El presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, Eduardo Cunha, suspendido de sus funciones por sospechas de corrupción, renunció ayer a ese cargo pero no al escaño, que aún así puede perder en un proceso abierto por ese órgano legislativo.

"Solamente mi renuncia puede ayudar a estabilizar la Cámara", presidida en forma interina por el legislador Walter Maranhao, quien no cuenta con el apoyo de los diputados, declaró Cunha en una rueda de prensa, con la voz quebrada y al borde de las lágrimas.

En diciembre pasado, aún ejerciendo como presidente de la Cámara Baja, Cunha aceptó a trámite las acusaciones que llevaron a un juicio político a la Presidenta brasileña, Dilma Rousseff, quien fue suspendida de sus funciones el pasado 12 de mayo y desde entonces es sustituida por su entonces Vicepresidente, Michel Temer.

Cunha hizo alusión a ese asunto y aseguró que, desde que puso en marcha el trámite que llevó a instaurar el juicio contra Rousseff, ha sufrido una "persecución" que, incluso, afirmó que fue la causa que llevó a la Corte Suprema a suspenderlo del ejercicio de su cargo mientras lo juzga por supuesta corrupción.

"Tengo la conciencia tranquila", pues "contribuí a que el país esté mejor y a librarlo de un Gobierno criminal", que "hundió en el caos a la sociedad brasileña", declaró en alusión a la gestión de Rousseff.

"Libramos a Brasil de un Gobierno que cometió crímenes de responsabilidad y que era inoperante. Todo eso me enorgullece", apuntó.

Cunha subrayó su "confianza" en la justicia brasileña, reiteró que demostrará su inocencia y que no tuvo participación alguna en las corruptelas detectadas en la estatal Petrobras, que configura la base de las acusaciones en su contra.

La renuncia de Cunha a la presidencia de la Cámara Baja obligará a convocar nuevas elecciones para ese cargo, que desde su suspensión está en manos del diputado Maranhao, quien es rechazado por la gran mayoría de los parlamentarios.

Mabel González / Agencias

La justicia ordenó ayer congelar las cuentas bancarias de la ex Presidenta argentina Cristina Fernández en el marco de una causa en la que está procesada por supuesta administración fraudulenta.

El juez federal Claudio Bonadio dispuso la medida luego de que Fernández (2007-2015) se rehusó a satisfacer un embargo de 15 millones de pesos argentinos (poco menos de un millón de dólares) que le había impuesto el miércoles el magistrado a raíz de su imputación formal en la investigación sobre operaciones con dólar a futuro del Banco Central realizadas al fin de su mandato en diciembre.

"La nombrada registra productos bancarios, financieros y valores en distintos bancos del país, procédase a inmovilizar los mismos. Para ello deberá oficiarse a los siguientes bancos en los que la nombrada se encuentra como titular y/o cotitular de los mismos", dijo Bonadio en un fallo difundido por el Centro de Información Judicial. A continuación el magistrado nombró cinco entidades financieras a las que conminó a obedecer la orden judicial.

"Asimismo se procederá oficiar al señor presidente del Banco Central de la República Argentina con el objeto de que se cumpla con dicha medida en caso de poseer la nombrada productos en otros bancos del sistema financiero del país", agregó.

Bonadio considera a la ex Mandataria partícipe de una maniobra por la cual el Banco Central ofreció dólares a un precio mucho más bajo que el valor de mercado para entregar el 31 de marzo bajo un nuevo Gobierno. Según el juez, esto le causó al Estado una pérdida de unos 77 mil millones de pesos argentinos (unos US$ 5.273 millones).

El miércoles Bonadío había dispuesto la inhibición general de los bienes muebles e inmuebles de Fernández, lo que supone la imposibilidad de venderlos o hipotecarlos hasta cubrir la suma de 15 millones de pesos, con el mismo argumento de que la ex Presidenta se rehusó a satisfacer el embargo.

El delito que Bonadio le imputa a Fernández contempla penas de cinco a 20 años de prisión.

Fernández ha negado ser responsable de maniobras irregulares con el dólar a futuro y sostiene que Bonadio es un "oscuro personaje" que cuenta con el respaldo del Gobierno del Presidente Mauricio Macri en sus intentos de enviarla a prisión, lo que ha sido negado por funcionarios.

El miércoles, después de acudir a su juzgado para notificarse oficialmente del procesamiento dictado en su contra un mes atrás, Fernández presentó ante un fiscal una denuncia contra Bonadio y la diputada Margarita Stolbizer por supuesta connivencia para actuar judicialmente en su contra en el marco de otra investigación en la que la ex gobernante está acusada de poseer sumas millonarias de origen supuestamente ilícito en cajas de seguridad.

Dos mujeres, la ministra de Interior, Theresa May, y la secretaria de Estado de Energía, Andrea Leadsom, fueron designadas ayer por el grupo parlamentario del Partido Conservador británico como las únicas candidatas para ser la próxima líder de la formación y primera ministra del Reino Unido.

May obtuvo 199 de los 329 votos de los diputados y parte como favorita en un proceso de elección en el que ahora participarán por correo los 150 mil afiliados al partido -cuyo resultado se conocerá el 9 de septiembre-, mientras que Leadsom sumó 84 apoyos.

Ambas competirán por heredar el puesto de Jefe de Gobierno que dejará vacante David Cameron cuando haga efectiva su dimisión, que anunció poco después de conocer la victoria del "brexit" en el referéndum del 23 de junio.

Cualquiera que sea la ganadora del proceso, el Reino Unido contará con una primera ministra por segunda vez en su historia, después de Margaret Thatcher, que lideró el Ejecutivo entre 1979 y 1990.

En la segunda ronda de votaciones para elegir al sucesor de Cameron quedó fuera ayer el ministro de Justicia, Michael Gove, al recibir solo 46 votos, mientras que el ex ministro de Defensa Liam Fox y el titular de Trabajo y Pensiones, Stephen Crabb, quedaron descalificados el martes.

La aspirante que llegue a ocupar el número 10 de Downing Street, residencia oficial del primer ministro británico, será la encargada de establecer la hoja de ruta de Londres para las negociaciones con Bruselas para cumplir con la voluntad del 51,9% de los votantes británicos que optaron por salir de la UE.