La Presidenta Michelle Bachelet encabezó ayer el lanzamiento de la Pauta Unificada de Detección de Riesgo, un convenio entre cinco instituciones públicas que permitirá mejorar la coordinación ante casos de violencia intrafamiliar en contra de las mujeres y establecer un protocolo de protección para las víctimas.

El programa, que incluirá la participación del Ministerio Público, Carabineros, la PDI, y los ministerios del Interior y de la Mujer, consiste en la elaboración de un cuestionario cuyo propósito es obtener de parte de la afectada información sobre los factores de riesgo asociados a la situación de violencia que ha denunciado.

El resultado de ese documento permitirá calificar si está en una situación de riesgo vital alto, medio o bajo, movilizando de este modo un protocolo de protección inmediata, con una serie de medidas y acciones indicadas de acuerdo a cada nivel.

La idea es fijar criterios y estrategias comunes entre todas las instituciones, aprovechando la instancia de la denuncia y evitar así la burocracia y la repetición de procesos en cada una de esas instituciones.

Según la Mandataria, "a través de este protocolo se va a simplificar y acelerar la protección institucional a las mujeres víctimas de violencia. No es tolerable la violencia que se ejerce contra las mujeres. Sabemos que no hay recetas mágicas, por eso estamos convencidos de que el trabajo consistente va a ser el camino al éxito".

"El rol de las instituciones públicas es clave en esta lucha. Desde el Gobierno se promueven políticas contra la violencia de género, pero es esencial la coordinación con el ministerio Público, Carabineros y la PDI, para proteger eficazmente a las mujeres en nuestro país", añadió.

En ese contexto, la Jefa de Estado recalcó que "cuando una mujer sufre violencia, amenazas o está en riesgo, no hay tiempo que perder. Actuar con rapidez significa muchas veces proteger una vida. Por eso es muy importante lo que se busca, que es simplificar diagnósticos, acelerar trámites, eliminar burocracia y hacer expeditos los procesos".

"En la actualidad, una mujer que ha sido víctima y presenta una denuncia en la policía, los tribunales o la Fiscalía, pasa por cuestionarios de evaluación distintos y se genera repetición de funciones y se pierde tiempo valioso para adoptar medidas que pueden hacer la diferencia entre la vida o la muerte", argumentó la Presidenta.

La nueva directora del Sename, Solange Huerta, aseguró ayer que la cifra de menores fallecidos al interior de centros del Servicio no tiene relación con el número que dio a conocer el martes pasado el diputado René Saffirio (Ind.), quien denunció que contabilizó 292 decesos más que los 185 informados por el Ministerio de Justicia.

"Nuestro sistema no estaba pensado para sacar estadísticas", sostuvo Huerta, y argumentó que hay casos del listado en los que los menores tienen más de un proceso. Por lo tanto, "se va a sumar como si fueran tres niños muertos cuando, en realidad, se trata de uno", dijo, tras reunirse con la representante de la Unicef en Chile, Hai Kyung Jun.

De esta manera, la titular del organismo justificó la diferencia de datos entregados por el Gobierno y los que fueron difundidos por el parlamentario -que comprenden el periodo entre 2005 a 2016-, afirmando que muchos de los decesos afectaron a menores "que tenían una patología de base o una enfermedad terminal" y que fallecieron recibiendo la atención adecuada.

"Nuestra intención es transparentar todo lo que tenemos, porque la crítica que está detrás de eso es que nosotros intentaríamos ocultar información", dijo Huerta, mencionando que "también hemos sido autocríticos en el tema de qué tipo de información tenemos la capacidad de entregar".

Huerta también instó a que la discusión por estos hechos "se haga con altura de miras, porque lo importante, tal como lo ha señalado la Unicef, es la infancia".

"Lo importante es cómo nos empezamos a preocupar, de verdad, por la infancia en Chile, cómo avanzamos y cómo mejoramos", insistió la autoridad. Y recalcó: "Este no es solo el desafío del Sename, es un desafío de país, de políticas públicas, donde se ponga a los niños como el centro de la preocupación". "Ningún niño del Sename puede morir por negligencia o por una acción dolosa", puntualizó Huerta.