El dueño del supermercado "Catorce", Héctor Caravante, denunció el hurto de un millón de pesos por parte de una presunta pareja de clientes.

El hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad de ese establecimiento de Chañaral. En las imágenes se ve a dos personas que aprovechándose de un descuido de los dependientes se llevaron, desde el mostrador, una bolsa que según se informó contenía un millón de pesos en efectivo, suma que correspondería a la recaudación de la Caja Vecina y ventas del local.

De acuerdo a los antecedentes el hecho ocurrió cuando una mujer, seguida por su pareja, primero hurtó unas paltas desde un mesón. Luego se trasladaron hacia otro sector del local en donde le habría llamado la atención una bolsa que registró. En ella encontró el dinero del que informó a su pareja que cumplió la labor de vigilar y quien segundos más tarde se llevó el paquete del lugar. La mujer se quedó en el interior del recinto unos minutos para evitar sospecha y salió tranquilamente, eso de cuerdo a los registro de las cámaras de seguridad.

Al pasar unos minutos la dependiente se dio cuenta del hurto de la bolsa con el dinero. Al revisar el registro audiovisual notó quienes habrían sido los responsables, por lo que decidió entregar las pruebas y realizar la denuncia en la Policía de Investigaciones de Chañaral. El personal logró identificar el domicilio de la mujer, quien habría abandonado la comuna con destino al sur. Es intensamente buscada en los buses interprovinciales de la región de Atacama.

A través de un procedimiento abreviado la Fiscalía de Atacama obtuvo dos condenas contra una funcionaria municipal de Tierra Amarilla, quien tenía la tarea de coordinar un programa de residencia familiar para escolares, el cual era financiado por la Junta de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb).

En la investigación se determinó que este hecho se centró en antecedentes recabados en los años 2007 y 2008 cuando María Gallardo Quevedo, quien en esa fecha se desempeñaba en la municipalidad, quedó a cargo de la iniciativa que costeaba residencias a niñas y niños que no contaban con recintos educacionales cerca de sus domicilios.

La Junaeb traspasaba montos al municipio local y éste a su vez a la condenada, quien tenía la tarea de hacer llegar el dinero a las familias beneficiadas con este proyecto.

Según indicó el fiscal del caso, Alexis Rogat, la investigación realizada con el apoyo de funcionarios de la Bridec de la PDI, demostró que la funcionaría entregó boletas de honorarios personales a la Junaeb por un total de 730 mil 554 pesos por concepto de servicios realizados en el contexto del desarrollo del mencionado plan. Situación irregular pues esas tareas formaban parte de sus funciones de coordinadora de la iniciativa, por lo que eran pagadas por su empleador, es decir, la municipalidad de Tierra Amarilla.

De la misma manera, mencionó el fiscal, durante el proceso de fiscalización realizado por la Contraloría Regional de Atacama se estableció que la funcionaria, durante el desarrollo del programa a su cargo, no hizo efectivos los pagos a todas las familias beneficiarias. Lo que se estableció al no existir documentos que avalaran la entrega de los montos, lo que significó un perjuicio que alcanzó los 3 millones 316 mil pesos.

penas y multas

Los antecedentes se conocieron en la audiencia desarrollada en el Juzgado de Garantía de Copiapó, ocasión en que se condenó a Gallardo Quevedo por los delitos de negociación incompatible y malversación de caudales públicos. Por ello, el juez de turno estableció la pena de 41 días y una multa de 36 mil 527 pesos por el primeros de los ilícitos, mientras que por el segundo delito fue sentenciada a la pena de 541 días de presidio y el pago de una multa de 5 Unidades Tributarias Mensuales. Otorgando el juzgado la pena sustitutiva de remisión condicional para ambas sentencias.

Junto con ello, a cada una de las penas aplicadas se sumó la inhabilitación para desarrollar cargos públicos por un lapso de tres años y un día.

En un operativo antidroga desarrollado por personal del O.S.7 de Carabineros, permitió la detención de dos personas y la incautación de más de 377 mil dosis de clorhidrato de cocaína.

En el marco de un despliegue operativo se controló un bus interprovincial proveniente de Arica con destino a Santiago. En el lugar el can detector de drogas de dos años, Betty, identificó y alertó a su guía que en el interior de dos maletas había sustancias ilícitas sujetas a control. En la prueba de campo se estableció por el personal que se trataba de clorhidrato de cocaína.

Los detenidos se identificaron con las iniciales F.A.C.R, de 35 años y A.H.N.A., de 41 años. Ambos fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Copiapó para su control de detención, el que fue efectuado por la Fiscalía Local de la capital regional.

El capitán de la Segunda Comisaría de Copiapó, Jorsy Rojas, especificó que la incautación se realizó en la tarde del miércoles y que ambas personas se encuentran en prisión preventiva, agregó que "desconocemos si en el trayecto se iba a dejar alguna cantidad específica de la droga o si la totalidad iba a Santiago.

Fueron 377.910 dosis las que se sacaron de circulación, de las cuales se presume eran para ser puestas en venta durante el periodo de fiestas patrias.