Una niña de 12 años fue acusada de haber asesinado a su abuela, identificada como Margarita Salgado Jara, de 58 años, con un martillo. El hecho ocurrió en San Pedro de la Paz, Región del Biobío.

Testigos aseguraron que tras los hechos, ocurridos en la madrugada de ayer, la menor salió de la casa gritando que había escuchado una voz que le pidió que matara a su abuela.

Según los primeros antecedentes, el crimen ocurrió cerca de las 22.00 horas de ayer, cuando la menor habría atacado a la mujer con un martillo, golpeándola varias veces en la cabeza.

Personal de la Brigada de Homicidios de la PDI que llegó al lugar encontró el cuerpo de la víctima tendido en una cama y con el martillo a un lado.

Inimputable

La niña, que es inimputable ante la ley, fue trasladada hasta el Hospital Regional de Concepción y posteriormente al Centro de Protección Capullo, en la comuna de Chiguayante, a cargo del Servicio Nacional de Menores (Sename).

La menor ya había estado bajo el cuidado del Sename desde los 8 hasta los 11 años y su tutela había sido recuperada este año por su abuela.

Según explicó a Bío-Bío el jefe de la Unidad de Pediatría del Hospital Regional, Jaime Tapia, la niña iba a ser evaluada por psiquiatras infantiles. La menor habría presentado, hace un mes, episodios similares y, según el médico, no habían consultado por esa causa.

Diligencias

El fiscal jefe de Concepción, Octavio Stuardo, indicó que "para tener certeza de lo que ocurrió, levantamos evidencias, entrevistas a vecinos, entre otras diligencias. Estamos recabando si tiene antecedentes psiquiátricos".

En caso de que se logre determinar que la niña es la autora, se pedirá el sobreseimiento de la causa, porque se trata de una menor inimputable. Pese a esto, el fiscal señaló que el hecho de que "una persona esté exenta de responsabilidad penal, no significa que no tengamos que investigar lo que ocurrió. Principalmente para entregar certeza respecto de que la persona falleció producto de una agresión de una persona o varias".

La directora del Sename en la región del Biobío, Rina Oñate, indicó que "no fue posible prever una situación como ésta por ninguno de los organismos por los cuales ella estaba recibiendo atención".

La rotura de una cañería en la intersección de las calles Morandé y General Mackenna, en el centro de la capital, provocó una fuga de gas obligó ayer a evacuar y suspender por el día la Feria del Libro de Santiago, que se desarrolla por estos días en el Centro Cultural Estación Mapocho. También tuvieron que ser evacuadas las personas que se encontraban en otros edificios de la zona. La rotura se produjo en una excavación que se realizaba en el sector y tres compañías de Bomberos tuvieron que llegar hasta el lugar para solucionar el problema. Asimismo, tuvieron que realizarse desvíos en las calles aledañas y redireccionar varios recorridos del Transantiago. El presidente de la Cámara Chilena del Libro, Alejandro Melo, aseguró durante la tarde de ayer en entrevista con 24 Horas, que el problema ya se había solucionado, por lo que las puertas de la Feria del Libro serían abiertas hoy con normalidad a contar del mediodía.

Ex director del Sename declara por cinco horas por investigación penal

El ex director del Sename Rolando Melo (2010-2014) declaró ayer durante cinco horas ante el equipo que lidera el fiscal regional de Los Lagos, Marcos Emilfork, quien investiga los casos de muertes de menores al interior de centros a cargo del organismo público. El actual director de la unidad especializada en Responsabilidad Penal Adolescente (RPA) y Delitos Violentos del Ministerio Público, quien fue a declarar en calidad de testigo, detalló que su declaración "fue un largo repaso de la administración en la que fui director nacional del Sename". Asimismo agregó que "los presupuestos en el servicio no alcanzan a cubrir todas las necesidades y eso es una opinión transversal". Por su parte, el director del Instituto de Derechos Humanos (INHD), Branislav Marelic, dijo que "deben investigarse no solo responsabilidades penales, incluso políticas y administrativas", por las muertes de niños a cargo de la tutela del Estado.

Carolina Collins

El ministro de Justicia, Jaime Campos, volvió a referirse ayer a su supuesto conflicto de interés por su sociedad con el estudio jurídico que asesora a la empresa tecnológica Morpho, que ha sido indicada como la responsable de los errores en el sistema del Registro Civil que afectaron el padrón electoral de las municipales.

El secretario de Estado volvió a negar su vínculo con la empresa y coincidió con el Colegio de Abogados, que a través de una declaración validó que de existir una relación, Campos estaría ante un conflicto de interés y tendría que inhabilitarse de pronunciarse en materias en que esté vinculada la firma.

El titular de Justicia aseveró que "si alguien muestra algún acto que yo haya ejecutado en los últimos días, como ministro de Justicia, que se relacione o se vincule con la empresa Morpho, cuélguenme en la plaza pública, pero eso no ha ocurrido".

"Te lo explico en arameo ahora: No soy ni he sido abogado de la empresa Morpho, no conozco a la empresa Morpho, nunca he tenido una vinculación con ella", respondió el ministro ante la insistencia de la prensa durante el lanzamiento de la ley que permite que personas en situación de discapacidad puedan ser nombradas en cargos de juez o notario, en La Moneda.

Conflicto de interés

El Colegio de Abogados manifestó en su declaración que "el Código de Ética Profesional de la Orden contempla reglas específicas que regulan los conflictos de funciones e intereses (...), reglas que obligan no sólo a sus afiliados, sino a todos quienes ejercen esta profesión, según ha sido declarado reiteradamente por nuestra Excma. Corte Suprema". Y agregó que "el abogado que se incorpore a un organismo público no podrá intervenir en ningún asunto en el cual haya asesorado o representado intereses de clientes".

Ante esto, Campos aseguró que cumple y respeta las disposiciones del código de ética de la entidad.

El conflicto se inició cuando el diputado de Renovación Nacional (RN) Nicolás Monckeberg reveló que el ministro que asumió en reemplazo de Javiera Blanco es socio, desde 1994, del constitucionalista Francisco Zúñiga en el estudio de abogados Zúñiga, Matus & Campos, el que, a su vez, asesoró a Morpho. Esta empresa provee, desde 2013, la plataforma electrónica al sistema de identificación del Registro Civil, que depende de Justicia.

Declara Santamaría

Por otro lado, el Presidente del consejo directivo del Servicio Electoral (Servel), Patricio Santamaría, se presentó ayer ante la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, luego de ser citado a declarar en el marco de la investigación por los errores en el padrón electoral. Antes de declarar en calidad de testigo ante la Fiscal de Delitos de Alta Complejidad, Ximena Chong, Santamaría explicó brevemente que "vengo a colaborar con la justicia".

El testimonio del presidente del consejo directivo del Servel es parte de una serie de diligencias encargadas por la persecutora, con el objetivo de determinar responsabilidades en lo ocurrido. Anteriormente ya había ido a declarar el ex director del Registro Civil, Luis Acevedo, quien fue sacado del cargo el lunes.

Con respecto a la salida del ex director del Registro Civil Luis Acevedo, a quien Justicia decidió no renovarle el contrato tras un año en el cargo, el titular de la cartera señaló que no se trató de una decisión política, sino que hizo uso de sus facultades. "Hice uso de las facultades que yo tenía para hacerlo, no renovando un interinato que venció el día 23 (de octubre)", comentó al respecto. Consultado respecto de si Acevedo es responsable del error en el padrón, Campos, respondió que "eso lo está investigando la Contraloría y la Fiscalía, y eventualmente los tribunales".