Los chilenos parecen estar en medio de una crisis muy profunda de desconfianza, cuestión que muestran de manera persistente distintos estudios de opinión, como la última encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP).

A modo de ejemplo, se da cuenta de datos históricos en términos de aprobación y rechazo a la Presidenta Michelle Bachelet. En el periodo julio-agosto de 2016, la aprobación a la Mandataria llegó sólo a un 15%, mientras que la desaprobación escaló al 66%.

Pero ese mal no resultado no es exclusivo de la jefa de Estado, sino de toda la clase política. Partidos, parlamentarios, clase empresarial, tribunales y un conjunto de estamentos, no escapan del crítico juicio de la ciudadanía.

Mucho tiene que ver con lo anterior, la sensación de orfandad e impunidad que tiene el ciudadano común con la élite que ostenta el poder.

El estudio desarrollado por el Instituto de Políticas Públicas de la UCN y Mori entrega otro indicador.

Cuando se pregunta a los antofagastinos para quién cree que se gobierna, sobre el 80% estima que se gobierna para "los grupos de poder".

Esa cifra es muy mala para la confianza, lo que se acrecienta con la citada sensación de impunidad.

Los sucesivos escándalos que afectan al país no terminan necesariamente con sanciones ejemplarizadoras.

La colusión de los pollos, por ejemplo, tuvo millonarios costos para los consumidores y no implicaron más que un pequeño pago económico para los autores, además de un leve reproche ético.

Otros casos de colusión han terminado igual, lo que redunda en esa sensación de injusticia.

Ya es sabido: hay casos donde el robo de una gallina ha terminado en cárcel, mientras enormes desfalcos y lesiones a la fe pública han perecido en el olvido.

Es importante leer estos fenómenos, pero es importante comprenderlos bien, entender de qué hablamos para proponer las soluciones adecuadas.

No se trata de hacer sentir la ley de la calle, o el que grita más fuerte, sino de hacer las correcciones para mejorar los equilibrios y la sensación de justicia.