunca funcionó como tal.