Alejandro Núñez

Se cumplen 24 días del paro de los funcionarios públicos en la región de Atacama y las movilizaciones generaron cambios en la agenda de actividades por el aniversario de la catástrofe del 25 de marzo. Ministros de Estado bajaron sus visitas a la zona para evitar posibles "funas" de los trabajadores.

Quien realizó su cuenta pública nacional, en medio de gritos de los manifestantes en el pueblo de San Pedro en Copiapó, fue el ministro de Agricultura, Carlos Furche. Sobre estos hechos, la autoridad indicó que "en democracia la movilización es una forma de expresarse. Yo lo único que señalo es que debe hacerse con respeto a los demás y con las propias causas que los moviliza. Espero que con el diálogo puedan solucionar los problemas".

Avances

La cita que tuvo una hora de retraso fue seguida por los más de mil funcionarios que esperaban en las afueras de la intendencia regional. Durante la tarde los trabajadores realizaron cánticos alusivos a la causa y quemaron muñecos con la figura de autoridades regionales y nacionales. Todo esto fue resguardo por un fuerte contingente policial.

Luego de más de dos horas de diálogo los dirigentes salieron para informar que no había un acuerdo y que el paro continúa. El presidente Provincial de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Javier Castillo explicó que "hoy día la visión del Gobierno es resolver este conflicto por vía de beneficios sectoriales con una cobertura definida y nuestra visión es que todo tipo de beneficio se cuantifique, se logre aumentar y sea de reparto universal".

Castillo agregó que "nosotros pensamos que se está avanzando en conversación, no en acuerdos, pero sí se vislumbra un camino para poder zanjar soluciones. Acá el paro continúa hasta que no haya una solución definitiva de cobertura universal. Por lo menos esto nos da una satisfacción de que este esfuerzo de seguir conversando está marcando un camino".

Cabe recordar que en la primera reunión de diálogo, el Gobierno había informado que se hará un nuevo estudio de la Canasta Familiar de la zona y se propuso entregar beneficios a funcionarios públicos que perciben sueldo inferior a 500 mil pesos, situación que fue rechazada por la Mesa del Sector Público.

Los trabajadores que esperaban a las afuera de Intendencia mostraron su malestar al enterarse que no había una solución y en medio gritos pidieron que las movilizaciones se trasladaran a Santiago, específicamente al Palacio de La Moneda.

Autoridad

Por su parte, el intendente de Atacama Miguel Vargas afirmó que "yo tengo la misma impresión que han dado los dirigentes. Yo creo que se ha avanzado y eso es muy importante en un proceso de diálogo como ellos también lo han definido. Indudablemente en esta etapa se van clarificando las posturas y eso es muy necesario para llegar a buenos acuerdos. El ánimo es seguir conversando".

La autoridad destacó que espera que la próxima reunión se realice "lo antes posible". Vargas puntualizó que "nuestra propuesta se traduce en beneficios para quienes menos ganan y hemos recibido una contra propuesta de los trabajadores que la vamos analizar en detalles y una vez que lo hagamos vamos a avisar a ellos cuál es nuestra mirada".

En cuanto a los cortes de carretera de los manifestantes, la máxima autoridad regional enfatizó que "creo que esa no es la fórmula. Lo hemos explicitado porque cada vez que alguien se toma una vía pública eso es motivo de intervención de la fuerza pública. No es posible que por la defensa de un derecho, que yo encuentro legítimo, afecte el derechos de los otros".

Hoy se espera que el Gobierno Regional indique la fecha de la nueva reunión de negociación que ponga fin a los más de 20 días de movilizaciones. Los dirigentes desean que la reunión se genere lo antes posible.

"Nosotros pensamos que se está avanzando en conversación, no en acuerdos, pero sí se vislumbra un camino para poder zanjar soluciones"

Javier Castillo, Pdte Provincial CUT

"Yo creo que se ha avanzado y eso es muy importante en un proceso de diálogo como ellos también lo han definido".

Miguel Vargas, Intendente de Atacama

8 mil millones de

pesos es el costo aproximado del Bono Atacama para el Gobierno.

El titular de Agricultura, Carlos Furche, rindió su Cuenta Pública Participativa 2015 en la localidad de San Pedro en Copiapó, donde se refirió al trabajo ministerial realizado en torno a las emergencias y catástrofes que azotaron a varias regiones del país y en especial a Atacama, afectada por un aluvión hace un año.

El diálogo entre la autoridad y representantes del sector agropecuario se inició con una mención especial a la gestión de las políticas públicas realizada por los servicios del agro para recuperar la capacidad productiva de la zona. "El crecimiento de la agricultura en 2015 fue de 5,6%, generó nuevos empleos, exportaciones por US$15 mil millones. Es el segundo sector de mayores envíos, detrás de la minería. Y estoy seguro de que la confianza mutua entre agricultores y autoridades fue clave para recuperar en 6 meses la producción e infraestructura que se perdió por los aluviones", destacó la autoridad.

Respecto al desarrollo de la cuenta pública en la región, el intendente Miguel Vargas comentó que "gracias al trabajo mancomunado fuimos capaces de recuperar la pequeña agricultura y el Ministro lo destacó. Hemos trabajado con los agricultores y juntas de vigilancia, por cierto, con organizaciones para salir adelante. Son 4.000 millones de pesos que se van a complementar con los esfuerzos que realiza la Comisión Nacional de Riego para seguir siendo más eficientes en la utilización del recurso hídrico. Tenemos que seguir trabajando y ratificamos desde ya, nuestro compromiso con este sector".

Durante su intervención en una escuela rural de la localidad de San Pedro, el Ministro Furche también revisó las metas propuestas por su cartera y los 12 servicios que la componen, especialmente los relacionados con el apoyo a la pequeña agricultura, el Plan Hídrico para combatir la sequía y el fortalecimiento de la gestión del riesgo agroclimático.

En ese sentido, explicó que un resultado particularmente destacado de la política de este Gobierno es el incremento en el presupuesto disponible para incentivar la inversión en riego en el país, aumentando el número de proyectos y obras de riego financiados.