La Comisión Especial del Senado de Brasil que actúa en el juicio político contra la Presidenta suspendida Dilma Rousseff aceleró ayer los plazos previstos, y la votación final que decidirá si la condena o la absuelve podría producirse a mediados de julio.

El grupo de trabajo redujo en unos 20 días el plazo de tramitación del proceso contra la Mandataria que había establecido el relator del caso, senador Antonio Anastasia. La defensa de Rousseff apelará la decisión ante la Corte Suprema.

La semana pasada, Anastasia presentó un cronograma en que la votación final estaba prevista para el 20 de agosto. El plazo contemplaba 15 días para los alegatos finales de la acusación y otros 15 para los de la defensa.

No obstante, la senadora Simone Tebet, correligionaria del Presidente en ejercicio, Michel Temer, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), presentó una acción en la que alegó que el Código del Proceso Penal establece solo cinco días de plazo para cada una de las partes.

El presidente de la Comisión Especial, senador Raimundo Lira, también del PMDB, acogió el recurso presentado por Tebet.

No obstante, el abogado de Rousseff, el ex ministro de Justicia José Eduardo Cardozo, rebatió el recurso y dijo que la comisión debe manejar los mismos plazos de 15 días para cada parte que se usaron en 1992 durante el proceso contra el ex Presidente Fernando Collor de Mello.

El Senado abrió un juicio en su contra el 12 de mayo. En la votación final debe decidir si la absuelve o la condena y, en consecuencia, si la destituye.

La suave declaración aprobada el miércoles sobre Venezuela en la Organización de Estados Americanos (OEA) abre dudas sobre el futuro de otra iniciativa, mucho menos conciliadora, para aplicarle la Carta Democrática, un instrumento muy sensible que puede llevar a la suspensión del país del ente.

Según EFE, la larga sesión del miércoles en la OEA tiene varias lecturas que van más allá de la aprobación de un breve texto de cuatro puntos. La declaración apoya el diálogo nacional como solución "a su situación" (no habla en ningún momento de crisis) y respalda la iniciativa en marcha de la Unasur y tres ex presidentes para promoverlo.

Fuentes diplomáticas dijeron que Venezuela no quería inicialmente que la OEA hiciera ningún pronunciamiento sobre la situación de su país pero tuvo que avenirse a aceptar la declaración que más de 20 naciones, bajo el liderazgo argentino, gestaron durante la última semana.

La iniciativa de Argentina, que ostenta la presidencia rotatoria del Consejo Permanente del organismo, buscaba ofrecer una vía de actuación de los propios Estados alternativa al pedido del secretario general, Luis Almagro, para aplicar la Carta Democrática.

"Alguien lo dijo por ahí y creo que no se repite lo suficiente, los Estados somos los dueños del organismo", afirmó el presidente del consejo, el embajador argentino Juan José Arcuri, en un mensaje que refleja el sentir de un buen número de países, que en público o en privado se quejan de que Almagro está actuando por su cuenta y pasando por encima de ellos, sobre todo en la crisis venezolana.

El notorio malestar de la misión de Argentina con Almagro, unido al texto de consenso, abre dudas sobre el futuro de la Carta Democrática. Almagro reaccionó ayer con dos mensajes en Twitter para "saludar" que la OEA aborde la "crisis venezolana" por primera vez desde 2014 y para urgir a que se convoque la sesión sobre la Carta Democrática que pidió entre el 10 y 20 de junio.

EFE

Los candidatos presidenciales Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski concluían ayer una campaña marcada por el cruce de acusaciones y la falta de propuestas de cara a los comicios del domingo en Perú, que se plantean como un duelo entre el fujimorismo y el antifujimorismo.

Tras ganar la primera vuelta de la elecciones del 10 de abril con casi un 40% de los votos, la hija del encarcelado ex Presidente Alberto Fujimori, es la favorita para alzarse con el triunfo en los comicios del domingo, según las encuestas divulgadas hasta el fin de semana pasado.

Pero Kuczynski, ex ministro de Economía en el Gobierno de Alejandro Toledo, confía en capitalizar todo el antifujimorismo, que no olvida las violaciones a los derechos humanos y la corrupción cometidas durante el Gobierno de Alberto Fujimori, y recortar la ventaja de Keiko.

Kuczynski, de 77 años, también conocido como PPK y que ayer cerraba su campaña en Arequipa, el único departamento en el que logró una mayoría de votos en la primera vuelta, ha hecho un llamado a los peruanos de diferente convicción política a votar por él y cerrar así el paso al retorno de la "dictadura, la corrupción y la mentira".

También alertó del peligro de que Perú se convierta en un "narco-Estado" si gana su rival tras las denuncias que vinculan al ex secretario general del fujimorismo Joaquín Ramírez con una investigación por lavado de activos del Departamento Estadounidense Antidrogas (DEA).

PPK también señaló que de 11 congresistas fujimoristas electos investigados por lavado, cinco lo son por presuntas conexiones con el narcotráfico.

En opinión del director de Vox Populi, Luis Benavente, estas denuncias, así como la multitudinaria marcha celebrada el martes pasado en contra de la candidatura de Keiko, de 41 años, y el apoyo que ha obtenido PPK de la ex candidata presidencial del izquierdista Frente Amplio, Verónika Mendoza, son una "olla a presión que juegan" en contra de Fujimori.

Benavente dijo que "Keiko sigue siendo la favorita pero PPK renació como candidato después del debate del domingo y tiene todavía posibilidades" de aumentar su voto con los indecisos, que según los últimos sondeos se elevan a entre 10% y 15%.

En contra de PPK han jugado las críticas por su viaje de una semana a EE.UU. en plena campaña para la segunda vuelta así como los enfrentamientos en su partido, que le han dado una imagen de "falta de liderazgo", según Benavente.

Keiko Fujimori, que ha prometido mano dura para luchar contra la delincuencia, una de las principales preocupaciones de los peruanos, acusó ayer a su rival de no tener la mano firme para luchar contra ese flagelo.

Cerca de 23 millones de peruanos están convocados este domingo a elegir al sucesor del Presidente Ollanta Humala.