Fotografías, recortes de prensa y fichas de las víctimas, además de la transcripción de sus testimonios, en los que aparecen los nombres de sus captores, contienen los 15 archivos de la Comisión Valech recuperados por las víctimas de torturas entre 1973 y 1990.

De esta manera, se rompió por primera vez el silencio decretado por el Gobierno, que solicitó mantener los archivos en secreto hasta 2054.

Las quince carpetas forman parte de la información recabada por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, conocida como "Comisión Valech", el organismo creado en 2003 con el objetivo de esclarecer la identidad de las 40.000 personas que fueron detenidas por razones políticas.

"Recuperar estos archivos es parte de la reparación moral que nos debe el Estado. Nosotros tenemos que ser los dueños de esa información y poco a poco debemos entregársela a la sociedad. Ahora está en nuestras manos un pedazo de la verdad", dijo a Efe la otrora detenida Scarlett Mathieu.

Mathieu, que después del golpe de Estado perteneció a la red periférica de apoyo al MIR, fue apresada en 1974 y torturada durante ocho meses.

"Me gustaría que mi testimonio saliera a la luz y que los nombres de quienes me torturaron pudieran ser conocidos por la ciudadanía. Yo sólo pude reconocer a cinco agentes, pero había más. Es importante que muchas más víctimas hagan lo mismo, para que se pueda cruzar la información y armar un mapa completo de la represión", explicó.

Según dijo el entonces Presidente, Ricardo Lagos, el objetivo de la medida era "proteger la dignidad de las víctimas" que no querían que sus familias supieran lo que sufrieron durante las detenciones.

La Presidenta Bachelet, prometió durante su campaña que estudiaría este asunto, pero no se ha pronunciado.

Por otro lado, el artista visual Francisco "Papas Fritas" inició la campaña "Desclasificación Popular" junto a un grupo de periodistas y abogados.

Valeria Barahona / Agencias

Familiares de Braulio Jatar, el reportero chileno-venezolano detenido en una manifestación contra Nicolás Maduro, denunciaron ayer que nuevamente fue trasladado desde la cárcel "26 de julio" a un sitio que hasta el momento desconocen.

"Atención, mi papá Braulio Jatar está siendo trasladado nuevamente. No sabemos a donde aún", escribió el hijo del periodista también llamado Braulio Jatar, en su cuenta de Twitter.

La esposa de Jatar, Silvia Martínez, expresó por la misma red social que el comunicador corre "un gran riesgo con estos traslados intempestivos", debido al "delicado" estado de su salud.

En una serie de mensajes publicados en Twitter, los familiares señalaron su preocupación por Jatar y exigieron a las autoridades respetar sus derechos humanos.

Continuos cambios

Este no sería el primer traslado de Jatar con información velada, debido a que el pasado 11 de septiembre los familiares del periodista denunciaron su cambio de penal desde el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), hasta un sitio desconocido.

Sin embargo, un día después se conoció que se encontraba en la cárcel "26 de julio".

Ante la nueva denuncia, La Moneda, ya que el periodista también tiene pasaporte chileno, pidió a Venezuela garantizar "las normas mínimas que deben observarse en toda detención".

Causa

Jatar, de 58 años, fue detenido el pasado 3 de septiembre junto a una treintena de personas, un día después de que el Presidente venezolano, Nicolás Maduro, realizara un recorrido en la comunidad popular de Villa Rosa en la oriental Isla de Margarita, estado Nueva Esparta.

El secretario ejecutivo de la MUD, el partido opositor al Gobierno venezolano, Jesús Torrealba, aseguró que Jatar fue detenido por difundir los videos en los que se ve al grupo de personas insultar, abuchear y golpear ollas en protesta por la presencia de Maduro.

No obstante, el periodista es la única persona que permanece detenida, siendo el resto puesto en libertad a pocas horas de ser arrestados.

Luego de que se conociera de su detención la Cancillería chilena exigió "conocer de inmediato" el paradero de Jatar y que se garantizaran "las normas mínimas que deben observarse en toda detención", lo que fue apuntado como "injerencismo" por parte del oficialismo del Gobierno venezolano.

Posteriormente a través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores rechazó esa respuesta "categóricamente".

El Servicio de Impuestos Internos (SII) también podría investigar al desaparecido economista y ex candidato a senador, Rafael Garay, por estafa piramidal, causa abierta en Concepción a partir de antecedentes de una querella por la cual será formalizado uno de sus antiguos socios, Esteban Aedo.

Esto fue asegurado a radio Bío Bío por el abogado Renato Zegpi, representante de los trabajadores de la empresa Bourseup, los primeros en denunciar el fraude que involucra a Aedo y Garay.

A esto agregó el abogado que el SII no había participado hasta ahora de la investigación que impulsa el Ministerio Público.

"Se puso en conocimiento del Servicio de Impuestos Internos estos hechos, que dieron origen a la querella, y eso, de acuerdo a las normas tributarias, es el servicio quien debe investigar y si estima que los hechos revisten el carácter de delito (tendría que presentar una querella)", afirmó Zegpi.

Sería una treintena de personas las que perdieron más de $400 millones, varias patrocinadas por el abogado Raúl Bustos.

"Con estos nuevos antecedentes respecto del señor Garay, se abre una posibilidad para los querellantes de solicitar diligencias y eventualmente ampliar las querellas", expresó Bustos.

Sin embargo, antes, el desaparecido economista declaró voluntariamente en la causa frente a la fiscal Marcela Barahona, que hasta ahora sólo ha solicitado la formalización del ex socio de Garay, audiencia fijada para el próximo viernes en el Juzgado de Garantía de Concepción.

Aún se desconoce el paradero de Rafael Garay, quien dijo a sus cercanos que iría a Europa a tratarse un cáncer. Al pasar los días y no obtener noticias sobre él, su familia puso una denuncia por presunta desgracia. Ahora es buscado por la Interpol.