Pero no solo eso, además, deja en evidencia la falta de claridad de la gente en cuanto a la gravedad de emitir o recibir licencias médicas fraudulentas. Esto en parte se atribuye a que los chilenos perciben esta acción sólo como una falta y no como lo que es: un delito, que conlleva por ley penas privativas de libertad que van desde los 541 días a los tres años de cárcel, y multas por más de 2 millones y medio de pesos.

A pesar de ser una práctica poco visible, el mal uso de este instrumento afecta negativamente tanto a empleadores como empleados y puede derivar a la emisión de una mayor cantidad de licencias de trabajadores que sí presentan deterioro en su salud y deben por derecho recuperarla.

A cuatro años de la promulgación de la ley 20.585 sobre otorgamiento y uso de licencias médicas, se evidencia el desconocimiento que existe aún entre los chilenos del poder de este instrumento y de las facultades legítimas que tienen para denunciar malas prácticas ligadas a éste. El mal uso de las licencias médicas es considerado un delito, lo cual implica multas y penas tanto para el paciente como para el médico quien las emite o vende.

Como anillo al dedo

Burocracia, algo que agilizar

Para que haya progreso, necesitamos crecimiento económico. El crecimiento no será posible mientras mayores atribuciones tenga el Estado sobre la persona y mientras esas atribuciones, sean trabas al derecho a desarrollar cualquier actividad económica. No esperemos que el país crezca si don Luis no sólo no puede trabajar libremente, sino también, se le esclaviza mediante una burocracia estatal que impide que emprenda si no ha realizado los trámites que el Estado ha impuesto. La situación puede ser aún peor, llegando a ser multado y de no pagar dicha multa, encarcelado.

Adultos mayores

Es urgente que tanto el Gobierno como los legisladores, y la sociedad civil en su conjunto, se pronuncien en esta línea. El negativo efecto de la falta de políticas públicas consistentes sobre la incorporación de las personas mayores al mercado laboral es algo inminente. Sin embargo, dado que dichos efectos aún no son lo suficientemente evidentes ni profundos, hemos postergado definiciones que podrían, en un futuro cercano, tener graves consecuencias para el país en términos de crecimiento, desarrollo y productividad.

A partir de la encuesta CERC- Mori dada a conocer recientemente, en la que se afirma que un 84% de los chilenos no confía en sus compatriotas y que el 56% de los encuestados sabe de alguien que ha utilizado una licencia médica para no ir a trabajar, creemos que son cifras alarmantes que dejan en evidencia la crisis de credibilidad que está afectando a nuestra sociedad.

Rodrigo Varela

Señor director: El director nacional del Registro Civil afirmó que, "el Acuerdo de Unión Civil (AUC) se ha convertido en una alternativa al matrimonio".

Es muy cierto. De hecho, la lógica indica que a la larga lo reemplazará, o casi. Ofrece un alero protector similar al del matrimonio pero es muchísimo más fácil y barato de anular que lo que conlleva divorciarse. A fines de 2015 entró en vigencia el AUC, coincidentemente las bodas disminuyeron y las cifras indican que las parejas heterosexuales arrasan con el 73% de los AUC firmados en el país.

Entonces, si en 2015, por cada pareja que contrajo matrimonio, otras dos estaban iniciando sus procesos de divorcio y el 80% de éstos tuvieron como causa basal las infidelidades y violencia intrafamiliar, el AUC le viene como anillo al dedo a los chilenos.

Ricardo Viteri Prado, director de separadoschile.cl

Sr. Director: Toda institución formada por personas, carece de perfección. Hoy los organismos estatales suponen una gran cantidad de mecanismos que entorpecen el emprendimiento. Basta con escuchar en la calle a don Luis, vendedor ambulante que, con mucho esfuerzo, se levanta todas las mañanas a ofrecer sus productos con el constante miedo de ser multado. Casos así, son innumerables. Los trámites constituyen verdaderos obstáculos al ejercicio de la actividad económica. "Que papel aquí, que papel allá". Poco y nada hace la clase política para mejorar lo anterior, es más, sus políticas públicas están más cerca de empeorar la situación, que de arreglarla.

Criss Delgado

Sr. Director: La incorporación de las personas mayores al mercado del trabajo es una discusión que lleva poco tiempo en nuestro país. Por lo mismo, no hay una política pública que en específico y de forma articulada se haga cargo de la gran cantidad de personas mayores de 60 años que hoy quieren trabajar y no pueden, o lo hacen en actividades menores e informales, pues no hay suficientes opciones de calidad para ellos.

Octavio Vergara, director ejecutivo Fundación Oportunidad Mayor