Carolina Collins

Un valor histórico marcó la aprobación de la Presidenta Michelle Bachelet en la encuesta GFK Adimark de agosto, cuando bajó por primera vez del 20%, llegando al 19%.

Este último es el nivel más bajo de aprobación que ha registrado el sondeo en la serie, que abarca más de 10 años, según indicaron desde la consultora, y significa una baja de tres puntos porcentuales con respecto al 22% de julio.

Desaprobación

La desaprobación de la Mandataria, en tanto, subió cuatro puntos desde julio, hasta el 77%, el que también es un porcentaje inédito en la encuesta. Con este resultado, la aprobación de la Presidenta Bachelet cumple 15 meses con un nivel inferior al 30%.

La evaluación del Gobierno también sufrió una fuerte caía, alcanzando un mínimo histórico más bajo aún que el de la Presidenta, con un 17% aprobación y un 81% de desaprobación.

Hitos de agosto

Entre los hitos de la contingencia que marcaron el mes de agosto están los rumores de un nuevo cambio de gabinete y la interpelación contra la ministra de Justicia, Javiera Blanco, con las posteriores acusaciones constitucionales por las situaciones de Gendarmería y del Sename.

Durante agosto también se produjeron nuevas protestas ciudadanas, en varias ciudades del país, contra el sistema de AFP, además del anuncio de la Presidenta Bachelet de una serie de modificaciones al sistema previsional en su conjunto, seguido del llamado a realizar esos cambios en el marco de un acuerdo nacional.

EVALUACIÓN DEL Gabinete

Respecto a los ministros, la encuesta reveló que el ministro del Interior, Mario Fernández, tuvo apenas un 36% de conocimiento, el que, según la empresa, es el nivel más bajo observado para ese cargo. Fernández, que asumió el 8 de junio, bajó cuatro puntos, por lo que su aprobación no fue evaluada, ya que el mínimo es el 40%. El canciller, Heraldo Muñoz, fue el mejor evaluado de todo el gabinete, con un 71%, dos puntos menos que en julio.

La ministra de Educación Adriana Delpiano, rechazó ayer la violenta "funa" que vivió el miércoles rector de la Universidad Alberto Hurtado (UAH), Eduardo Silva, a manos de estudiantes que lo encerraron en su propia oficina, lo que él calificó como un "mini secuestro".

"Llamamos al rector, le dimos toda nuestra solidaridad, porque creo que hay hechos que no tienen ya que ver con la protesta, con un llamado a reflexionar sobre la reforma, sino que claramente la toma de la Universidad Alberto Hurtado termina en una situación de vandalismo y con el rector casi secuestrado por dos horas", dijo la secretaria de Estado a Cooperativa.

Reglas a aplicar

"En este caso, además de la toma, que ya es un acto de fuerza, se agrega que le rompieron el computador, que le botaron los papeles, que le revisaron todo, se entregó el establecimiento en muy malas condiciones y aquí existe la autonomía universitaria, que tiene sus propias reglas para enfrentar este tipo de situaciones y es lo que ha aplicado la Universidad Alberto Hurtado", agregó.

En tanto, el Consejo de Rectores solidarizó con Silva y manifestó que "este tipo de situaciones es contrario al sentido de la institución universitaria, basada en los principios de deliberación democrática y la primacía de la convivencia pacífica. En consecuencia, rechazamos el uso de acciones de coacción y amenaza que en nada contribuyen a la construcción de acuerdos o consensos".

Versión de los alumnos

El presidente de la federación de estudiantes de la UAH, Gustavo Orellana, quien está entre los formalizados por la agresión al rector, dijo que "me parece absurdo que una persona de la autoridad que él tiene venga a hablar de un mini secuestro, que cuestión más ridícula".

El estudiante aseguró que Silva "en ningún caso" estuvo retenido por dos horas y que "él podría haber salido". También lo acusó de estar "haciendo una performance pare evadir la responsabilidad que tiene por haber expulsado a los estudiantes".

Orellana no se retractó de los sucedido y lo explicó por la "rabia" que hay entre los estudiantes por la decisión del plantel de expulsar o suspender por un año a 25 alumnos por los daños que se produjeron durante una toma.

Casos de cohecho, asaltos a casas, narcotráfico y apremios ilegítimos, son algunos de los delitos que la fiscalía metropolitana Sur le imputó a los diez ex funcionarios de Carabineros que fueron expulsados de la institución y detenidos tras una investigación interna de la policía uniformada.

El décimo implicado en los delitos, que cometían junto a otros tres civiles, fue detenido la tarde del jueves, luego de que permaneciera todo el día como prófugo, tras no haber sido encontrado en los allanamientos en que fueron capturados los otros nueve.

En la audiencia frente a la jueza Angélica Palacios, los fiscales, liderados por el persecutor Héctor Barros, detallaron los 16 delitos por los que se investiga a los ex uniformados.

El fiscal explicó que la investigación se inició por las denuncias que llegaban contra los imputados y que para llegar a la detención fueron clave las llamadas telefónicas en las que se referían a los delitos.

El persecutor reveló que los ex carabineros le imputaban cargos inexistentes a otras personas que incluso habían llegado a dejar en prisión preventiva por esos hechos.

La fiscalía, además, estableció un vínculo de los detenidos con narcotraficantes a los que les pasaban droga para comercializar o dinero para comprar.

Los ex funcionarios policiales fueron formalizados por delitos de cohecho, omisión de denuncias y apremios ilegítimos, además de por cuatro robos a domicilios que habrían hecho pasar por allanamientos.

La fiscalía pidió prisión preventiva para los 13 detenidos, en una audiencia que se vio interrumpida cuando uno de los imputados se desmayó.

Narcotraficante

En la instancia llamó especialmente la atención el romance entre el sargento del retén El Castillo de La Pintana C.P.M., y la única mujer entre los detenidos, identificada con las iniciales L.F.A.C.

El fiscal explicó que tanto su pareja como los otros ex uniformados detenidos sabían que la mujer era narcotraficante y que nunca la detuvieron.

La relación entre ambos pudo ser establecida a través de las escuchas telefónicas a ambos, en los que se registraban conversaciones de tipo amoroso.

En la investigación, además, se logró constatar que el sargento expulsado asesoraba a su pareja para que no fuera sorprendida traficando.

Agentes encubiertos del OS-7 demostraron que la mujer era narcotraficante porque consiguieron droga en su casa.