Carolina Collins

La fiscalía regional de La Araucanía presentó ayer la acusación contra los 11 imputados detenidos por el ataque incendiario que terminó con las vida del matrimonio formado por Werner Luchsinger y Vivian Mackay, el 4 de enero de 2013, en el fundo Lumahue, comuna de Vilcún.

"Sí, formalizamos a 11 imputados porque teníamos antecedentes serios y concretos respecto de ellos. Vamos a acusar a los 11 como autores y también a Sabino Catrilaf por infringir la Ley de Control de Armas", dijo a Cooperativa, previo a la audiencia, el fiscal que investiga el caso, Alberto Chiffelle.

Así, el persecutor jefe de Temuco pidió presidio perpetuo para 10 de los 11 imputados en la causa, tras tres años y siete meses de investigación. Los comuneros fueron imputados por los delitos de incendio con resultado de muerte, con carácter terrorista.

El único de los imputados para el que el Ministerio Público no pidió la pena máxima fue José Peralino, para quien solicitó 10 años de cárcel y se le reconoció su colaboración en la investigación de la causa.

Según consignó Emol, fue gracias a la declaración de éste último imputado que se pudo detener a los otros 10, que a lo largo de todo el proceso han negado su participación en un principio, Peralino entregó detalles de lo que pasó la noche del 4 de enero de 2013, pero posteriormente, en la audiencia de formalización, se retractó y aseguró que había sido presionado por efectivos policiales para entregar esa declaración.

Plazos de investigación

La acusación de la fiscalía ocurrió un día después de que el Juzgado de Garantía de Temuco acogiera el recurso presentado por la defensa de los 11 imputados, solicitando la reapertura de la investigación, que según argumentaron, fue cerrada cuando aún faltaban diligencias.

El Ministerio Público había cerrado la etapa de investigación el pasado 17 de agosto, por lo que las partes tenían diez días para solicitar la apertura de la indagatoria, lo que se cumplió el jueves.

Los abogados acusaron en su recurso que le pidieron esas diligencias al fiscal Chiffelle, pero que él no había atendido la petición, lo que según los argumentos de la defensa, atentaría con los derechos de sus representados.

Luego de que el tribunal decidiera reabrir la investigación, fijó para el 31 de agosto a las 12.00 horas audiencia de reapertura de investigación.

La ministra de Educación, Adriana Delpiano, respondió ayer al reclamo de los rectores del Consejo de Rectores (Cruch), que denunciaron que este semestre no han recibido del Estado los recursos de la gratuidad.

Así, la secretaria de Estado aseguró que no están "particularmente atrasados" en la entrega de fondos a las universidades y que el dinero se entregará "en los próximos días".

Delpiano, explicó que para poder hacer llegar los recursos a las instituciones "se necesita un conjunto de antecedentes que no se tienen sino hasta el mes de julio", que es cuando se conoce el número definitivo de estudiantes que obtuvieron el beneficio, pues es el momento en el que se sabe el resultado de las apelaciones y de las últimas postulaciones a la gratuidad.

Después de eso, el ministerio tiene que enviar un decreto a la Dirección de Presupuesto (Dipres), del que luego tiene que tomar razón la Contraloría. Según señaló la titular de Educación, el documento fue enviado el jueves al ente fiscalizador.

"No es que alguien no haya querido pasar la plata", sostuvo la ministra, que aseguró que la problemática está "en camino" a solucionarse.

"Estamos esperando un decreto que tiene que salir de Contraloría y también de la Dipres, que ya salió ayer, así que en estos días estamos entregando los recursos", aseguró. Sin embargo, puntualizó que no pueden entregar un plazo exacto, pues también depende del organismo fiscalizador.

Delpiano desdramatizó la situación y dijo que se trata de algo que ante también pasaba con las becas y que ahora sucede con la gratuidad.

Simces boicoteados

Por otro lado, Delpiano descartó que se pueda corregir los resultados de la prueba Simce del Instituto Nacional, como lo había pedido el rector de ese colegio para evitar la pérdida de la subvención por excelencia.

El rector de ese establecimiento, Fernando Soto, había sugerido que los malos resultados que hicieron que el colegio perdiera el beneficio eran consecuencia de los alumnos de segundo medio que el año pasado boicotearon el Simce, dejando en blanco pruebas y respondiendo preguntas al azar.

Sin embargo, la ministra lo descartó, afirmando que "no se puede". "Las pruebas Simce ya se dieron, ya están corregidas, son datos objetivos", dijo.

El abogado Sebastián Lafaurie, que es querellante en la causa por la muerte de Lissette Villa (11) ocurrida en abril pasado en un centro del Sename, pidió que se cite a declarar a la ministra de Justicia, Javiera Blanco, de cuya cartera depende la institución dedicada al cuidado de menores cuyos derechos han sido vulnerados.

"Yo presenté las últimas solicitudes de diligencia la semana pasada y pedí al fiscal que cite a la ministra Blanco, pero que sea en persona y no por oficio", dijo el profesional a Emol, que señaló que está a la espera de lo que resuelva el fiscal del caso Marcos Emilfork.

Lafaurie asimismo informó que pidió hace varias semanas que declaren también las dos funcionarias que contuvieron a la menor, que aparecen mencionadas en un informe de la PDI que publicó ayer la revista Qué Pasa, y que establece que una presunta negligencia habría provocado la muerte de Lissette.

"Los detalles son bien crueles. Nosotros ya los conocíamos hace varios meses y en nuestra querella pedimos que se cite a declarar a estas dos funcionarias, y también que se entregue los informes de protocolo que había antes y después de la muerte de Lissette", dijo el abogado al medio citado.

Lafaurie señaló que el informe mencionado confirma la hipótesis que sostiene la parte querellante, que acusa que existió negligencia al momento de contener a la niña y que eso habría incidido en su muerte.

"Nosotros vamos a seguir solicitando nuevas diligencias. Vamos a colaborar con la fiscalía. Hay que esperar los plazos, que no son rápidos, pero sí es importante tener paciencia para tener una verdad que nos permita reestructurar el Sename y generar un verdadero cambio en esta institución, porque estamos hablando de la vida centenares de niños vulnerables que el Estado quita a sus familias para protegerlos y cuidarlos, pero ocurre todo lo contrario", afirmó.

El documento

El informe de la PDI establece que hubo responsabilidad de las cuidadoras del Centro de Administración Directa (Cread) Galvarino por "acción u omisión", ya que éstas no se habrían ceñido a las normas a la hora de contener a la niña.

El documento de 25 páginas además revela que la combinación de los medicamentos que tomaba la niña, significaban un peligro para su vida y que algunas dosis se habían perdido tras la muerte de la menor, lo que deberá ser investigado.