Alejandro Núñez

U na bonificación de 200 mil pesos para los funcionarios públicos que ganen menos de $700 mil brutos, es el proyecto de ley que presentó el Gobierno para solucionar el paro del gremio en Atacama según informó el intendente Miguel Vargas. La medida fue rotundamente rechazada por los trabajadores que la catalogaron como una "burla" y anunciaron que el movimiento se radicalizará.

El proyecto consiste en una asignación de 200 mil pesos que se pagará en una sola cuota en el mes subsiguiente a la publicación de la ley en el Diario Oficial, a los funcionarios que se encuentren en algún servicio a la fecha de su pago. Estos fondos serán imponibles, tributables y no servirá de base de cálculo de ninguna remuneración.

Estos dineros se pagarán a aquellos trabajadores que perciban un sueldo bruto igual o menor de 700 mil pesos con una jornada de 44 o más horas semanales. Las personas deben tener contrato vigente al 1 de enero del 2015. Esta ley, que es solo para el 2016, será financiada con reasignación de recursos provenientes del presupuesto de inversión del Gobierno Regional de Atacama.

En cuanto al rol que tendrían los funcionarios en la creación de la ley, Vargas sentenció que "nunca con los dirigentes de la mesa se habló de negociación y siempre se ha dicho de conversaciones para encontrar vías de solución del conflicto".

La autoridad agregó que "esperamos que la movilización se deponga, eso se lo hemos manifestado a los dirigentes y obviamente es una decisión que tendrán que tomar en sus procesos de discusión".

El seremi de Gobierno de Atacama, Jorge Hidalgo, destacó que "estamos dando un nuevo paso para continuar avanzando en la construcción de un Nuevo Trato para Atacama, siendo responsables con el uso de los recursos fiscales, teniendo a la vista el escenario económico nacional y regional. Ésta bonificación para los funcionarios públicos se viene a sumar a los avances que hemos tenido en áreas tan relevantes como salud donde, por ejemplo, se inaugurará la segunda etapa del Hospital Regional, o la incorporación de energías limpias y el cuidado de nuestros recursos hídricos, donde destaca el proyecto de planta desalinizadora, que asegurará el consumo de agua potable en gran parte de la región".

Trabajadores

Por su parte los dirigentes de la Mesa del Sector Público de Atacama tomaron con bastante molestia el proyecto presentado por el Gobierno del que además fueron informados primero a través de los medios de comunicaciones y más tarde en forma directa.

Ante un paro regional que hoy cumple 39 días, los dirigentes esperaban continuar con las conversaciones, sin embargo la noticia cambió el panorama gremial. Sobre esta situación el vocero de la Mesa del Sector Público Atacama, Manuel Mendoza comentó que "nos parece una falta de respeto absoluta. Además que si el Gobierno quiere instalar un diálogo con nosotros no puede ser a través de la prensa".

El dirigente subrayó que "rechazamos absolutamente este proyecto. El universo de funcionarios beneficiados durante el 2015 sobrepasa largamente a los que hoy en día va a alcanzar con un corte de 700 mil pesos y con un bono de tipo de término de conflicto que es lo más humillante".

Desde la Mesa del Sector Público informaron que ayer salieron 10 buses con trabajadores de distintos puntos de la región con dirección a Santiago, para manifestarse hoy nuevamente en el frontis del Palacio de La Moneda. Además anunciaron que el próximo martes, cuando comience la legislación de este polémico proyecto, asistirán al Congreso en Valparaíso.

En tanto el presidente Provincial de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Javier Castillo especificó que el Bono Atacama entregado el 2015 fue de 80 mil pesos mensuales y que ahora el Gobierno propone uno de 16 mil pesos mensuales.

Castillo ofuscado enfatizó que "vamos a exigirle a este Gobierno que retire ese proyecto y si no lo hace que se prepare porque este movimiento tiene fuerza, está vivo, convencido y si hay que quemar Atacama quemaremos Atacama".

El dirigente anunció que el movimiento comenzará a organizar la "resistencia, porque evidentemente estamos siendo atacados injustamente y estamos enfrentando a todo el poder del Estado".

Apoyo

Durante la jornada también llegaron dirigentes nacionales para dar apoyo a los trabajadores locales. El presidente Nacional de Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), Raúl de la Puente indicó que "esto es una provocación unilateral que genera indignación a los funcionarios porque en forma inconsulta se envía un proyecto de ley al Congreso sin hacer la negociación con los trabajadores y eso no sé de qué reforma laboral manifiesta su respaldo para con los funcionarios".

En cuanto a la posibilidad de una movilización nacional, De la Puente explicó que "nosotros como ANEF estamos dispuestos a trabajar por un paro nacional la próxima semana, pero esto lo vamos hacer en forma unitaria con el conjunto de la Mesa del Sector Público que son 14 organizaciones".

Quien también llegó a Copiapó fue la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa quien puntualizó que "nadie les puede achacar a los trabajadores la responsabilidad de intransigencia porque el Gobierno quebró cualquier posibilidad de diálogo (...) Ellos quieren forzar a que sea el parlamento el que se tenga que pronunciar, es decir el Gobierno se escondió en las faldas de los parlamentarios para sacarse la responsabilidad de lo que tenían que establecer en una mesa de negociación".

La timonel exigió "el retiro inmediato del proyecto de ley" y si no hay disposición solicitó que los parlamentarios participen en una mesa regional para forzar un pronunciamiento del Gobierno. Además comunicó que también iniciará las gestiones para desarrollar un paro nacional en ayuda de los trabajadores de la zona.

"Vamos a exigirle a este Gobierno que retire ese proyecto y si no lo hace que se prepare porque este movimiento tiene fuerza, está vivo, convencido y si hay que quemar Atacama quemaremos Atacama"

Javier Castillo, Presidente Provincial CUT

Parlamentarios tacharon como "insuficiente" la propuesta

La decisión del Gobierno de llevar el conflicto de los funcionarios públicos de Atacama al Congreso no solamente causó molestia en los trabajadores, sino también diversas reacciones de los parlamentarios de la región.

La senadora (PS) Isabel Allende valoró el avance que significa el envío del proyecto de Ley del Ejecutivo, aunque señaló que "reconocemos el avance, pues además contamos con el compromiso del Gobierno de rehacer un estudio que nos permita conocer el real costo de vida de la región. Sin embargo, la idea de entregar este beneficio económico por única vez nos parece insuficiente, sobre todo el monto que se pretende entregar, particularmente considerando que los recursos saldrán del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR). Tal como se lo planteamos al Gobierno, por ello es necesario seguir dialogando sobre este punto".

En tanto el senador (RN) Baldo Prokurica criticó que "el Gobierno ha tenido un muy mal manejo en esta materia, no ha dado señales clara de una solución y además no ha cumplido con ninguno de los puntos de un protocolo que fue firmado por todas las autoridades de este mismo Gobierno".

El senador recordó que el bono del 2015 tuvo un costo de 8 mil millones de pesos y que la nueva propuesta no supera los 800 millones de pesos.

Diputados

El diputado (PC) Lautaro Carmona indicó que "el Gobierno a mi juicio cometió el error, sabiendo que todos los parlamentarios estábamos en voluntad de contribuir, no consultó, yo asumo que tampoco consultó a otros parlamentarios, lo que es un segundo error".

Carmona agregó que "me parece que es un número claramente insuficiente tanto en el monto como en la cobertura de las personas beneficiadas".

La diputada (PS) Daniella Cicardini declaró que "por un lado no se puede desconocer que esto es un avance, considerando que hasta hace unos días no teníamos nada sobre la mesa". La parlamentaria lamentó "la falta de sociabilización de la propuesta del ejecutivo", previo a su ingreso al parlamento.

"Me sorprende que este tema no se haya discutido mayormente con todos los involucrados en este tema. Creemos que tanto los trabajadores que son los protagonistas de este proceso, como los parlamentarios que hemos sido garantes, deberíamos haber sido al menos consultados antes respecto al contenido del proyecto", dijo Cicardini.

El diputado (PRSD) Alberto Robles sentenció que el Gobierno se equivocó al no presentarle a los trabajadores primero este proyecto de ley y "que hay personas en el Gobierno que no tienen respeto por los trabajadores".

Con respecto a la forma en los parlamentarios recibieron la noticia del proyecto, Robles señaló que "tampoco hemos sido informados del objeto de esta propuesta legal y somos los parlamentarios los que debemos votar. Creo que el ejecutivo debe recapitular su actuar y llegar a un acuerdo con los trabajadores de Atacama, porque si ellos no aceptan este proyecto de Ley, ¡yo tampoco lo haré!".

Finalmente la diputada (DC) Yasna Provoste describió que "este proyecto de ley llega sin diálogo con los trabajadores y sin diálogo previo con los parlamentarios de la región, a quienes el mismo Gobierno el año 2014 nos pidió ser garantes de ese acuerdo".

Provoste, precisó que "realmente lamento en que esta noticia sea conocida en el parlamento el mismo día en el que es conocida la encuesta de aprobación del Gobierno. Esto debe ser una llamada de atención en que no se están haciendo las cosas correctamente y que el diálogo debe ser la base fundante de nuestro Gobierno, en el caso de la región, situación que conocemos de cerca, ha fallado esa comunicación".

39 días de movilizaciones se cumplen hoy en la región de Atacama. Los funcionarios comenzaron el paro el 1 de marzo del 2016.

80 mil pesos mensuales era el Bono Atacama otorgado durante el 2015. Esto se generó por las movilizaciones del 2014.

16 mil pesos mensuales recibirían ahora los funcionarios públicos con el proyecto de ley que presentó el Gobierno.