La denominada Ley Corta Antidelincuencia ha generado controversia a nivel nacional no solo por la entrada en vigencia del polémico control de identidad. Y es que la nueva normativa también entrega nuevas facultades a los inspectores municipales, quienes hoy podrían denunciar a Carabineros a las personas que no faciliten su cédula de identidad o cualquier otro documento solicitado, en el marco de sus respectivas fiscalizaciones. Lo anterior podría gatillar, por parte de Carabineros, en una detención al infractor, un control de identidad y una sanción de hasta cuatro Unidades Tributarias Mensuales (UTM), $170.900.

El pasado 5 de julio entró en vigencia esta ley que busca reforzar la seguridad pública a lo largo del país.

La normativa, entre otros aspectos, dio el vamos a la puesta en marcha al control de identidad, medida que Carabineros aplica solicitando el carnet de identidad a sospechosos de cometer un eventual ilícito. Ello implica que la persona, si se niega a colaborar en el procedimiento, puede ser llevada a una unidad policial donde podrá mantenerse, sin ser detenida, hasta un máximo de ocho horas. Mientras que, de no lograr acreditar su identidad, deberá ser liberada.

En este contexto, Cristian Tapia, presidente de la Asociación Regional de Municipios y edil de Vallenar, rechazó la medida ya que los funcionarios municipales "ni siquiera están capacitados para ejercer este trabajo".

Ello, sumado a que la nueva legislación "le da las atribuciones a los municipios, sin siquiera haberlo consultado con nosotros, los alcaldes", según expresó.

"no se van a atrever"

La autoridad criticó duramente la iniciativa debido a lo "complejo" que hoy significaría desarrollar las fiscalizaciones, "inclusive el comercio ambulante o a distintas entidades que, por ley, lo tenemos que hacer. Y ahora nos agregan una carga más. Yo, sinceramente, creo que los funcionarios municipales del país no están preparados para ejercer este nuevo mandato que se les está entregando", enfatizó Cristian Tapia.

La misión de los inspectores municipales consiste en examinar los estacionamientos en el centro de la comuna, fiscalizar la correcta aplicación de la normativa que rige al comercio establecido y ambulante, así como el cumplimiento de la ley de alcoholes en botillerías y locales nocturnos.

Sin embargo, el alcalde señaló que "ni siquiera fuimos consultados ni tuvimos derecho a participar en este proyecto de ley. Es muy distinto que fiscalice carabineros, a que fiscalice un inspector municipal. Hasta hoy es complicado para los inspectores salir a fiscalizar, muchas veces son agredidos verbalmente, y hasta en ocasiones, no digo de Vallenar, pero en otras partes han sido agredidos físicamente (…) Siendo bien franco, los inspectores nuestros no se van a atrever a pedir carnet de identidad".

Y es que, según explicó Tapia, "en caso de, tiene la facultad (el inspector) de pedir el carnet de identidad, pero sabemos que la cultura de nuestro país no está diseñada como para que en estos momentos se haga ese trabajo por parte de los inspectores municipales. ¿Qué pasa si un inspector llama a Carabineros, y la persona a la que le quiere tomar su cédula de identidad es un delincuente?... Por eso no estoy de acuerdo con esta medida".

En este sentido, para Tapia la normativa debió fortalecer y dar atribuciones a Carabineros y PDI, "y tal vez haber formado, a través de las gobernaciones, alguna policía civil que pueda reformar estas dos que son uniformadas".

"falta penal"

Respecto a las nuevas imposiciones que emana la Ley Corta Antidelincuencia, Antonio Frey, subsecretario de Prevención del Delito, sostuvo que "aquel ciudadano que no entregue la documentación necesaria para que un inspector haga su trabajo, pues bien, tendrá una falta penal y puede ser detenido. Eso les da un espaldarazo a los inspectores municipales para trabajar y ayudar a la policía a aumentar el ejército de fiscalizadores y transformar esto en un trabajo que a los mismos locatarios, las mismas personas que están teniendo un negocio, les beneficie".

Frey agregó que "hoy los fiscalizadores municipales se integran al trabajo de fiscalización y de seguridad pública (...) que a través de la Ley Antidelincuencia aprobó una norma: es falta penal cuando yo no entrego la documentación requerida por el fiscalizador para llevar su trabajo a cabo. Es una falta penal que origina una detención, un control de detención y luego una sanción pecuniaria que llega hasta 4 UTM".

Luego de la situación registrada durante una ceremonia simbólica realizada por Bienes Nacionales, donde el intendente de Atacama, Miguel Vargas, saludó públicamente a la candidata a alcaldesa por Caldera, Brunilda González, en calidad de excolaboradora del gobierno, el diputado de la UDI Felipe Ward anunció que denunciará este "acto de proselitismo político" ante la Contraloría General de la República.

Según explicó Ward, "acá el intendente Miguel Vargas favoreció a una persona, se nombró y agradeció a esta candidata ligada al oficialismo en una actividad pública, y eso no se puede hacer".

El parlamentario detalló que existe un instructivo elaborado por la Contraloría General de la República que se señala: "los cargos públicos que sirven funcionarios, autoridades y jefaturas, deben desempeñarse con la más estricta imparcialidad, otorgando a todas las personas de manera regular y continua las prestaciones que la ley impone al respectivo servicio, sin discriminaciones".

"Es por ello que llevaremos estos hechos ante la Contraloría, pues estamos ante un evidente acto de proselitismo político por parte del intendente con recursos estatales, y eso es grave", finalizó Felipe Ward.

Manifestantes de la agrupación Frente Chango, de Caldera, y parte de la comunidad de ese puerto, impidieron la realización de una reunión ciudadana organizada por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y la empresa Luz de Atacama, compañía que está a cargo del proyecto que contempla instalar una termoeléctrica en esa ciudad.

Según la información entregada sobre la situación, la consultora a cargo decidió dejar sin efecto la jornada que estaba pactada al interior del campus de la Universidad de Atacama, emplazado en el puerto, debido a los gritos que habrían impedido desarrollar la actividad por las condiciones acústicas del momento.

Hasta el lugar llegaron adultos mayores y jóvenes del puerto de Caldera que se manifestaron -con pancartas y lienzos- en contra de la iniciativa impulsada por Luz de Atacama que pretende generar energía en esa zona a base de carbón.