La Fiscalía Metropolitana Centro Norte citó a declarar al ex comandante en jefe del Ejército Juan Miguel Fuente-Alba, como parte de la investigación en su contra por presuntas irregularidades en el aumento de su patrimonio, que bordea los $ 3 mil millones.

Según informó ayer el portal The Clinic, el abogado del uniformado, Alejandro Espinoza, ya tomó contacto con el fiscal a cargo del caso, José Morales, para programar el día y hora de la diligencia.

En la instancia, el militar podrá acogerse a su derecho a guardar silencio o bien prestar declaración respecto de una serie de propiedades adquiridas desde 2005 con fondos poco claros.

El Ministerio Público abrió una investigación por oficio contra el ex comandante en diciembre de 2014 y desde entonces se encuentra realizando una serie de diligencias para establecer si existen o no antecedentes de actos que podrían ser constitutivos de delitos.

En la misma línea, el fiscal Morales ofició al ministro de Defensa, José Antonio Gómez, solicitando información respecto de Fuente-Alba.

Esta tiene relación con el uso de gastos reservados durante el periodo en que fue comandante en jefe del Ejército, entre los años 2010 y 2014, y sobre su rol en la inversión y el manejo de los recursos de la Ley Reservada del Cobre, a los cuales tenía acceso como ex comandante en jefe del Ejército.

El ministro Gómez se reunió ayer por más de dos horas con los comandantes en jefe de las tres ramas de las Fuerzas Armadas. En la oportunidad se abordaron las pesquisas iniciadas por el caso fraude con dineros de la Ley Reservada del Cobre y la investigación contra Fuente-Alba.

El secretario de Estado reconoció que estos casos judiciales "preocupan" a su cartera, pues implican "un impacto fuerte para el sector Defensa y las instituciones".

Mabel González

El Servicio de Impuestos Internos (SII) presentó ayer tres nuevas querellas por delitos tributarios como parte de los casos Penta y SQM, donde se indagan presuntas irregularidades en campañas políticas.

Dos de los libelos, interpuestos ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, están relacionados con la causa que involucra a la compañía minera y van dirigidos, entre otros, a Jorge, Sebastián y Benjamín Pizarro Cristi, hijos del senador y ex presidente de la DC, Jorge Pizarro. La acción se relaciona con las supuestas asesorías verbales que habría ofrecido a SQM la empresa Ventus Consulting, de la que los tres querellados son socios. La firma recibió $ 45 millones entre 2011 y 2012 por este presunto servicio.

El ente fiscalizador también se querelló por delitos tributarios contra Patricio Contesse, Patricio de Solminihac y Ricardo Ramos, en su calidad de representantes legales de Soquimich, además de Francisca Wiegold y Ana Carolina Palacios. Asimismo, el libelo está dirigido contra Marisol Cavieres, secretaria histórica de la UDI, y Carmen Luz Valdivielso, ex asesora de Pablo Longueira.

Caso penta

Una tercera querella, también por delitos tributarios, está vinculada con el caso Penta, y en ella aparece el ex candidato presidencial y senatorial de la UDI Laurence Golborne, a quien la Fiscalía ha relacionado con el financiamiento irregular de su campaña por medio de boletas y facturas ideológicamente falsas facilitadas por el empresario Tomás Carrasco, quien ya fue formalizado por esta causa.

Con estos nuevos libelos, el Ministerio Público queda habilitado para formalizar tanto a los hijos de Pizarro como a Golborne. El fiscal del caso SQM, Pablo Gómez, ha insistido en la necesidad de querellas para poder imputar delitos tributarios.

Contra Golborne ya hay una audiencia de formalización fijada para el 29 de junio por el caso Penta.

A través de una declaración pública, Ventus lamentó la querella presentada contra los hermanos Pizarro Cristi, pues aseguró que "responde a presiones políticas y mediáticas, luego de meses de enjuiciamiento público, de atropello a la presunción de inocencia y de falsas imputaciones a sus socios".

El senador Pizarro, quien en abril renunció a la presidencia de la DC debido a los cuestionamientos que recibió por la situación de sus hijos, aseguró que estos seguirán colaborando con la justicia para "dejar acreditada la falsedad de las imputaciones que se les han hecho y establecer claramente su inocencia".

La actual timonel del partido falangista, Carolina Goic, reaccionó a la acción del SII manifestando que "las instituciones tienen que hacer su trabajo" más allá de quién sea investigado.

El arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati, hizo un llamado a la comunidad católica a participar en el proceso constituyente convocado por el Gobierno, invitación que también extendió al pueblo mapuche.

"Para creyentes y no creyentes ningún espacio de participación puede ser ajeno (...) Por eso invitamos a todos y todas a sentirse protagonistas, aportando desde sus valores y experticias propias a la construcción de un país que, valorando y rescatando lo mejor de su historia, sus valores y su ser, se unan en la búsqueda de proyectar un mejor país", manifestó el cardenal en una entrevista publicada en la revista "Encuentro".

Al ser consultado sobre si en la iniciativa que busca elaborar una nueva Carta Magna también debiesen considerarse las comunidades mapuche, la autoridad religiosa respondió que "sin duda, ya que este sector de la población es "parte viva de la nación". "Ello pasa por su protagonismo, por acoger y dar cursos a sus legítimos anhelos acariciados desde siglos", agregó.

Ezzati dijo que "a todos los constructores de la sociedad nos urge buscar caminos que permitan trabajar juntos por una nueva Araucanía, en paz, y transitando por los senderos del reconocimiento y de una urgente justicia para todos".

El presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch, acudió ayer a una sesión parlamentaria en la sede de la Cámara de Diputados en Santiago, con el fin de explicar las masivas libertades condicionales a reos otorgadas por el Poder Judicial.

De esta forma, el magistrado aceptó la invitación que le había hecho la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja para tratar de manera extraordinaria estas decisiones, que superan los 2.200 casos y que han sido criticadas por algunos sectores políticos e incluso personeros de Gobierno, como la ministra de Justicia, Javiera Blanco.

"El pleno de la Corte Suprema estuvo reunido toda la mañana (de ayer para discutir) este tema y ha obtenido una decisión que se traduce en una declaración pública, en cuyo punto final respaldan la posición que yo vengo a conversar al título que a mí me parezca con los parlamentarios", indicó el titular del máximo tribunal tras la reunión, que estuvo encabezada por el presidente de la instancia parlamentaria, Daniel Farcas (PPD).

Luego que se instalara la polémica, Dolmestch defendió el actuar de los jueces que han tomado estas determinaciones, asegurando que "han cumplido con su deber".

En la declaración a la que aludía el presidente de la Suprema, el pleno del tribunal aseguró que "la libertad condicional es un derecho reconocido por la ley a las personas condenadas y no un mero beneficio".

El tribunal agregó en el documento que "la libertad condicional es un modo de cumplir la condena, pero en libertad".

Dolmestch explicó que decidió aceptar la invitación de la comisión porque "este es un problema que tendríamos que aclarar, en primer lugar en lo institucional".

La máxima autoridad del Poder Judicial se había excusado de participar en una primera sesión realizada el miércoles en Valparaíso, argumentando que no procede que se pronuncie respecto a las decisiones de las Cortes de Apelaciones de todo el país que concedieron estos beneficios carcelarios.