El presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Alberto Salas, informó ayer que el gremio empresarial solicitó una reunión con el ministro del Interior, Mario Fernández, para abordar la reforma laboral tras el fallo del Tribunal Constitucional (TC), especialmente el tema de la titularidad sindical.

Luego de encabezar el comité ejecutivo de la CPC, Salas aseguró que "no hay una definición" del Ejecutivo en esta materia y que si bien "los tiempos políticos los maneja el Gobierno, este es un tema complejo que hay que resolver a la brevedad".

Expectativas

Sobre el plazo de 72 horas autoimpuesto por el jefe de gabinete para estudiar la resolución del TC, el dirigente empresarial enfatizó que "entendemos que él (Fernández) asumió recién y en consecuencia nos parece razonable que quiera estudiar este tema y esto lo vamos a conversar. Nosotros esperamos que el Gobierno con este estudio pueda definir bien cuál es su proposición respecto a la reforma laboral".

El presidente de la CPC reconoció, además, que "a nosotros nos llamó la atención que se quisiera reponer a través de una reforma constitucional interpretativa este punto específico" y al respecto agregó que "no nos olvidemos que estamos dentro de un proceso de reforma constitucional global".

El representante empresarial dijo que entre este viernes y el próximo lunes sostendrán una reunión con el recién asumido jefe de gabinete, quien reemplazó a Jorge Burgos.

"Vamos a esperar a juntarnos con el ministro para tener los mejores antecedentes de cuál es la posición del Gobierno a este respecto", sostuvo.

Sobre el motivo de la reunión, detalló que "queremos presentarnos y señalar todos los temas que nosotros estamos trabajando con el Gobierno en su calidad de jefe del gabinete".

La Cámara de Diputados rechazó ayer el artículo 64 del proyecto de ley que fija las normas para la defensa de libre competencia, que había sido modificado en el Senado, por lo que ahora la iniciativa deberá ser zanjada en comisión mixta.

Si bien el proyecto en general fue aprobado por amplia mayoría, el polémico artículo fue rechazado por 39 votos a favor, 67 en contra y 1 abstención. La falta de respaldo tuvo que ver con que las investigaciones en casos de colusión solo se podrán iniciar por querella formulada por la Fiscalía Nacional Económica (FNE).

Este punto causó rechazo del fiscal nacional, Jorge Abbott, quien durante la discusión enfatizó que la acción penal debería estar a cargo del Ministerio Público. "Nos parece que si se requiere que el delito de colusión sea sancionado y que va a ser castigado con penas que llegan hasta los diez años, es importante que el ejercicio de la acción penal le corresponda al órgano constitucional encargado de hacer investigación y persecución penal, o sea, el Ministerio Público", expresó.

El texto será analizado ahora por una comisión mixta, que por parte de la Cámara integrarán los diputados Jaime Bellolio (UDI), Fuad Chahín (DC), José Manuel Edwards (RN), Maya Fernández (PS) y Daniel Farcas (PPD).

El ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, remarcó que el texto ha sido aprobado casi en su totalidad y que la iniciativa "aumenta las multas de manera drástica". Asimismo recalcó que como Ejecutivo están disponibles para responder las inquietudes sobre el artículo en cuestión.

"La fórmula que ha presentado el Ejecutivo es la correcta", dijo el secretario de Estado sobre la discusión de las atribuciones de la FNE.

El diputado PPD Daniel Farcas indicó que en su partido apoyaron la resolución de ir a comisión mixta porque consideraban que la norma sobre la FNE dejaba "una acción privativa" para esta entidad, ya que consideran que "no siempre" contribuyen con el Poder Judicial.

La iniciativa castiga en forma más severa las prácticas desleales de competencia en los mercados, en particular la colusión; define un nuevo régimen de control de operaciones de concentración o fusiones; la protección de los derechos de los consumidores; establece una nueva facultad de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) para estudiar la evolución competitiva de los mercados, y fija sanciones para quienes entorpezcan las investigaciones de la FNE.

Respecto de la criminalización de la colusión, el Senado mantuvo los principios aprobados por la Cámara de Diputados de cárcel efectiva de a lo menos un año para autores del delito de colusión, inhabilidades para desempeñar cargos públicos y protección de la delación compensada, por considerarla indispensable para desbaratar una eventual colusión.

39 votos en contra recibió en la Cámara de Diputados el artículo 64 del proyecto de ley anticolusión.

1 año de cárcel efectiva es el piso establecido en el proyecto para autores del delito de colusión.