El dueño del grupo Arcano, Alberto Chang, pidió al Ministerio Público en una inédita entrevista que dio desde Malta, que levante el bloqueo a sus cuentas para poder pagar a los inversionistas. Asimismo, exculpó a su madre y socia, Verónica Rajii, quien se encuentra en prisión preventiva.

En la entrevista que fue emitida ayer por TVN, el empresario defendió a su madre y aseguró que "ningún contrato de inversión ha podido ser firmado por ella, porque yo era el único que firmaba esos contratos. El grupo Arcano es un holding que tiene muchas empresas y lo que yo hacía era dejarle un poder cuando viajaba. Por lo tanto no se le puede invocar un contrato que no tiene deber directamente con lo que se me acusa a mí, como si ella fuera autora, porque no lo es".

Chang aseguró que Rajii salió de la firma en marzo del año pasado y que el 10% de Arcano que tenía hasta entonces era "marginal porque ella nunca recibió dividendos, no tenía dieta de directora, ella no tenía oficina, poder de decisión en nuestras inversiones y no tenía oficina. En los últimos diez años se ha dedicado al Comité Olímpico y eso está documentado".

El dueño de Arcano además pidió que la fiscalía retire la acusación en su contra por lavado de dinero, en el marco de la investigación en su contra por estafa piramidal.

Chang solicitó que se levante el bloque de sus cuentas bancarias, porque, según dijo, quiere pagarle a sus inversionistas. "Es una herramienta en la cual a uno lo acusan e inmediatamente te interviene los teléfonos, los e-mails y te meten preso. Desde la cárcel cómo te puedes defender y cómo puedes pagarle a la gente, teniendo los recursos. Yo puedo pagar si el fiscal levanta la acusación que lavado de dinero, sin eso no puedo mover un dólar en el mundo", afirmó.

Revisión de cautelares

Tras pasar cuatro meses en la cárcel, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago ordenó ayer sustituir la prisión preventiva por arresto domiciliario total.

Esta medida, sin embargo, aún tiene que ser confirmada por el tribunal de alzada, si es que la fiscalía decide apelar e insistir en que la única medida que corresponde por la gravedad y reiteración de los delitos imputados es la privación de libertad.

Chang y Rajii son investigados acusados de estafas que superarían los US$ 100 millones.

Carolina Collins

La segunda sesión de la comisión especial que analiza la acusación constitucional por la crisis que vive el Sename en contra de la ministra de Justicia, Javiera Blanco, estuvo dedicada a escuchar a expertos invitados por los propios miembros.

Esto, con el objetivo de que los expertos señalaran si los argumentos presentados por el diputado independiente René Saffirio, quien impulsa el libelo, tienen o no asidero jurídico.

Por eso, en la sesión de ayer expusieron los abogados constitucionalistas Patricio Zapata (quien preside el consejo de observadores del proceso constituyente) y Miriam Henríquez, ambos convocados por la Nueva Mayoría, además de Víctor Manuel Avilés, quien fue citado por Chile Vamos.

Según el reglamento que norma las acusaciones constitucionales, los miembros de la comisión especial tienen que informar a la Sala de la Cámara si el libelo tiene fundamentación jurídica en su forma y fondo antes de que sea votado. Si este último punto se rechaza, la acusación no prospera, y para eso es necesario que escuchen la opinión de expertos.

Así es que , según los juristas, la acusación presentada por Saffirio no cumple en la forma, ya que además de estar mal redactada, tendría impresiciones jurídicas, según consignó Emol.

La acusación presentada por el parlamentario independiente se sostiene en tres cuestionamientos. El primero apunta a que Blanco estaría comprometiendo gravemente el honor de la nación, el segundo la acusa de faltar a las normas de la constitución y falsear información; y el tercero, de no cumplir con la ley, al no fiscalizar los procesos.

En su análisis, los juristas dijeron que los argumentos expuestos en el documento apuntan a una responsabilidad política y que eso no corresponde con el fin de la acusación constitucional.

Por otro lado, Avilés indicó que el punto que acusa a la ministra de falsear información sólo se puede determinar una vez que ella haga su defensa, porque no hay pruebas anteriores que permitan aseverar lo acusado.

Los abogados además apuntaron a que la mayoría de las acusaciones contra Blanco son de responsabilidad del Estado, que no se le pueden asignar a una persona individual.

"Según lo que hemos escuchado hoy día, pareciera ser que hay uno solo de los tres argumentos que tiene fuerza, que es la infracción a las leyes", expuso el diputado Gonzalo Fuenzalida (RN), miembro de la instancia.

La ministra Blanco asistirá el próximo lunes 29 de agosto a exponer su defensa ante la comisión acompañada por su abogado, Jorge Correa Sutil.