Luego de ser aprobado en la Comisión de Salud del Senado el proyecto que despenaliza la interrupción del embarazo, en caso de riesgo de vida de la madre, inviabilidad fetal y violación; continúa su trámite en la Cámara Alta, frente a lo cual el Colegio de Matronas, la Federación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud (Fenpruss) y Corporación Miles, solicitaron al Gobierno dar urgencia a la iniciativa.

Esto, para que "nuestro país resuelva la deuda que tiene en esta materia a nivel internacional", dijo la directora de Corporación Miles, entidad dedicada a la defensa de los derechos sexuales y reproductivos, Claudia Dides.

"No estamos cumpliendo con los compromisos internacionales, hoy estamos frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ante las convenciones y tratados internacionales. Chile es uno de los siete países en el mundo que tiene penalizado el aborto", explicó.

En tanto, desde el Colegio de Matronas, afirmaron que al año se realizan cerca de 60 mil abortos en Chile y se registran más de 33 mil ingresos hospitalarios.

Lina Córdova, representante del gremio, contó que "las mujeres abortan en sus casas, con poca información, con medicamentos que no sabemos lo que son y finalmente llegan a las salas de urgencia de los servicios de Obstetricia y Ginecología con algunos casos con hemorragia, otros con infecciones".

Situación que les preocupa, por cual esperan una mayor rapidez en la votación del proyecto durante su paso por la Comisión de Constitución, en el Senado.

De igual forma, estas organizaciones de salud pidieron que, en caso de violación, el plazo se incremente de 12 a 18 semanas.

Constitución

Frente a esto, el presidente de la comisión de Constitución del Senado, Pedro Araya, relató que "nos reunimos con el Gobierno un par de semanas atrás y fijamos una agenda de trabajo, en la que no estaba incluido, inicialmente, el proyecto de ley de aborto".

Al respecto, Araya aseguró que es menester que "para que pueda ingresar a tabla, el Ejecutivo necesita colocarle urgencia, dado que le puso urgencia a otros proyectos".

La Comisión de Constitución de la Cámara Alta está formada, aparte del senador Araya (Independiente pro DC), por el PS Alfonso de Urresti, Alberto Espina (RN), Felipe Harboe (PPD) y el UDI Hernán Larraín.

Valeria Barahona

Este año debuta la Ley para el Fortalecimiento y Transparencia de la Democracia, documento que, entre otras cosas, obliga a los candidatos a cargos de elección popular informar de dónde viene su presupuesto, a la vez que establece un límite en el monto.

Por este motivo, el presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral (Servel), Patricio Santamaría, aseguró a radio Cooperativa que la nueva legislación procurará "una campaña más austera" ante los comicios municipales del 23 de octubre.

"Yo creo que eso es bueno, por la situación económica del país, por cómo debiese hacerse la política. La política se había mercantilizado demasiado", afirmó el abogado, a 41 días de las votaciones.

Santamaría añadió que "la misma propaganda, la publicidad, eran caras bonitas, y a veces no tanto, pero en todo caso photoshopeadas a veces con frases que no dicen anda. Hoy día se obliga al candidato al ir al puerta a puerta. (...) Se está volviendo al sentido que nunca debió perder la política".

"Vamos a tener campañas más austeras", concluyó, agregando que hasta el momento las candidaturas han recibido un total de $ 1.243 millones en aportes.

Los montos, emisores (solo diferenciados entre públicos y privados), junto a los destinatarios y el cargo y ciudad a la cual postulan, son publicados en una lista cada viernes por el Servicio Electoral, en su página www.servel.cl.

A raíz de esto, Santamaría destacó que "tenemos una buena evaluación en general" de la nueva ley.

Domicilio

El representante del Servicio Electoral también comentó la denuncia de cambios de domicilios irregulares que acusó un vecino en Providencia.

Esto lo explicó a través de que "el padrón se constituye en tres fases: primero, un padrón provisorio y que es el que nosotros revisamos y que nos dio a que presentáramos querella criminal por primera vez como Servicio Electoral en dos comunas donde aparecía un crecimiento explosivo. Posteriormente viene una auditoría al padrón y se publica el padrón final".

Aquel padrón auditado "se publicó y con domicilios y eso hizo que hubiera una cantidad importante de denuncias, 1.352", precisó.

De ese total, 1.328 corresponderían a denuncias individuales de personas que piden que se les corrijan sus datos electorales o personas que recuperaron su derecho a votar y no salen registrados.

Mientras que otras "24 reclamaciones de carácter más bien masiva, son reclamaciones que intentan excluir 6.900 personas", puntualizó.

Transparencia

La normativa 20.900, para el Fortalecimiento y Transparencia de la Democracia, limita el gasto en las campañas electorales, obligando, además, a los candidatos a informar sobre los aportes recibidos.

Asimismo, la ley prohibe las donaciones de personas jurídicas, y rebaja el monto de las provenientes de personas naturales, quienes no podrán aportar, en una misma elección, una suma que exceda el 10% del límite del gasto fijado para esa comuna.

Los respectivos alcaldes, a solicitud de cualquier ciudadano o del Servel, deberán retirar toda la propaganda electoral que dañe el lugar donde está ubicada. Al igual, se prohibió el uso de gigantografías.