Sin plazos establecidos se encuentra la investigación penal que busca esclarecer la responsabilidad de las personas que, sin ser damnificadas tras los aluviones del año pasado, habrían recibido el Bono Enseres, beneficio estatal que el Gobierno dispuso para la cientos de familias que perdieron sus hogares y pertenencias en medio del torrente de barro.

Según informó el fiscal que lleva la causa, Alexis Rogat, la complejidad de la investigación y la gran cantidad de personas que se encontrarían involucradas en los hechos denunciados por la Intendencia, han propiciado que la pesquisa judicial -que busca establecer si se configuró el delito de obtención fraudulenta de prestaciones improcedentes del Estado- esté sujeta a plazos "más extensos que los habituales".

Lo anterior, ya que el Ministerio del Interior habría dispuesto más de 12 mil 600 millones de pesos para el pago de beneficios sociales de emergencia, como el Bono Enseres y Vestuario, Acogida y Arriendo, los que fueron cancelados a través del Ministerio de Desarrollo Social.

En total se habrían entregado 13.577 beneficios de este tipo, donde más de 11 mil 800 millones de pesos correspondieron solamente al Bono Enseres.

Diligencias

El persecutor a cargo del caso sostuvo que hasta el momento los antecedentes que la Fiscalía ha logrado analizar son "aún escasos". No obstante, se estaría trabajando "ante un probable delito de obtención fraudulenta de prestaciones improcedentes del Estado". Hechos que deberán ser confirmados o descartados luego de ser recepcionados los resultados de las diligencias ordenadas a la Bridec (Brigada de Delitos Económicos de la PDI, a cargo de reunir la información solicitada por el Ministerio Público).

Rogat sostuvo que actualmente la investigación se encontraría "desformalizada", por lo que no existiría un plazo que haya sido fijado para terminar de resolver la causa. "Con excepción de aquel establecido en la Ley para la prescripción de la acción penal, es decir, aquel indicado en el Código Penal para que el Ministerio Público pueda perseguir criminalmente a los autores del delito", comentó.

El fiscal agregó que, debido "a lo complejo de la investigación, a la cantidad de diligencias necesarias para establecer la existencia del delito y a la gran cantidad de personas involucradas en los hechos denunciados por la Intendencia, nos encontramos ante una indagación sujeta a plazos más extensos que los habituales".

Respecto a la fecha en que se habría dado a conocer la situación irregular, desde el Gobierno Regional se indicó que "aquí no hubo notificación, se detectaron las irregularidades y como Gobierno se determinó interponer estas denuncias por fraude al Fisco. Las primeras fueron hechas en noviembre de 2015 en la Fiscalía de Copiapó".

En cuanto a nuevos inconvenientes que se hayan registrado -en el último tiempo- respecto a la entrega de otros beneficios sociales financiados por el Estado, el intendente de Atacama, Miguel Vargas, comentó que "si detectamos alguna irregularidad vamos a poner todos los antecedentes en conocimiento de quien corresponda. Lo hemos dicho tajantemente, no es aceptable que existan personas que hayan lucrado con una situación tan lamentable como la que tuvieron que vivir cientos de personas de nuestra región".

Casos reportados

En noviembre de 2015 se presentaron tres denuncias que incluían 52 casos (50 por entregar información falsa para obtener el Bonos Enseres y dos casos relativos a personas que se habrían hecho pasar como afectados para quedarse en un hotel).

Días más tarde, en diciembre, se presentó en Copiapó otra denuncia que incluyó 15 casos del mismo tipo, mientras que el 29 de enero de este año se presentaron dos denuncias más en la capital regional con siete casos (seis por información falsa para optar al Bono Enseres y una por arriendo). En total, a la fecha figuran seis denuncias con 74 casos por este concepto en Copiapó.

En tanto, una denuncia con 33 casos fue presentada en la Fiscalía de Chañaral, una en las dependencias del Ministerio Público de Diego de Almagro por 17 casos, y 13 situaciones de esta índole fueron denunciadas en Diego de Almagro, según consta en el último reporte actualizado por el Gobierno Regional.

124 casos han sido denunciados en la región por "falsos damnificados", personas que recibieron el Bono Enseres sin haber sido afectadas tras el 25/M.

74 casos han sido denunciados entre las comunas de Copiapó y Tierra Amarilla a la fecha. En la primera ciudad son 61 casos y en la segunda 13.

33 casos se han presentado ante la Fiscalía de Chañaral respecto a la misma situación judicial.

17casos se han declarado ante el Ministerio Público en la comuna de Diego de Almagro.