Mauricio Mondaca

El abogado Antonio Garafulic, representante de la nuera de la Presidenta Bachelet, Natalia Compagnon, en el caso Caval, informó ayer de un quiebre total entre la esposa de Sebastián Dávalos y el Palacio de La Moneda.

Según publicó ayer La Segunda, Compagnon decidió dar un giro en la estrategia de su defensa en este caso y contratar a los abogados que representaron al albacea de Pinochet, Óscar Aitken, Rodrigo Henríquez y Gabriel Salazar.

"Las relaciones familiares de Natalia se encuentran en muy buenos términos, pero deben ser canalizadas en esos términos, en familia, no con La Moneda, porque asesores y personeros han tratado de interferir en la tramitación de esta causa", afirmó Garafulic a ese medio.

El abogado explicó que la llegada de los nuevos abogados a la defensa de Natalia Compagnon en este caso significa "una renovación de la estrategia y diseño jurídico de ahora en adelante. Implica la separación completa de Natalia Compagnon con el segundo piso y todo lo de La Moneda".

Diseño comunicacional

El cambio de representantes legales, añadió el abogado, implica un cambio en la estrategia comunicacional, la que a partir de ahora será "más agresiva".

"Terminó el tiempo del silencio y tenemos que actuar para demostrar su completa inocencia", aseguró.

La nuera de la Presidenta Michelle Bachelet fue formalizada por presuntos delitos tributarios vinculados a declaraciones de impuestos maliciosamente falsas por parte de la empresa Caval y cumple con las cautelares de arraigo y firma mensual.

Garafulic detalló que los tres abogados verán "que todas las personas que han hablado contra ella respondan por sus imputaciones. Esto significa que vamos a ejercer acciones legales en contra de cada una de ellas".

Estrategia anterior

De acuerdo al profesional, "los abogados Felipe Polanco e Isidro Solís tenían un diseño de contención. Mi llegada (hace un par de meses) causó molestia en ese equipo, pero lo que importa es que desde ahora la estrategia es separar las aguas y plantear una defensa más jurídica, netamente en tribunales y reaccionar a todas las aristas en que Natalia ha estado en silencio".

De acuerdo a La Segunda, la querella del Servicio de Impuestos Internos (SII) habría sido interpretada en los círculos cercanos de Compagnon como que La Moneda la dejó caer, estrategia que habría sido impulsada por la jefa de gabinete de Michelle Bachelet, Ana Lya Uriarte, y el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy. Sin embargo, Garafulic no quiso confirmar nombres. "No lo voy a referir, pero todo el mundo lo sabe".

El senador de Renovación Nacional Manuel José Ossandón dijo ayer que la ofensiva de un grupo de diputados de la UDI de enviar un oficio al SII para conocer detalles de los servicios prestados por la empresa Asetec, ligada a RN, por presunto financiamiento irregular, fue "una pataleta" de José Antonio Kast.

El presidente de la UDI, Hernán Larraín, frenó el martes el avance de este oficio, movimiento que para Ossandón resulta "incomprensible".

"No lo miro como algo institucional ni de la UDI, es una pataleta del diputado José Antonio Kast con un par de amigos en que pretenden igualar situaciones que son esencialmente distintas", dijo el parlamentario al comparar la situación de algunos representantes del gremialismo involucrados en casos como Penta y SQM.

Para Ossandón, "el gran problema que hemos tenido con Chile Vamos, y por eso que no capitalizamos, es porque hemos tenido medias tintas sobre estos temas". A su juicio, el conglomerado afirma que "quiere ser opción de Gobierno" pero no ha sido capaz de "sacar la paja del trigo y decir 'esto es correcto y esto no es correcto', 'esto es delito y esto no es delito'".

Los diputados José Antonio Kast, Osvaldo Urrutia, Celso Morales, Jorge Ulloa e Iván Norambuena, entre otros, enviaron sin consulta a la mesa de Hernán Larraín un oficio de fiscalización al SII. En el documento, pedían datos sobre las sociedades ligadas a partidos cuyos servicios han rectificados por diversas empresas debido al presunto financiamiento irregular de la política.

Aunque se incluyó al Centro de Democracia y Comunidad (CDC), ligado a la DC, el oficio apuntaba a Asesorías Técnicas S.A. (Asetec), vinculada a RN y que fue rectificada ante el SII por Copec.

El presidente de la UDI, senador Hernán Larraín, desactivó el conflicto y dijo públicamente que "me parece un error, y por eso he pedido que esto se deje sin efecto. Creo que le debemos disculpas a RN, porque esta no es la manera de tener relaciones entre socios".

El Tribunal Constitucional analizará el próximo 14 de abril, en una sesión que comenzará a las 10.30 horas, si admite a trámite el requerimiento de un grupo de senadores de Chile Vamos que busca impugnar cuatro puntos del proyecto de reforma laboral, el que fue despachado el miércoles por el Congreso.

Los parlamentarios opositores recurrieron al TC por la titularidad sindical, la extensión de beneficios, la negociación interempresa y el derecho a la información para la negociación colectiva.

De acuerdo al procedimiento, tras el requerimiento presentado por los parlamentarios el Tribunal Constitucional envió un oficio a la Presidenta Michelle Bachelet para solicitar que se abstenga de promulgar estos puntos del proyecto.

Con este trámite, el TC cumplió con el primer paso de las varias etapas que contempla el procedimiento, y que de acuerdo a las estimaciones del Ejecutivo podría concluir con la sentencia definitiva el miércoles 4 o el lunes 9 de mayo.

Si el pleno del tribunal de 11 jueces declara inadmisible el documento, la resolución no será susceptible de recurso y el Gobierno podría promulgar el proyecto.

En el caso de que el panel encabezado por Carlos Carmona opte por la admisibilidad, la resolución deberá ponerse en conocimiento de los participantes del proceso, quienes tendrán cinco días para hacer llegar al TC las observaciones y antecedentes que estimen necesarios.

Antes de los alegatos, que se podrían verificar el viernes 22 y el miércoles 27 de abril, el Gobierno espera que se cite a una audiencia pública.

El senador Hernán Larraín (UDI) y vocero de Chile Vamos dijo el jueves que el proyecto "representa graves perjuicios para un número importante de trabajadores no afiliados a sindicatos (...) por el solo propósito del Gobierno de congraciarse con la CUT. No contradice solamente nuestra Constitución, sino también normas de la OIT".