El clima actual en torno al sistema actual de pensiones en Chile, es visto como una consecuencia del descontento social generalizado. No obstante, es en estos momentos donde se deben generar discusiones enriquecedoras y que se traduzcan en políticas públicas positivas para el bienestar de la sociedad. Es justamente en este aspecto donde hemos evidenciado las mayores debilidades, centrando el diagnóstico en la consigna de que el responsable de que las pensiones sean bajas, es el sistema en sí, más que la implementación actual del mismo.

El sistema hoy carece de dos componentes importantes y que hace algún tiempo parecían no ser relevantes: un correcto y balanceado diseño de incentivos y un pacto social que involucre activamente a todos quienes pertenecemos al sistema.

Hoy la ley establece requisitos de rentabilidad mínima, que genera que las AFP tengan incentivos a lograr una rentabilidad de los fondos de pensiones relativamente similar al resto de las AFP y no necesariamente la mayor posible. Por su parte, existe evidencia empírica de una demanda insensible a lo que pagan los afiliados. Esto hace que los esfuerzos por rentabilizar los Fondos de Pensiones no sean necesariamente los mayores, sin menospreciar la capacidad de los profesionales que manejan las inversiones, quienes siempre consideran referencias de mercado para su diseño.

A su vez, no existe un vínculo observable para los afiliados entre la inversión de sus ahorros y los efectos que generan tales ahorros, sino todo lo contrario: un descontento generalizado por los abusos evidenciados el último tiempo por parte de ciertas empresas a los consumidores. Se necesita generar, por tanto, una relación vinculante entre los afiliados y los proyectos o empresas que financian sus ahorros, y para esto es fundamental ampliar las alternativas de inversión, reguladas, por cierto, hacia proyectos de participación público-privada -como autopistas, casinos, hospitales, etc.- donde la rentabilidad que genere tal inversión, sea en parte para quienes las demandan, con un alto componente social.

Chile inclusivo

La presidenta Michelle Bachelet presentó el proyecto público-privado "Chile Inclusivo" que -liderado por la Universidad Católica- busca medir y evaluar los casi 600 programas sociales desarrollados por el Gobierno, que tienen como objetivo disminuir la pobreza y mejorar la equidad.

El país destina unos US$40 mil millones anuales a programas sociales, sin embargo, existen pocos mecanismos de evaluación, seguimiento del impacto y análisis de cómo son los procesos de implementación y cuál es el real impacto de estos programas.

Históricamente, las políticas públicas han tendido a ser ciegas a las particularidades y diferencias territoriales, sin considerar que dichas diferencias muchas veces otorgan las condiciones de posibilidad para el éxito de una política en los espacios donde realmente se ejecutan. El análisis y la evaluación deben considerar la información desagregada a nivel territorial y evaluar impactos territoriales diferenciados para su éxito también.

Entender, estructurar, aplicar y evaluar las políticas de protección social desde la particularidad de los territorios no solo generará mejores resultados sino que también permite comprender mejor las dinámicas estructurales que explican las desigualdades y las brechas en el país.

Tareas escolares

Sería preocupante que los colegios usaran las tareas para ensayar para pruebas como el SIMCE, cubrir contenidos no abordados, "nivelar" las supuestas falencias que traen los alumnos, o como prueba del compromiso de los padres.

Surgen, entonces, varias preguntas necesarias de responder, como ¿qué actividades fuera del aula se consideran tareas? ¿Hay actividades para la casa que podrían ser importantes, como leer un libro, ver noticias o hacer investigación para un proyecto?

Lo importante es saber detectar qué tipo de tareas aportan al aprendizaje, es decir, cómo construyen nuevas habilidades. También hay que destacar la importancia de que el profesor las evalúe. Sin duda que la retroalimentación es fundamental para el aprendizaje, pero ¿a qué nos referimos esto? Si solo es un tiquet más en el libro de clase, ¿cuál es el aporte? Porque retroalimentar implica utilizar la información recabada de la tarea para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Señor Director:

Tomás Vio, analista financiero

Señor director:

Ignacia Fernández

Señor director: Dentro del marco de la discusión de tareas escolares, la legítima preocupación de los padres parece responder a un concepto de tarea en que los alumnos repiten o reproducen contenidos abordados en clase, lo que genera molestia por el tiempo invertido: hasta dos horas al día, según datos preliminares de una encuesta piloto que realizamos con el movimiento "La Tarea: Es sin Tareas".

Annjeanette Martin, María Paz Gómez y Marianela Navarro, Centro de Investigación en Educación U. de los Andes