Cuando se cumplía un mes desde su ingreso al Congreso, el Gobierno le otorgó ayer "suma urgencia" al proyecto que reforma el sistema de educación superior, que actualmente se encuentra siendo tramitado en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados.

El presidente de la instancia parlamentaria, el diputado Alberto Robles (PRSD), explicó a Emol que la medida se aplicó mediante un acuerdo con el Ejecutivo, con el objetivo de que la comisión pueda sesionar adicionalmente el próximo miércoles, de manera paralela a la sala.

Con la aplicación de la "suma urgencia", la instancia podrá sesionar tres veces por semana -lunes, martes y miércoles-, para así poder sacar adelante la reforma educacional.

El parlamentario explicó al medio mencionado que esto era necesario "para poder avanzar, en forma más rápida y más adecuada, y poder escuchar a todas las organizaciones".

Robles señaló que, para él, lo ideal sería que el proyecto pudiera ser aprobado, "ojalá en enero", con el objetivo de que logre llegar al Senado "a más tardar en marzo".

El proyecto ingresó al Parlamento el pasado 5 de julio y, desde entonces, han concurrido a la Comisión de Educación para explicar los alcances de la iniciativa los ministros de Educación, Adriana Delpiano, y Hacienda, Rodrigo Valdés.

Según publicó ayer La Tercera, los ministros Valdés y Delpiano generaron una instancia junto con parlamentarios y rectores de universidades, con el objetivo de zanjar las diferencias que surgieron respecto al proyecto y poner fin así a las críticas que surgieron tanto dentro del oficialismo como por parte de las autoridades de las instituciones educacionales.

La instancia tuvo su primer encuentro la semana pasada y, según el medio citado, volvería a reunirse el martes. En ella han participado el presidente del Cruch, Aldo Valle, el presidente de los planteles estatales, Ennio Vivaldi, y el representante de las Ues regionales, Patricio Sanhueza .

La Corte Suprema pidió ayer un informe a la Corte de Apelaciones de Temuco, luego de que la jueza de garantía, María Teresa Villagrán, decidiera inhabilitarse de todas las audiencias del caso Luchsinger Mackay, justo cuando la investigación se apronta a su fin, fijado para el 10 de agosto.

El vocero del máximo tribunal, el ministro Milton Juica, informó que la Corte se enteró de la decisión de la jueza a través de la prensa y que, a partir de esa información, decidieron pedir los antecedentes al tribunal de alzada.

Según publicó ayer El Mercurio, la magistrado definió marginarse de las audiencias del caso, luego de que la defensa de los 11 imputados, a cargo de los abogados de la Defensoría Penal, Manuela Royo y Mario Quezada, presentaran una "recusación amistosa", en la que le plantearon directamente que se abstuviera.

Según el medio citado, Villagrán argumentó que "la 'hostilidad o resentimiento' manifestado por los abogados defensores indicados hacia mi persona pueden hacer presumir que no me encuentro revestida de la debida imparcialidad".

El ministro Juica explicó que "sin decidir sobre la cuestión, la Corte Suprema ha pedido informe a la Corte de Apelaciones de Temuco (...) no es que sea primera y única vez que esto ocurre, porque normalmente los jueces, sobre todo los jueces penales, se ven enfrentados a disconformidades de las partes que creen que puede haber algún grado de inhabilidad".

"Por supuesto que lo que a nosotros nos interesa, como jueces, es preservar la independencia de los jueces y que estos actúen con la completa y absoluta imparcialidad; es por eso que existen estas medidas de inhabilidad", agregó el vocero de la Suprema.

"yo estuve ahí"

Jorge Luchsinger Mackay, uno de los hijos del matrimonio que murió el 4 de enero de 2013, relató a Emol que "yo estuve ahí cuando fue la primera audiencia y la acusaban de no tener imparcialidad, de tener un sesgo en sus apreciaciones".

El hijo de las víctimas del atentado incendiario calificó la situación como "muy grave", que afecta a su familia "porque se puede pensar que hay otros jueces que puedan sentirse hostigados y no tengan la fuerza para decirlo públicamente como lo hizo esta jueza".

Carolina Collins

El ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, reconoció ayer que las relaciones entre Chile y Bolivia "están en muy mal pie" y responsabilizó al Gobierno boliviano de esto, por haber emprendido una "campaña confrontacional", dijo.

El canciller abordó, en entrevista con Tele13 Radio, la situación de las relaciones entre ambos países y admitió que "están en su punto más bajo de los últimos 100 años".

"Chile ha estado en disposición de dialogar, el obstáculo entre los pueblos de Chile y Bolivia es el gobierno boliviano, el que ha estado en una campaña confrontacional de ofensas contra las autoridades de nuestro país y nuestro pueblo", sostuvo el ministro Muñoz.

Asimismo, el ministro manifestó su malestar por la polémica visita realizada en julio pasado por el canciller boliviano, David Choquehuanca, a los puertos de Arica y Antofagasta, a quien acusó de intentar "imponer una suerte de inspección en territorio nacional".

Supuesto "espionaje"

Consultado respecto al supuesto "espionaje" por parte de un ciudadano chileno que habría fotografiado las aguas del río Silala y un puesto militar de dicho país, el jefe de la diplomacia nacional señaló que "no tengo mayores comentarios; el Gobierno boliviano ha llamado espías a los periodistas chilenos, quienes estaban haciendo su labor profesional en Bolivia. Qué menos puede esperarse".

Muñoz explicó que el ciudadano chileno expulsado de Bolivia es un profesor de Educación Física que se graduó en la Universidad Católica de Valparaíso y que vive y trabaja en Calama. "No tenemos más información que esa, fue entregado a la PDI", añadió.

Polémica por prohibición

La prohibición de la Intedencia de Antofagasta de realizar actos públicos en la región por el aniversario de la independencia de Bolivia, que se celebra hoy, abrió una nueva polémica con el país vecino.

El Gobierno boliviano calificó ayer de "dictatorial y abusiva" la decisión de las autoridades. En declaraciones a la radio estatal, el ministro de Defensa, Reymi Ferreira, sostuvo que la organización de actos cívicos con motivo del aniversario patrio es algo que "siempre se ha hecho" en todas las embajadas y consulados bolivianos, pero que ahora en Chile "se ha prohibido de una forma dictatorial y abusiva".

El intendente regional, Valentín Volta, dijo a El Mercurio de Calama ayer "que el Estado no autorizará ningún acto público por la animosidad que han tenido las autoridades del país vecino con el territorio chileno".

"Creo que es una nueva agresión, es un contrasentido y no es algo que ocurrió en el pasado. Esto es represalia por la demanda marítima y la reivindicación del Silala que hemos asumido", dijo el ministro boliviano, quien acusó que la medida viola los tratados internacionales referidos a las relaciones diplomáticas y consulares.

El cónsul de Bolivia en Calama, Severo Atahuichi, confirmó que fueron informados de la determinación de no autorizar actos públicos oficiales por la Gobernación Provincial de El Loa.