El Consejo de Defensa del Estado (CDE) solicitó la disolución y cancelación de la personalidad jurídica de la "Fundación Los 33 de Atacama" que se creó luego del rescate de los mineros que quedaron en la Mina San José en Copiapó.

La petición se realizó el pasado 26 de julio y se debe a que la institución "no está cumpliendo los fines para los cuales fue constituida", indicó el CDE, al Diario La Segunda.

La acción fue interpuesta por el procurador fiscal de la CDE de Copiapó, Adolfo Rivera, tras la denuncia de "negarse persistentemente a dar cuenta de los dineros recaudados de diversas instituciones que donaron recursos, desconociéndose su destino", queja que el año 2014 presentaron cuatro de los 33 mineros contra Luis Urzúa, quien en el momento del accidente era el supervisor del turno y actualmente encabeza la fundación desde su creación, informó el periódico nacional.

Asombro

En relación a esta situación, Luis Urzúa indicó al vespertino que le tomó por sorpresa la información, que no ha sido notificado al respecto y que se siente tranquilo como presidente de la fundación. "Todo el dinero que se ha donado a la fundación está justificado, declarado y entregado en el balance contable firmado por el contador que teníamos en la fundación", agregó.

Urzúa destacó que la recaudación fue de 6 millones de pesos cuando partió la fundación y que después no hubo ingresos de ninguna empresa, "no he querido hacer más gestiones para recibir donaciones hasta que no se aclare esto".

Además Urzúa indicó que las personas que hicieron la denuncia deben comprobar el desfalco de lo contrario "la demanda irá contra ellos" y también explicó que "el problema es que ellos (mineros) nunca entendieron qué es una fundación sin fines de lucro, ellos pensaron que se trataría de una sociedad donde se repartiría plata entre todos".

El jefe de turno aseguró que entregó todos los documentos que correspondían y que el único error fue no realizar las reuniones de directorio que estaban contempladas en los estatutos, ya que debido al aluvión que afectó a la zona no fue posible y posteriormente de los 33 mineros llegaron sólo 3 y se suspendió por falta de quórum.

Y al ser consultado de qué se hará al respecto, Luis Urzúa comentó que se deben cambiar los estatutos de la fundación, ya que los 33 son directores y no es posible reunirnos a todos en una sesión.

"El problema es que ellos (mineros) nunca entendieron qué es una fundación sin fines de lucro, ellos pensaron que se trataría de una sociedad donde se repartiría plata entre todos".

Luis Urzúa, Minero de "Los 33""

Sebastián Espinoza Gómez

Luego de ser aprobado por la Comisión de Evaluación Ambiental (CEA) y por la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC), para la concesión marítima, se anunció que la desalinizadora financiada por el Gobierno iniciaría sus obras el 2017, para estar en operaciones el 2019. El agua desalada será solo para el consumo humano ya que se habría descartada la venta de parte del recurso procesado a las mineras de la región.

El intendente de Atacama, Miguel Vargas, precisó que "este debe ser el proyecto más estratégico de Atacama, ya que la región cuenta con un tremendo problema, la escasez hídrica. Entre todos y todas estamos dando este paso fundamental y debemos considerar que este proyecto busca asegurar el abastecimiento de agua potable para la población".

La primera autoridad regional destacó que se logró el inicio de la construcción de la planta en Caldera para el 2017 y en el mismo cronograma, trabajado con Aguas Chañar y Ecomsa, empresa que realizará la construcción, se ha contemplado que las operaciones de la planta comiencen en el 2019.

Ibar Espinoza, gerente general de la Corporación para la Competitividad e Innovación de la Región de Atacama (Ccira), agregó que "se nos encomendó, desde el Gobierno Regional, ejecutar el estudio de impacto ambiental. Este concluyó exitosamente después de varios meses de trabajo. Ahora nos sentimos muy satisfechos por el trabajo donde hemos comprometido alrededor de 500 millones de pesos. Este proyecto viene a solucionar la escasez hídrica que está presente en la región. Esta corporación da por cumplida su tarea y nos ponemos a disposición para colaborar en lo que sea necesario".

Uso exclusivo

El gerente general de Aguas Chañar, Enrique Calcagni, explicó que como manejadores de la concesión van a operar la planta que va a construir Ecomsa y distribuir el agua posteriormente en las redes de las ciudades de Copiapó, Tierra Amarilla, Chañaral y Caldera.

"Dado que la inversión está realizada por la empresa Ecomsa y nosotros solamente vamos a operar, el acuerdo que hemos tomado con el Estado de Chile es que donde nosotros no ejecutamos la inversión y no la financiamos, no hay efecto en tarifa por la construcción de la planta", dijo Calcagni.

Sobre la posible alza por los gastos operacionales, el gerente general de Aguas Chañar explicó que eso lo determina la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), ya que actualmente hay gastos eléctricos que al entrar en funcionamiento la planta no se realizarán y no estarán presentes en la tarifa.

Acerca del uso del agua enfatizó que "la planta desaladora es única y exclusivamente para efecto de consumo de la población".

"Donde nosotros no ejecutamos la inversión y no la financiamos, no hay efecto en tarifa por la construcción de la planta".

Enrique Calcagni, Gerente general, Aguas Chañar"

millones es la inversión del proyecto. US$250

lts/seg. será la capacidad de la planta desalinizadora. 1.200

millones se gastaron en los estudios del proyecto. $500

Con el objetivo de reforzar la campaña de prevención de accidentes de tránsito e informar a la ciudadanía sobre sus derechos y deberes como usuarios de buses, un equipo de la seremi de Transportes y Telecomunicaciones se trasladó hasta los terminales de la capital regional, ad portas de un nuevo fin de semana largo.

La seremi del ramo, Ericka Portilla, realizó un fuerte llamado a la ciudadanía al autocuidado y a la prevención. "En los fines de semana largo se producen muchos viajes al interior de la región y también a lo largo de nuestro país, así que por eso llamamos a ser muy prudentes y responsables para evitar cualquier accidente que pueda afectar la vida propia o la vida de los demás".

Portilla informó que a raíz de este fin de semana largo se reforzó la fiscalización en rutas y terminales de buses a nivel regional y nacional. "Nuestro Programa de Fiscalización está realizando controles desde este lunes 08 hasta el próximo lunes 15 de agosto aproximadamente, se van a llevar 120 controles en Atacama, precisamente, para verificar que los vehículos del transporte público de pasajeros - principalmente- cumplan con las condiciones para realizar un viaje seguro".

Los buses interurbanos serán inspeccionados en los terminales para chequear las condiciones mecánicas de las máquinas, que los conductores y vehículos tengan la documentación respectiva, que lo buses cuenten con cinturones de seguridad en buen estado y que no operen servicios de transporte informal en los alrededores de los terminales.

También se incluirán fiscalizaciones para verificar que los dispositivos de control de velocidad y los paneles electrónicos, que registran las horas y la velocidad de conducción, funcionen adecuadamente y sin intervenciones.

Asimismo, la secretaria regional hizo un llamado a los pasajeros a planificar los viajes con anticipación, no usar servicios informales y utilizar siempre el cinturón de seguridad, ya que en caso de ser sorprendido por un inspector arriesga una multa de hasta 1,5 UTM.